Por Jesús
Estrada y Rubén Villalpando.
El gobernador de Chihuahua, el panista
Javier Corral Jurado, aseguró que las hermanas de Miroslava Breach Velducea
mienten, con todas las letras, ya que declararon ante un juez que él sabía de
las amenazas que recibió la corresponsal de La Jornada por parte del crimen
organizado de Chínipas, su pueblo natal, y no la protegió.
Las
hermanas de Miroslava mienten y es el Ministerio Público Federal el que debe
aclararlo, respondió cuando los reporteros le preguntaron sobre el tema.
“¡Pues
mienten! Porque… han ido en una evolución hacia lo peor. Lamento mucho la
actitud que tomaron. Lo que hemos dicho siempre, y lo sostenemos, es que la
fiscalía (estatal) ha actuado con gran profesionalismo, con gran
transparencia”, dijo
el mandatario estatal.
Lamentó la
postura de los familiares de Miroslava y comentó que ahora regresó el
oportunismo, pues en cuanto la investigación salió de la esfera del estado (y
pasó al ámbito federal) se acabaron las exigencias de justicia en Chihuahua.
También negó
que funcionarios del gobierno y del PAN fueran “mensajeros del narco”, como
aseguraron en la pasada audiencia las hermanas y testigos anónimos”.
En tanto, en
el Centro de Justicia Penal Federal de la ciudad de Chihuahua, donde se
desarrolla el tercer día del juicio oral contra Juan Carlos Moreno Ochoa, El
Larry, imputado como coautor material del homicidio de la corresponsal de La
Jornada, peritos y agentes investigadores de la Fiscalía de Chihuahua
continuaron con la presentación de pruebas técnicas reunidas en el contexto de
las pesquisas del crimen.
Allí fue
exhibida el arma calibre 38 con la que mataron a Miroslava, evidencia que fue
obtenida el 18 de abril de 2017 en el sitio donde fue asesinado Gabriel Ochoa
Cárdenas, junto con una cartulina que lo señalaba como asesino de la
periodista.
Gabriel
Ochoa murió acribillado en su domicilio de la colonia Junta de los Ríos, en la
ciudad de Chihuahua. Días después, la fiscalía estatal desmintió la versión de
que Gabriel Ochoa fuera el autor material, porque se comprobó que era
discapacitado, y grabaciones de cámaras de seguridad no lo ubican afuera del
domicilio de Breach Velducea el día del asesinato.
La
fiscalía determinó que Gabriel Ochoa era una víctima colateral y fue asesinado
por los verdaderos autores del crimen para distraer la indagatoria.
También
se presentaron grabaciones de nueve cámaras de seguridad con las que se
identificó el vehículo Malibú gris en el que Juan Carlos Moreno y el señalado
como tirador, Ramón Andrés Zavala Corral, vigilaron la vivienda de la
corresponsal de La Jornada y acudieron la mañana del 23 de marzo de 2017 para
quitarle la vida.
Los
abogados de Juan Carlos Moreno cuestionaron dicha evidencia por considerar que
el vehículo que aparece en las grabaciones no es el mismo, los videos pudieron
ser editados y fueron obtenidos sin seguir el debido proceso legal.
Balbina
Flores Martínez, de Reporteros sin Fronteras, consideró positivo que en los
alegatos de apertura el titular de la Fiscalía Especializada en Atención de
Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Sánchez Pérez del
Pozo, planteara que el asesinato de la comunicadora ocurrió en un contexto de
narcogobierno en Chihuahua y que estuvo relacionado con la publicación de
reportajes sobre la infiltración del crimen organizado en la política
municipal, contexto que omitió la investigación de la fiscalía estatal.
En el juicio
oral la Feadle no sólo intentará demostrar que El Larry es culpable de
homicidio calificado, sino que buscará probar que Crispín Salazar, cabeza del
grupo delictivo Los Salazar, es el autor intelectual del asesinato de la
periodista, lo cual la Fiscalía de Chihuahua no hizo.
La Feadle presentará
ante el tribunal 59 testigos a lo largo del juicio, que se prevé dure al menos
una semana y media, mientras que la defensa sólo presentará cuatro.
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