Por José
Gerardo Mejía.
Los
aspirantes a ocupar una de las cuatro vacantes que se abrirán en el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral (INE) deberán confirmar que no han
sido registrados como candidatos a algún cargo de elección popular en los
últimos cuatro años ni haber desempeñado algún puesto de dirección partidista
nacional o estatal, y tampoco como secretarios de Estado o fiscales federales o
de algún estado.
Así lo
establece el proyecto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)
de la Cámara de Diputados —que sigue en revisión por los coordinadores de los
grupos parlamentarios— y del cual La Razón posee una copia.
De acuerdo
con el documento preliminar, que fue distribuido desde la semana pasada en San
Lázaro, tampoco pueden participar subsecretarios u oficiales mayores, el
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México o gobernadores, a menos que se hayan
separado o concluido su encargo en los primeros dos meses de 2016.
Con ello se
busca renovar a cuatro consejeros, a quienes les corresponderá calificar tres
elecciones federales, dos intermedias (en 2021 y 2027), además de la
presidencial de 2024, y cuyo cargo ocuparán hasta abril de 2029.
La propuesta
del calendario considera del 17 al 28 de febrero como fecha para que los
aspirantes acudan al recinto legislativo de San Lázaro para inscribirse en el
proceso, que culminará a más tardar el próximo 3 de abril.
“Lo que
debe resultar de esta elección es el fortalecimiento del INE como una de las
instituciones fundamentales de nuestro sistema político; hay que preservar su
independencia”
El proyecto
establece que el Consejo Técnico de Evaluación (CTE) deberá ser designado la
última semana de febrero y la votación de sus propuestas las llevará a cabo la
Junta de Coordinación Política (Jucopo) la última semana de marzo, para que la
votación en el pleno se realice a más tardar el próximo 3 de abril.
El
documento, que aún está sujeto a revisión en la Jucopo, indica que para la
evaluación documental se diseñarán cédulas específicas para valorar experiencia
en materia electoral, habilidades en participación en cuerpos colegiados y
conocimiento en las funciones propias de los consejeros electorales.
En caso
de que el puntaje de las cédulas de un aspirante tenga entre sí una diferencia
mayor de 10 puntos, es decir, 30 por ciento, se desechará la calificación más
baja y el expediente será revisado de nuevo por otro miembro del comité. La
calificación final de cada candidato será el resultado del examen, 40 por
ciento, y de la evaluación documental, 60 por ciento.
Otros
requisitos que establece el documento son: ser mexicano por nacimiento y no
haber adquirido otra nacionalidad, tener más de 30 años de edad y título
profesional de nivel licenciatura y haber residido en el país los últimos dos
años.
Por
separado, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura
Angélica Rojas Hernández, pidió blindaje en el proceso de elección de los
cuatro consejeros electorales a través de Parlamento Abierto y con reglas de
máxima publicidad, para que las buenas intenciones de cuidar el procedimiento
estén a la luz de todos los ciudadanos.
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