Por Itxaro
Arteta.
Este
miércoles a las 11 de la mañana empiezan en el Congreso de la Ciudad de México
las audiencias para ratificar a los siete candidatos a ser ratificados de forma
vitalicia como magistrados del Tribunal Superior de Justicia local. El primero
en comparecer llega con opiniones desfavorables tanto de ciudadanos como de
propias diputadas locales e incluso federales: el magistrado Manuel Horacio
Cavazos López, que tiene una denuncia por presuntas agresiones sexuales contra
sus hijas.
Este martes,
legisladores que se interesaron en conocer el caso de primera mano se reunieron
con la madre de las niñas, por intervención de la diputada local Alessandra
Rojo de la Vega.
Por la
tarde, fue entregada a la Junta de Coordinación Política del Congreso una
carta con 657 firmas ciudadanas, recabadas por la Fundación Arcoíris. Esta
asociación se dedica a defender los derechos sexuales, tanto de la comunidad
LGBT, como si hay un abuso en el que la sexualidad es usada como instrumento de
violencia.
Al
conocer la denuncia contra Cavazos, dada a conocer por Animal Político, la
organización decidió tomar acciones para pedir que no se mantenga en el cargo
que ha ocupado por seis años y en solo cinco días juntaron las más de 600
firmas, incluyendo a las artistas Ana Francis Mor, Úrsula Pruneda y Lorena
Wolffer.
“¿Qué
justicia esperamos de un magistrado que atenta contra la dignidad e integridad
de sus propias hijas? La seguridad de todas las mujeres y niñas está en riesgo
si es ratificado. Ante la duda, la certidumbre: NO a la ratificación de Manuel
Horacio Cavazos López como magistrado”, señala la carta.
En la Cámara
de Diputados federal, la legisladora Wendy Briceño, presidenta de la
Comisión de Igualdad de Género, presentará este miércoles un punto de acuerdo
para lanzar un exhorto a que en este caso se considere el interés superior de
la niñez y se actúe con perspectiva de género, dirigido al Tribunal Superior,
el Consejo de la Judicatura, al Congreso local encargado de ratificar o no al
magistrado, y a la Fiscalía local, que no se ha pronunciado al respecto, a
pesar de que la denuncia lleva cuatro meses sin judicializarse.
“Por la
gravedad del asunto en comento, se insta dependiendo del ámbito de la
competencia de los órganos exhortados: 1) a brindar las medidas de protección
necesarias a las menores; 2) se atienda con la debida diligencia la denuncia
interpuesta, 3) se considere la viabilidad de la permanencia como impartidor de
justicia del presunto agresor, hasta que se emita una resolución judicial del
caso y 4) que en la decisión del Congreso de la CDMX se prepondere el interés
superior de la niñez y bajo una perspectiva de género la propuesta de
ratificación del magistrado implicado”, adelantó la diputada en un comunicado.
A nivel
local también ha habido muestras de rechazo a la ratificación de este
magistrado, junto a la noticia el pasado 28 de enero de que el propio Consejo
de la Judicatura decidió recomendar que no se mantenga en el cargo a otro
impartidor de justicia, Héctor Jiménez López, que permitió la libertad del
exesposo y hoy sospechoso del asesinato de Abril Pérez Sagón.
La diputada
del Partido Verde Alessandra Rojo de la Vega lanzó un mensaje en contra de
que ambos hombres sean confirmados en su puesto, a la cual se sumó la
presidenta de la mesa directiva, Isabela Rosales, de Morena, y Leonor Gómez
Otegui, del PT.
Cavazos
López fue denunciado el 23 de septiembre por supuestas agresiones sexuales
contra sus dos hijas, de entonces 5 y 6 años.
El
peritaje psicológico da por cierto que ocurrió el hecho denunciado, pero dice
que una de las niñas no presenta afectación psicológica porque “no le
proporciona una connotación negativa”.
Posteriormente,
psicólogos del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA),
que pertenece a la Fiscalía, acreditaron que hay síntomas de haber sufrido una
agresión sexual, como miedo, enojo y ansiedad. Además, en la carpeta hay audios
en los que una de las pequeñas narra a su mamá lo que supuestamente le hacía su
padre.
La semana
pasada se iba a determinar si la carpeta de investigación se llevaba o no ante
un juez, con lo cual el delito del que se acusa al magistrado ameritaría
prisión preventiva, pero la Ministerio Público pidió una prórroga para aceptar
más pruebas del caso, como valoraciones sobre las palabras de las niñas.
Cavazos negó las acusaciones en una carta.
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