Por Carmen
Pizano / Pop Lab
En los
últimos cinco años autoridades estatales y municipales de Guanajuato, así como
instituciones educativas y organismos autónomos han entregado contratos por 192
millones de pesos a Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), señaladas
en el listado del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aunque son 171
empresas involucradas, el 90% del monto contratado se concentra en apenas nueve
proveedores, principalmente del gobierno del estado.
Así lo
reveló un análisis que hicieron ciudadanos acompañados de integrantes del
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. El
informe con los detalles de las presuntas empresas fantasma que han recibido
múltiples contratos fue entregado a las autoridades que conforman el Comité
Coordinador del Sistema, en el que se incluyen instancias como la Auditoría
Superior del Estado (ASEG), la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, aunque los
titulares de estas dos últimas instancias no acudieron a la sesión donde se
presentó la información.
A pesar
de la ausencia de Marco Antonio Medina Torres, fiscal anticorrupción, y Marisol
Ruenes Torres, secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, a la mesa
donde se dio cuenta del informe que resultó de un trabajo de investigación de
ciudadanos, los primeros en comprometerse a abrir investigaciones fueron los
contralores representados en el Comité Coordinador, para revisar las empresas
contratadas en cada municipio; mientras el auditor superior, Francisco Javier
Pérez Salazar, se limitó a señalar que algunos de los proveedores ya fueron
objeto de revisión por parte de la ASEG, pero dijo no recordar el resultado de
las indagatorias.
Entre las
empresas contratadas por las autoridades de Guanajuato se ubican dos ligadas
a La Estafa Maestra, investigación periodística que reveló la contratación de
empresas fantasma por parte de 11 dependencias del gobierno federal, a través
de universidades públicas.
Tecmasat
SA de CV y Grupo Industrial Maya son las dos empresas ligadas al desvío de
recursos por 400 millones de dólares que destapó Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción
y la Impunidad.
Tras
presentar el informe a cada integrante del Comité Coordinador, máximo órgano
del Sistema Estatal Anticorrupción, se acordó conformar una comisión que pueda
dar puntual seguimiento al listado de presuntas empresas fantasma, al resultar
boletinadas por el SAT.
Fernando
Revilla Guerrero, presidente del Sistema Anticorrupción, adelantó que
promoverán el fortalecimiento de las contralorías municipales, ante la amenaza
de que puedan ser cooptadas por los gobiernos locales o por el crimen
organizado.
Además, crearán
una asociación civil para dar acompañamiento a los ciudadanos que quieran
denunciar actos de corrupción.
CONTRATACIONES.
En junio de
2019, Margarita Ríos Farjat, entonces titular del Servicio de Administración
Tributaria (SAT), presentó un informe donde ubicó a Guanajuato en el séptimo
lugar a nivel nacional por el monto contratado a empresas que se presumen como
fantasma.
La
revisión presentada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción incluye a 35 entidades de Guanajuato que contrataron empresas
con operaciones simuladas.
De los
192 millones de pesos contratados, 113 se concretaron después de que los
proveedores aparecieran en la lista del SAT.
Distribución
Profesional JOGA SA de CV tiene el 47% del monto total contratado a empresas
con operaciones simuladas con 91 millones 689 mil pesos.
El gobierno
de Guanajuato es el que tiene el mayor monto contratado con las empresas
señaladas por el SAT con cerca de 142 millones de pesos; le sigue el municipio
de San Miguel de Allende con 18.2 millones de pesos, en el tercer sitio esta el
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) con 4.7
millones de pesos.
El
análisis se realizó desde el 1 de enero de 2014, aunque en el 2018, año
electoral, fue cuando el monto de contratación a empresas que se presumen
fantasma se disparó.
Al respecto,
el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, Fernando Revilla, adelantó
que una vez concluida la investigación que haga cada institución responsable de
la fiscalización, se solicitará que se promuevan estrategias encaminadas a que
el recurso público pagado a proveedores no se vaya a campañas políticas.
“A mí me
gustaría tomar el análisis de políticas públicas en tema electoral para evitar
que sea esta la razón (de los contratos a empresas que facturan operaciones
simuladas), no prejuzgaría esto, pero sí es muy probable que en periodos electorales
puedan existir este tipo de prácticas”.
Revilla también
dio a conocer que el 99% de los contratos revisados en el informe son del 2014
al 2018; es decir, durante el sexenio de Miguel Márquez Márquez; solo el 1%
corresponde a la actual administración estatal.
La Estafa
Maestra presente en Guanajuato.
El
gobierno guanajuatense y el municipio de Dolores Hidalgo contrataron a Tecmasat
SA de CV y Grupo Industrial Maya SA de CV, las dos empresas ligadas a La Estafa
Maestra.
Por
digitalizar imágenes a color, perforar y coser los legajos de las imágenes, Tecmasat
SA de CV recibió múltiples contratos por 21.3 millones de pesos.
Grupo
Industrial Maya fue contratada por el municipio de Dolores Hidalgo para obra y
supervisión de obra por 2.5 millones de pesos durante el 2018.
Cuestionado
sobre si no habían advertido la contratación de estas empresas, el auditor
general Javier Pérez Salazar dijo desconocer si en los resultados de auditoría
han señalado presuntas responsabilidades.
“Tecmasat
sí me suena, creo que es la segunda que factura más en el informe. Creo que sí
ha sido materia de revisión por parte de nosotros, sería cuestión de ver los
informes de resultados para ver los resultados que obtuvieron”, sostuvo.
Según Pérez
Salazar, uno de los primeros procesos que realizan es cruzar la información
de los proveedores con el SAT, aunque es un listado cambiante por aquellas que
solventan las observaciones que hace el Sistema de Administración Tributaria.
“Acabo de
darle una revisada rápida a los documentos, hay empresas que sí han sido
materia de revisión en procesos de fiscalización, que seguramente darán su
resultado. Somos consumidores de la información”.
Incluso, el
auditor general afirmó que cuando presumen alguna irregularidad por parte de
las empresas se da cuenta al SAT.
“Entendamos
que no todas son revisadas. Hay empresas que facturan 3 mil pesos… en términos
de metodología nosotros desdeñamos en una de las variables las cantidades, no
desplegamos una estructura de auditoría para montos relativamente menores, eso
lo dejamos para que los órganos de control nos puedan apoyar”.
También comentó
que toda la información sobre las empresas boletinadas por el SAT, y que ya
fueron auditadas por ASEG, se dará a conocer a través de la comisión que se va
a crear al interior del Comité Coordinador del Sistema para dar seguimiento a
la denuncia.
Contralores
anuncian investigaciones.
Los
cuatro contralores, uno por región, que forman parte del Comité Coordinador del
Sistema Anticorrupción se comprometieron a compartir con cada órgano de control
interno de los municipios el informe para que detecten a las empresas
boletinadas por el SAT y las contrataciones que ha hecho la administración
centralizada y los organismos municipales.
El
primero en anunciar que se abrirá una investigación fue Guillermo Patiño, contralor
del municipio de Irapuato, por la contratación de la empresa Arias Soluciones y
Servicios Integrales, por el gobierno municipal.
Leopoldo
Jiménez, contralor de León y presidente de la Alianza de Contralores del
Estado, confirmó que a cada municipio le será entregado el informe para que
inicie con las investigaciones, porque los archivos presentados por el Comité
de Participación Ciudadana deben ser tomados en cuenta como denuncias.
Sin embargo,
de los responsables de la auditoría y fiscalización de los recursos
estatales no hubo pronunciamiento al respecto.
Contralorías
En Riesgo.
Fernando
Revilla, presidente del Comité Coordinador del Sistema, adelantó que están por
crear un mecanismo para fortalecer a los órganos de control interno de los
municipios, porque existen riesgos, principalmente en las contralorías de
municipios con menos población y marcados por la violencia.
Entre los
riesgos que han advertido está el que los funcionarios de los órganos de
control puedan ser cooptados por los gobiernos municipales (a los que deben
fiscalizar) o por el crimen organizado.
“En
muchos municipios son capturados por las propias autoridades, o incluso, me
imagino, por el crimen organizado que existe en las ciudades. Imagínense a un
contralor que enfrente esta situación (la contratación de empresas fantasma) en
un municipio como Villagrán. ¿Qué protección le damos?”.
Recordó
que hace unos meses el contralor de Salamanca, Miguel Enrique Cordero Saucedo,
fue víctima de un ataque. La camioneta oficial que le fue asignada por el
gobierno municipal fue baleada cuando estaba estacionada afuera de su
domicilio.
Revilla mencionó
que se creará una asociación civil para denunciar los actos de corrupción que
los ciudadanos documenten, para que tengan el acompañamiento legal.
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