El rompimiento ya traía cola.

Darío Celis.

La luna de miel de Andrés Manuel López Obrador y la cúpula del sector privado empezó a romperse el 8 de marzo, cuando miles de mujeres salieron a la calle a manifestarse contra la violencia de género.

Y el cántaro de la confianza terminó por romperse cuando Carlos Salazar Lomelín presionó y exhibió la cerrazón de Manuel Bartlett, Rocío Nahle y Octavio Romero para abrir el sector energético.

Hubo otros muchos detalles que molestaron mucho en Palacio Nacional, como la beligerancia política de Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex y sus aspiraciones al gobierno de Baja California.

También cayó mal en la 4T el guiño que el PRI y PAN de Monterrey hicieron al mismo Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para buscar la gubernatura de Nuevo León.

Las hordas más radicales del nuevo régimen vieron mal al sector empresarial del país, porque dos de sus más distinguidos miembros, más que velar por el interés colectivo, estaban haciendo política.

Después de la marcha de las mujeres, entre las huestes de López Obrador había el convencimiento de que atrás de la convocatoria nacional estuvieron los organismos empresariales.

De hecho, muchas miradas de Palacio Nacional voltearon a la Sultana del Norte, a los corporativos de esa ciudad y, en particular, a José Antonio Fernández Carvajal, El Diablo, mandamás del Grupo FEMSA.

En las últimas comidas donde se daban los toques finales para la estructuración del paquete de proyectos energéticos, que por ciento ya nunca salió a la luz pública, el Presidente pidió una pausa.

El Ejecutivo solicitó a sus comensales Salazar y Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, dos semanas para platicar con Nahle, Bartlett y Romero.

Pero Salazar organizó una conferencia de prensa y estuvo presionando a través de los organismos empresariales para que se abriera el sector energético antes de que se lograra el consenso con los duros y radicales. Eso se interpretó como una ruptura de acuerdos.

López Obrador rompió relaciones con los grandes empresarios durante su campaña. Por ello, cuando resultó presidente electo, la cúpula privada puso a Salazar y a Del Valle como interlocutores.

Pero, dicen en Palacio Nacional, a todo lo anterior, a Salazar además se le salieron de control sus más radicales agremiados, pidiendo desconocer de plano al tabasqueño.

Por eso éste le terminó cerrando la puerta y la interlocución.

SON 23 PROYECTOS de energías limpias que implican inversiones por arriba de 6 mil millones de dólares los que están en riesgo de perderse con el nuevo acuerdo de la Secretaría de Energía, a cargo de Rocío Nahle. Este lunes el juez federal Rodrigo de la Peza otorgó siete suspensiones definitivas. Pero ayer mismo el Centro Nacional de Control de Energía, que lleva Alfonso Morcos, advirtió que impugnará las decisiones judiciales. Viene una larga batalla que terminará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Arturo Zaldívar. Los generadores de energías eólicas y solares están preparando una demanda colectiva de repercusión internacional. El despacho Galicia Abogados, de Manuel Galicia, los asesora y acompaña en esa ruta.

QUIEN QUEDA EN la línea de fuego en Walmart tras el descalabro que le significó pagarle al SAT más de 8 mil millones de pesos, es Alberto Sepúlveda. El vicepresidente ejecutivo y director general legal lideró la estrategia que derivó en el enfrentamiento con la 4T y finalmente el desembolso al organismo de Raquel Buenrostro. Peor todavía para el exabogado de White & Case, porque además operó hace seis años la venta de los restaurantes Vips a Grupo Alsea. Para tal fin fichó a Rico, Robles, Libenson, de Juan Pablo Rico, Gustavo Robles e Ivan Libenson, que nació del pleito de Sepúlveda con Vicente Corta y su posterior salida del afamado despacho neoyorquino, al igual que aquéllos, quienes manejaron la malograda venta a los hermanos Cosme y Alberto Torrado.

LA QUE ESTÁ resurgiendo fuerte con todo el respaldo de la 4T es ICA, que dirige Guadalupe Phillips. Más allá de los contratos que Pemex que maneja Octavio Romero le dio en la refinería de Dos Bocas, o el Fonatur a cargo de Rogelio Jiménez Pons para el Tren Maya o la SCT de Javier Jiménez Espriú para la rehabilitación de áreas del aeropuerto de la Ciudad de México, la constructora se ha capitalizado con la desinversión de activos. Justo previo a la entrada en vigor de la declaratoria de emergencia sanitaria entraron a la caja de la constructora que tiene de accionista principal a David Martínez cerca de 3 mil millones de pesos por la venta de su participación en Operadora de Vías Terrestres al fideicoimiso EXI, que encabeza Mario Gabriel Budebo.

LE HABLABA AYER del debilitamiento progresivo que se vive en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Además de la supervisión bancaria, con tres de sus vicepresidentes en la mira ya del presidente del organismo, Juan Pablo Graff, está la supervisión bursátil a cago de Itzel Moreno. La falta de rigor se hizo más patente en el último mes, y no tiene que ver gran cosa todavía con el impacto del Covid-19 en las empresas. Al menos cuatro no pudieron pagar vencimientos de intereses de sus respectivos certificados bursátiles. Apunte a Radio Centro que comanda Juan Aguirre Abdó, GICSA de Abraham Cababié, Axo que dirige Alberto Fasja y y CADU de Pedro Vaca. Todos cayeron en default.