Por Efrén
Flores.
Durante
los últimos tres años, a la par que las quejas y sanciones en contra de
funcionarios públicos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
(TSJCDMX) fueron al alza, hubo casos emblemáticos de impartición de justicia
–como los de Sergio Aguayo Quezada, Edgar Elías Azar y Abril Cecilia Pérez
Sagaón– que causaron duda en el escrutinio público, acerca de la autonomía de los
jueces y magistrados capitalinos.
Las
quejas administrativas y las sanciones –como proporción del número de
expedientes ingresados en los juzgados– aumentaron nueve y 44 por ciento entre
2016 y 2019, de acuerdo con cifras por cuatrimestre del TSJCDMX.
En ese
mismo periodo hubo registro de al menos un magistrado, 13 jueces, 105
secretarios y 51 funcionarios públicos más que fueron castigados por faltas
administrativas o por la comisión de algún ilícito.
La causa
más común de sanción en los últimos nueve años fue el incumplimiento de Ley. La
información pública disponible refiere que el 64 por ciento de las multas y
castigos en contra de servidores públicos fue ocasionado por dicha razón. El
resto de las sanciones fue causado por omisiones administrativas o en
declaraciones patrimoniales (32 por ciento), así como por errores o
irregularidades administrativas (cuatro por ciento).
Entre 2011 y
2019, el tipo de sanción más común (48 por ciento de los casos) fue la
amonestación escrita, pública o privada. A ella siguieron el apercibimiento
público o privado (25 por ciento), multas (17 por ciento), inhabilitación
temporal (ocho por ciento) y
suspensiones definitivas y temporales (dos por ciento).
Tan solo el
año pasado, las cifras preliminares indican que hubo sanciones
disciplinarias para cinco jueces, 37 secretarios y 15 funcionarios más.
De los
jueces sancionados, cuatro –Benjamín Armando Avilés Plazola, Edgar Agustín
Rodríguez Beiza, María del Rocío Martínez Urbina y Oscar Nava López– recibieron
una amonestación por incumplir la ley vigente, y uno más –Julia Ortiz Leandro–
recibió una advertencia o apercibimiento por una omisión administrativa o
patrimonial.
Pese a
las quejas y testimonios que acusan la existencia de redes de corrupción,
nepotismo y tráfico de influencias en el máximo tribunal capitalino, el
presidente del TSJCDMX Rafael Guerra Álvarez aseguró en mayo de 2019 que no hay
jueces, magistrados u operadores corruptos en la dependencia pública y que de
haberlos, está garantizado que el problema “sí se va a atacar”.
Hay dos
elementos básicos, que no se excluyen entre sí, para entender la prevalecía de
algunos vicios al interior del Tribunal Superior capitalino, dijeron a
SinEmbargo fuentes al interior de la dependencia local.
Por un
lado, existen problemas sistemáticos —corrupción, nepotismo, tráfico de
influencias, entre otros— que dependen de una “red de magistrados, jueces y
consejeros con pleno acuerdo para delinquir o doblar las reglas”; y por otra
parte, hay una “estructura gerontocrática” —sobre todo en las magistraturas—
que lo permite al impedir la rotación de talentos nuevos y así, “la renovación
constante del Tribunal”.
A estos
dos elementos se suma uno de carácter administrativo-funcional, ya que según
las fuentes consultadas, también existen disfunciones en el Consejo de la
Judicatura capitalina.
Acerca
del Consejo, las fuentes indicaron que a pesar de que el órgano “inquisitivo”
con “características de juez y parte e investigador” –porque el presidente del
Tribunal es el presidente del Consejo– es “bueno desde el punto de vista
administrativo ya que en lo jurisdiccional no intervine”, su capacidad de
reacción ante presuntos casos de corrupción y parcialidad judiciales es
“limitada”.
Este
punto de vista fue confirmado por el abogado del columnista y académico del
Colegio de México Sergio Aguayo Quezada, quien desde 2016 batalla con una
demanda por 10 millones de pesos del ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira
Valdés, por un supuesto daño moral en su contra, a raíz de una publicación de
Aguayo en los diarios Reforma y El Siglo de Torreón.
De acuerdo
con Aguayo y su defensa legal, la demanda en proceso es “absurda” porque
implicó la injerencia de un juez –Francisco José Huber Olea Contró– en
conflicto de interés, un político priista –Moreira– que goza de protección en
la Ciudad de México y una serie de contradicciones legales que permiten el
hostigamiento en contra de la prensa crítica o independiente.
En
entrevista con este medio digital, el abogado Héctor Beristain Souza explicó
que en la capital del país la impartición de justicia puede ser como un volado,
ya que en su experiencia profesional le han tocado buenos y malos juzgadores.
HECTOR-BERISTAIN.
Para el
defensor de Aguayo, “es como un poquito de extremos: o te tocan muy buenos
[juzgadores], o de plano muy malos o con decisiones dictadas al margen de la
ley”. Al respecto, añadió que en la Ciudad de México hace falta un Consejo de
la Judicatura “realmente independiente, que tome decisiones fuertes, porque tal
parece que se mueve el Consejo de la Judicatura solamente cuando hay presión
política, o cuando hay línea”.
Beristain
también refirió que a pesar de no haber pruebas contundentes, “el resultado de
las quejas que se presentan constantemente no hacen nada [contra] jueces y
magistrados involucrados en temas de corrupción”. Por ello, urgió la necesidad
de implementar “sanciones más ejemplares y requisitos más amplios para ser Juez
y Magistrado de carrera”, además de mantenerlos en constante vigilancia, ya que
“están como muy sueltos y muchos hacen lo que se les pega la gana, de verdad”.
Además de
las fallas en el Consejo de la Judicatura local, las fuentes consultadas al
interior del TSJCDMX ejemplificaron la capacidad de los magistrados para hacer
y deshacer a voluntad, inclusive al margen de la ley, con acciones como la
creación de la Contraloría Interna del Tribunal, que es un “organismo ilegal”
porque sus atribuciones son responsabilidad inalienable de los magistrados
conforme a derecho, no obstante que la hayan delegado de manera ilícita y sin
consecuencias negativas para ellos.
JUSTICIA
PARCIAL EN LA CDMX.
El caso de
“acoso judicial” en contra del académico Sergio Aguayo es uno de muchos casos
de impartición de justicia parcial en la Ciudad de México.
Otro
ejemplo de ello fue el proceso judicial en torno al homicidio de Abril Cecilia
Pérez Sagaón, quien fuera asesinada por su ex esposo Juan Carlos García, el 25
de noviembre del año pasado.
Cinco
días después del homicidio doloso, la presidencia del TSJCDMX dio a conocer que
los jueces de control Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz fueron
suspendidos –no cesados– por actuar con presunta parcialidad a favor de García,
con la finalidad de reclasificar el delito que lo mantenía en la cárcel para
regresarle su libertad.
“El Poder
Judicial de la Ciudad de México se suma a la indignación social y ratifica su
compromiso de actuar con perspectiva de género y contra toda violencia contra
la mujer, sin menoscabo de la independencia judicial y la autonomía de las y
los juzgadores”, se
lee en un comunicado firmado por el presidente del TSJCDMX, Rafael Guerra
Álvarez.
Además de
los casos de Aguayo y Pérez, una situación que dejó en duda la autonomía y el
prestigio del Poder Judicial capitalino fue la acusación (2020) de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero y enriquecimiento
ilícito, en contra del ex presidente del Tribunal Superior (2008-2017) Edgar
Elías Azar.
De acuerdo
con el órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el ex
Magistrado contaba con ingresos anuales de 78 millones de pesos por la renta de
inmuebles cuya procedencia no es clara, ya que su posesión no corresponde con
los ingresos del litigante como funcionario público durante más de 51 años de
servicio.
También estuvo
la situación de Nasly Tapia Rosas, quien lleva un proceso de juicio de
controversia familiar por guardia, custodia y pensión alimenticia de un bebé de
dos años tres meses, desde principios de 2019.
Hasta el
momento, Nasly lleva más de un año sin ver a su bebé porque su ex pareja
Israel Alvarado Martínez, quien fungió como ex consejero del Tribunal Superior
de Justicia entre 2008 y 2013, se lo llevó en medio de un proceso “plagado” de
conflictos de interés y tráfico de influencias.
En
entrevista con SinEmbargo, Nasly refirió que el año pasado su ex pareja se
llevó a su hijo. El mismo día en que se lo llevó, Israel la habría denunciado
por violencia familiar –sin pruebas que acreditaran el acto– ante la Procuraduría
General de Justicia capitalina, para justificar la custodia del bebé.
A pesar
de que la demanda por violencia “no trascendió y [que] la carpeta de
investigación se fue al archivo”, según Nasly hubo “mano negra” de las
autoridades a favor de Israel.
En la
Procuraduría, por ejemplo, la subprocuradora de atención a víctimas Nelly
Montealegre Díaz, que es la “mejor amiga” de Israel, de acuerdo con Nasly, “le
puso gente para que tomaran su declaración, y después, esa denuncia, con un
testigo singular y aislado porque no hay pruebas, va al Juzgado Familiar 37
donde el Juez José Antonio Navarrete Hernández, que también es su amigo, le
asigna un número de expediente sin pasar por Oficialía de Partes, que es lo
común para que se asigne un turno y caiga con un juez”.
Dado que
el Juez Navarrete ya tenía conocimiento del expediente bajo el que su ex pareja
tramitó una “terminación de concubinato”, por antecedente, el expediente fue
remitido para proceso en el Juzgado 37. Acto seguido, el 11 de enero de 2019,
Navarrete le dio la guardia y custodia provisional a Israel, sin que Nasly
fuera notificada.
“El Juez,
en ese acto, dice que como hay una carpeta de investigación por violencia
familiar en mi contra, como juzgador por actos de buena fe, le da la guardia y
custodia cuando ni siquiera es una carpeta con vinculación a proceso, o con una
sentencia en mi contra. Sólo incluye su dicho singular, y con eso le dio la
guardia y custodia” a su ex pareja Israel, explicó la madre del bebé con Alerta
Amber.
ALERTA-AMBER.
El día 25
de enero Nasly, en medio de un proceso de contra-demanda para recuperar la
guardia y custodia de su bebé, supo que había un expediente (35/2019) en su
contra en el Juzgado 37, por lo que solicitó al Juez Navarrete que se excusara
del caso por su lazo de amistad y de gratitud con Israel, “porque él
[Navarrete] lo ratificó como consejero”.
Tres días
más tarde, el 28 de enero, Nasly presentó un recurso de recusación para
separar a Navarrete del caso. Sin embargo, el Juez mandó el recurso a Oficialía
de Partes, que a su vez le notificó a ella que su trámite no era procedente
porque el expediente no existía. Como consecuencia, las autoridades
determinaron que hubo una “burla del turno”; es decir, una anomalía procesal.
A partir
de allí, Nasly presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura. De acuerdo
con ella, dicho órgano le impuso una multa de más de 7 mil 900 pesos al Juez y
a cinco abogados, sin que hasta la fecha fuera ejecutada o saldada.
No
obstante y debido a las inconsistencias, el año pasado el Juzgado 37 declaró
nulo el proceso a favor de Israel, por lo que hasta ese momento sólo quedaba
viva la demanda que Nasly había presentado ante el Juzgado 28 Familiar.
Pese al
progreso, dijo Nasly, en dicho juzgado “está una Juez que, por órdenes de una
Magistrada de la Primera Sala” que conoce a Israel, “le dio línea para que no
avanzara el asunto. Desde febrero que se declaró nulo, hasta noviembre que se
excusó la juez por una denuncia de negación de servicio público, no hubo mucho
avance en la demanda” con todo y a que Nasly consiguió un emplazamiento para
que su ex pareja se presentara ante tribunales.
Hasta el
momento ya fue ordenada la búsqueda y localización de Israel y del bebé de
Nasly, pero “hay mucha mano negra” ya que cuatro de los seis consejeros que hay
en el Tribunal son amigos de Israel.
En lo que se
resuelve el proceso, Nasly –quien labora en la Séptima Sala Penal– continúa sin
saber el paradero de su hijo, e incluso, ha recibido amenazas de fabricación de
delitos en su contra, a no ser que desista del caso.
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