Con
información de Jorge Butrón.
Organizaciones
de la sociedad civil y colectivos feministas aseguraron que el aumento de
sanciones penales contra feminicidas no es suficiente para proteger a las
mujeres de la ola de violencia, pues la falla está en todo el proceso legal,
que deja libres a los agresores.
Luz Estrada,
coordinadora del Observatorio Nacional contra el Feminicidio, señaló que más
allá de elevar las penas para los feminicidas y emitir alertas de género, se
deben crear políticas públicas en el trabajo, escuela y familia que en verdad
protejan a la mujer.
En
entrevista con La Razón, señaló que el aumento de condenas no impacta en la
mejora de la investigación de estos delitos. “El problema está en lograr una
política pública de prevención del delito, haciendo investigaciones que
permitan saber y lograr vincular a los criminales; ése es el paso esencial. Lo
otro que se tiene que analizar es por qué no da resultados”.
Por su
parte, Arely Torres-Miranda, exconsejera del Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres), consideró que esta reforma se aprobó para “calmar los ánimos de lo
que hemos vivido en México”, tras los recientes feminicidios de Ingrid y
Fátima.
“Está
bien. Los diputados pueden aumentar cinco o 15 años de cárcel, pero ninguna
sentencia es lo suficientemente alta para lo que implica un feminicidio”, señaló Torres-Miranda.
Daniela
Reyes Lara, antropóloga social y feminista, señaló que se debe fortalecer el
sistema de impartición de justicia, pues la mayoría de los casos de feminicidio
ni siquiera llega al proceso de sentencia.
El martes
pasado, la Cámara de Diputados aprobó el endurecimiento de las penas por este
delito, que aumenta de 40 a 60 a un rango de 45 a 65 años de prisión y de mil a
mil 500 unidades de medida y actualización (UMA) de multa.
En este
tenor, Aracely Rodríguez, directora del colectivo feminista Colibrí, destacó:
“mientras no haya una investigación diligente en los casos de feminicidio, de
nada servirá el aumento de las sanciones penales porque los trámites
burocráticos y la tardanza en las búsquedas seguirá, mientras que los
responsables seguirán quedando libres”.
La activista
manifestó que uno de los grandes problemas es que los trámites son sumamente
tardados, además de que los agentes en los Ministerios Públicos no tienen
ninguna capacitación para tratar a los familiares, a quienes también se
victimiza.
“De nada
sirve aumentar las penas si no hay una buena investigación, si no se sigue el
debido proceso, el culpable queda impune y no se castiga”, remarcó.
Mientras que
Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, dijo que el
feminicidio es la expresión máxima de las violencias machistas y su abordaje
debe ser integral, pues no se soluciona con el incremento de una pena.
“Primero
porque México es un país en donde las leyes no se aplican, donde las
investigaciones no se hacen con perspectiva de género y cuando se abren
expedientes se quedan justo en carpetas abiertas sin término de procesos ni
sentencias en apego a los derechos humanos. Aunado a la incapacidad de las
autoridades de actuar ante secuestros, denuncias y desapariciones”, aseveró.
La activista
dijo que lo que se requiere son políticas públicas efectivas de prevención y
cero tolerancia a cualquier acto de violencia contra las mujeres.
“Urgente
entonces tener una política pública que transversalice en la realidad en
acciones y no es palabras, en todos los sistemas, sectores en instancias
gubernamentales y privadas la perspectiva de género”, opinó.
Edna Jaime,
directora de México Evalúa, coincidió en la necesidad de fortalecer las
capacidades del Estado para hacer justicia, en vez de incrementar las sanciones
por feminicidio. “Es una medida que genera aplausos de algunos, pero no
soluciones”.
El dato: En
redes sociales circulan diversas convocatorias para que las mexicanas se queden
en casa el próximo 9 de marzo y haya un día sin mujeres en el país, con el fin
de visibilizarse.
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