Por Mónica
Cerbón y Jennifer González.
El
gobierno de Aguascalientes encabezado por el priista Carlos Lozano adquirió
terrenos de tres comunidades para donarlos a la armadora de automóviles Nissan,
entre otros incentivos a la inversión. Sin embargo, la trasnacional vendió esas
tierras en 2015, transacción que gestionó un hombre de confianza de Lozano y
que sólo fue legal por las modificaciones a la ley que impulsó el entonces
gobernador.
En agosto de
2015 Nissan Mexicana vendió en 17 millones de dólares los terrenos que el
gobierno de Aguascalientes le donó entre 2011 y 2014 para instalar su segunda
planta. Una serie de reformas legales impulsadas por el entonces gobernador
priista Carlos Lozano permitieron que personas cercanas a él y la trasnacional
recibieran millonarios recursos públicos; a cambio, Nissan prometió generar
empleos, pero en los últimos años éstos disminuyeron y sus condiciones son
cuestionables.
Fue Armando
Ávila Moreno, vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana, quien en
octubre de 2011 le expuso al gobierno estatal la intención de invertir 2 mil
millones de dólares en una nueva planta. A cambio exigió condiciones
preferenciales: que se le donaran aproximadamente 500 hectáreas de terreno y se
desarrollara infraestructura suficiente para dar viabilidad a su inversión.
El
gobierno aceptó. Entre 2011 y 2014 adquirió, a través del Fideicomiso de
Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado (FIADE),
523.9 hectáreas de los ejidos Peñuelas, Montoro y Cotorina por un monto
superior a 814 millones de pesos y posteriormente donó 437.84 hectáreas a
Nissan Mexicana. El acuerdo del Comité Técnico en el que se aprobó la compra y
donación de las tierras, igual que todas las actas de sesión de ese organismo,
está clasificado como información reservada.
Con el
argumento de que se generarían 3 mil empleos directos, en 2012 el Congreso
local autorizó a Lozano para contratar deuda pública hasta por mil 55 millones
de pesos. Además de los terrenos, que ya habían comenzado a adquirirse, con la
deuda se otorgarían otros incentivos a Nissan y se construiría infraestructura
urbana para su nueva planta.
REFORMAS A
LA MEDIDA.
En 2012 Carlos
Lozano envió una iniciativa de reforma al artículo 14 de la Ley Patrimonial que
le permitiría donar bienes públicos sin solicitar la aprobación del Poder
Legislativo –lo que implicaba negociar con otras fuerzas políticas– ni detallar
las condiciones u objetivo específico de las donaciones.
Además
del perredista Gilberto Carlos Ornelas, que votó en contra, siete priistas
encabezados por el diputado Gabriel Arellano dejaron el recinto para abstenerse
de votar.
Así narra
Arellano el episodio cuando se le pregunta si existió presión del Ejecutivo
estatal: “Sí la hubo. Recuerdo muy bien a uno de los diputados que estaba ahí y
le habló el jefe de gabinete (Javier Aguilera); lo puso en altavoz: ‘Son
indicaciones precisas, no sé qué estás haciendo allá adentro, cabrón. Sales y
votas como yo te lo mando’.” Sin embargo,
la reforma se aprobó por mayoría con ayuda de la bancada del PAN. A partir
de entonces los fideicomisos estatales pueden donar inmuebles y bienes públicos
sin transparentar las condiciones de la operación.
Gracias a
eso Nissan Mexicana pudo vender en 17 millones de dólares los terrenos donados.
En junio de 2015 la armadora japonesa y su socia alemana, Daimler AG,
anunciaron la apertura de una fábrica de automóviles de lujo y constituyeron la
empresa Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes (Compas), que el 25 de
agosto de 2015 pagó a Nissan Mexicana 17.3 millones de dólares (293.6 millones
de pesos al tipo de cambio de la época) por 109.65 hectáreas del mencionado
terreno.
Fragmento
del texto publicado en la edición 2258 de la revista Proceso, actualmente en
circulación.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.