Bonilla y AMLO, entre la legalidad y la inconstitucionalidad.

Adela Navarro Bello.

Si Jaime Bonilla Valdez, el Gobernador de Baja California, estaba tan seguro de haber ganado una elección para cinco años de mandato, no resultaba necesaria una reforma a la Constitución del Estado para pretender ampliar el periodo de su gestión de dos a cinco años. Pero lo hizo. Morena, en voz del Diputado Víctor Morán, quien después fue recompensado con posiciones para su familia (esposa en el DIF, hijo subsecretario, otro hijo director municipal) fue quien presentó la iniciativa para realizar la modificación, la cual concretaron con el sospechoso voto de los diputados panistas de la anterior Legislatura, cuando habían transcurrido 36 días de la elección en la cual resultó ganador Bonilla.

Esa sola circunstancia provocó que la ampliación del mandato de Jaime Bonilla fuera catalogado como inconstitucional por muchos, ciudadanos, actores políticos, empresarios, partidos políticos, interesados, y que siete recursos de inconstitucionalidad llegaran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A inicios del 2020, en un plan mediático para comunicar los asuntos sobre los cuáles determinará la Corte, publicaron que entre los primeros a conocer estaba la que literalmente identificaron como #LeyBonilla. Y que trata del periodo de gestión del Gobernador de Baja California, que debería ser de dos años de acuerdo a una reforma de 2014 con el objetivo de hacer concurrentes las elecciones locales con las federales intermedias, y que por ende concluiría en el 2021. Pero Bonilla quería más. Por eso, a través de operadores políticos la modificación para extenderle el periodo hasta el 2024, lo cual le otorgaría cinco años de gestión y haría concurrir las elecciones locales con las federales presidenciales de ese año.

La realidad es que a Jaime Bonilla el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le negó esa posibilidad en tres ocasiones, luego que se interpusieran igual número de recursos, incluyendo uno interpuesto por el propio Bonilla, quien intentó impugnar la convocatoria del Instituto Nacional Electoral que estableció las reglas para el proceso electoral de Baja California de 2019, incluido el mandato de dos años.

Llegó el día de la elección y los esfuerzos del morenista para modificar la convocatoria no tuvieron éxito. Los bajacalifornianos votaron en una elección cuyo periodo constitucional estaba determinado en la convocatoria para dos años. Después de ganar la elección, el ahora Secretario de Gobierno amenazó: la gubernatura será de cinco años, y si es necesario, se modificará la Constitución local. Lo cumplieron. Aun sin tomar posesión del cargo, en un ambiente enrarecido por la sospecha de corrupción entre los diputados de aquella Legislatura. Y así llegó Baja California a la inconstitucionalidad en su Gobierno.

Molesto cuando se le trata el tema, encolerizado, Jaime Bonilla ha gobernado con la espada de Damocles, amenazando la duración de su encargo sobre su cabeza. A él le han vendido la idea que su lucha es legítima, que es correcto cambiar la constitución local, pasar por encima de la voluntad de los electores, y extenderse en el Gobierno tres años más a los que fue electo.

El caso fue tan notorio que afectó al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues se extendieron sospechas que la Ley Bonilla era el experimento para una propia reelección en la Presidencia de la República. López Obrador se ha pronunciado veladamente en contra de la intentona gandalla de Bonilla, en su máxima de que “al margen de la Ley nada, por encima de la Ley nadie”. Así lo ha referido incluso el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, quien abiertamente se ha declarado en contra de la Ley Bonilla.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia dejaron ese tema y otros en suspenso, cuando se decretó la cuarentena a partir del 20 de marzo de 2020, como parte de las medidas para contener la propagación de la COVID-19 en México. Pero recientemente acordaron reiniciar las sesiones de forma virtual, utilizando las aplicaciones digitales para reunirse y deliberar y resolver los asuntos de su competencia.

Hace dos días fue filtrada al periodista Carlos Loret de Mola la fecha en que votarán las controversias constitucionales por la Ley Bonilla. Presumiblemente será el lunes 11 de mayo. El mismo día fue compartido también, extraoficialmente a diversos medios de comunicación, parte del contenido del proyecto que elaboró el Ministro José Fernando Franco González Salas. Lo que se sabe es lo que se anticipaba: La Corte declarará inconstitucional la reforma realizada a la Constitución de Baja California el 8 de julio de 2019 y regresará el orden legal al Estado al determinar que la gestión del Gobernador fue votada el 2 de junio de 2019 para un periodo de dos años. No más.

El sueño construido al amparo de la Ley Bonilla llegará a su fin. A menos que… los nuevos Ministros, tres afines al Gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, voten contra el proyecto del Ministro Franco González y validen con su voto la inconstitucionalidad cometida en Baja California 36 días después de la elección, cuando le regalaron la ampliación de mandato a Bonilla Valdez.

Efectivamente, son tres ministros los cuales han sido designados a propuesta del Ejecutivo Nacional a partir del arribo de López Obrador a la silla del águila: Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat, y Juan Luis Alcántara Carrancá. Y conocido es que para la eficacia de la resolución de una controversia de inconstitucionalidad se requiere el voto de ocho de los 11 ministros que integran el más alto cuerpo colegiado judicial del país.

La única forma para que se avale la Ley Bonilla es esa. Que los tres nuevos ministros, presumiblemente afines al Presidente López Obrador, voten contra el proyecto del Ministro Franco que la declara inconstitucional. No hay de otra. Si los Ministros se apegan a la Ley, y asumen su deber de restaurar el orden jurídico votarán a favor del proyecto que la declara inconstitucional la insólita reforma.

El mismo día que se conoció extraoficialmente la fecha de la deliberación sobre la Ley Bonilla, el Secretario General de Gobierno de Baja California trasmitió un video en sus redes sociales argumentando ya no preceptos legales para sostener la constitucionalidad del periodo de cinco años, sino justificando la pretendida permanencia extra legal del hoy Gobernador, en la contingencia derivada de la pandemia.

Baja California está a días de restaurar el orden legal. A tener un Gobernador con un mandato de dos años, tal como fue votado constitucionalmente el 2 de junio de 2019. A menos, claro, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador decida lo contrario e intente influir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para darle a su cuarta transformación una regresión al cacicazgo priista, en el cual los intereses y cálculos político electorales estaban por encima de la Ley. Esa es la disyuntiva actual: restablecer el Estado de Derecho u oficializar la inconstitucionalidad.