Homicidios a la baja en Sinaloa, ¿cantamos victoria?

Por Adrián López Ortiz.

Esta semana fue atípica para los sinaloenses: de lunes a viernes no registramos ningún homicidio doloso. Cinco días sin que mataran a nadie.

Es una anomalía. Un suceso contradictorio, porque debería de ser lo normal y lo celebramos como algo extraordinario.

La razón de fondo es que los sinaloenses llevamos muchos años acostumbrados a ver homicidios a diario: los “ejecutados” y “encobijados” llenan nuestro lenguaje violento y refuerzan nuestro estigma hacia fuera y hacia adentro: el Sinaloa Narco.

¿Es solo un estigma? No. Tristemente, los números lo confirman. Si hacemos las cuentas, desde 1990 a la fecha, en Sinaloa acumulamos 24,779 homicidios según datos oficiales (INEGI, FGE). Es una barbarie. Lo que los expertos llaman “situaciones de atrocidad”. Suena fuerte, pero lo es. Los cenotafios en las banquetas nos lo recuerdan.

Pero esa barbarie no ha sido ni es uniforme, en Sinaloa la violencia registra valles y picos históricos que se explican en un contexto complejo que incluye el papel de las autoridades (actuación/omisión/colusión) locales y federales (sobre todo, el ejército), la “guerra” contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón en 2006 y los conflictos internos del Cartel de Sinaloa en 2009-2010 (Guzmán vs Beltrán Leyva) y luego en 2017 (Guzmán vs López).

Por eso vale reflexionar que hoy en Sinaloa, en sentido contrario a la tendencia nacional y con un promedio de 2.25 homicidios diarios en 2019, registramos el punto más bajo de ese delito desde 2008, justo antes de que estallara la cruenta batalla en el cartel local tras la captura de Alfredo Beltrán Leyva en Culiacán; una guerra que elevó la tasa hasta 6.57 homicidios diarios en 2010.

Las guerras no son para siempre y una vez que el cartel se estabilizó y el bando de Guzmán y Zambada retomó el control, los homicidios volvieron a descender hasta 2.98 por día en 2015. Recordemos que el gobierno de López Valdez se adjudicó ese descenso como un mérito de su “estrategia” de seguridad… con el comandante Aguilar Íñiguez al frente de la policía. La farsa estaba ante nuestros ojos.

La mentira duró poco, primero porque nunca volvimos a las cifras de 1.5 asesinatos por día como en tiempos de Renato Vega, sino porque al final del sexenio de López Valdez, el cartel entró en crisis otra vez tras la tercera captura de Joaquín Guzmán Loera y el enfrentamiento entre sus hijos y la facción de Dámaso López.

Esa segunda escisión volvió a elevar el promedio a 4.29 homicidios diarios en 2017 ya en el gobierno de Quirino Ordaz, quien decidió desde el principio abandonar la simulación de la colaboración con el ejército para ponerlo, literalmente, arriba de las patrullas de la policía. Ahora que recién se aprobó la Guardia Nacional, conviene recordar que en Sinaloa ese modelo opera en la práctica desde 2017.

La pregunta es: ¿el modelo militarizado de seguridad que tenemos en Sinaloa funciona y es la razón (o al menos, una de las razones) del descenso de homicidios que ahora celebramos? Una pregunta más pertinente ahora que el modelo será nacional.

Todavía no lo sabemos. Creo que es muy pronto y apenas empezaremos a ver la consolidación de la estrategia con la operación de la base de El Sauz y el apoyo del gobierno federal.

Pero tengo mis reservas, básicamente por dos razones: primero, porque hemos visto que la principal razón de nuestras epidemias de violencia se explica en los conflictos internos del Cartel de Sinaloa. Por eso creo que el principal factor del descenso de los homicidios es la estabilización del mismo tras la condena de Joaquín Guzmán en Estados Unidos y la “soledad” en la que se queda su último líder histórico, Ismael Zambada. Quien ha sido reconocido como eso que los gringos llaman: un “factor de estabilización” en el panorama del crimen organizado y la narcopolítica.

Y segundo, porque el narco no es un ente estático, sino una red que evoluciona y se adapta a las nuevas circunstancias del entorno más rápido que las autoridades.

¿Cuáles son esas nuevas condiciones? El avance de la mariguana legal en Estados Unidos, la diversificación del modelo de negocio a la heroína como producto de exportación, la producción de mariguana y metanfetaminas para el narcomenudeo nacional, la incursión en otros delitos relacionados como el robo de auto, el tráfico de armas y personas, el lavado de dinero, entre otros. Delitos que en Sinaloa son problema, lo que nos enseña que no necesariamente estamos construyendo más seguridad, estado de derecho y justicia.

Es decir, que no podemos seguir diagnosticando al crimen organizado sinaloense con las mismas premisas de hace treinta años. El problema que ahora enfrentamos es diferente y sus dinámicas de violencia también. El homicidio es la más poderosa de esas dinámicas, y si bien hay que reconocer su disminución (-28%, 2018), hay que atender otros delitos de igual o mayor impacto en el tejido social como la desaparición de personas (+13.9%, 2018). Un delito silencioso que impacta menos en la percepción de violencia de una región pero que genera un profundo daño social.

El incremento de los desaparecidos en Sinaloa es tal que ya iguala a los asesinatos y que, a juzgar por los continuos hallazgos de cadáveres y la proliferación de colectivos de rastreadoras, se consolida como un problema complejo urgente y prioritario de atender por parte del gobierno estatal y federal.

Porque siempre, siempre, será de celebrar que menos personas sean asesinadas en la vía pública, pero no podemos cantar victoria si seguimos hallando muertos en fosas clandestinas.

El suicidio, un problema en aumento.

Tatiana Clouthier.

Hace unos días leí un texto de Savater en el que hacía referencia a un conocido autor que reflexionaba sobre la soledad. Parafraseo: “[…] quiero saber si puedes estar solo contigo mismo y si disfrutas de tu propia compañía en los momentos más vacíos”.

Estas palabras son pertinentes en un contexto en el que las cifras de suicidios van en aumento, sobretodo, en la población joven. En 2016, el suicidio fue la segunda causa de muerte de jóvenes en México. Los más vulnerables son hombres entre los diecinueve y los veinticuatro años, y las mujeres entre los quince y diecinueve años. Nuestros jóvenes se sienten solos.

¿Qué es esto de la soledad? Podríamos ponerle nombre a esa sensación de invisibilidad, vacío o, incluso, ausencia ante presencia. Para algunos representa un dolor tan fuerte que parece insoportable. Para otros, un pensamiento constante del sin sentido y sin razón de la existencia. Hay otras que la conciben con gran angustia.

Ante ello, ¿cómo hacer sentir al solitario que es posible cambiar este sentimiento? Hay algunas personas que afirman que con el sólo sentido de cambiar el pensamiento se puede y que, para ello, elementos como la música pueden ser un gran aliado. Para otros, tener espacios abiertos con Sol o, al menos, momentos en los que los rayos del Sol lleguen y nos calienten para cambiar químicamente nuestro estado de ánimo puede ser un alivio. También hay especialistas que aseguran que el ejercicio, aun tratándose de una simple caminata al aire libre, sirve para cambiar el estado de ánimo.

Existe, también, otro ámbito en el que, como sociedad, tenemos un deber con los demás. Si bien, la soledad puede ser provocada por cuestiones fisiológicas, en la mayoría de los casos hay causas sociales. La soledad para muchos, especialmente los jóvenes, puede ser ese abandono de la sociedad por faltas de oportunidades y por la brecha que existe entre sus expectativas y las posibilidades reales para alcanzar sus metas. En este contexto, toman especial relevancia programas del gobierno enfocados fundamentalmente a las juventudes. Ante la violencia y el narcotráfico resulta muy importante dar expectativas a los jóvenes de que existe un futuro por delante y que, a pesar de sus orígenes, está en sus manos alcanzar sus metas.

En fin, es importante reflexionar y pensar cómo hoy, ante tantas posibilidades de relacionarnos es posible que el sentimiento de soledad sea cada vez más común. Si algo realmente podemos hacer por el otro es llamarle, abrazarle, tomarlo en cuenta para acercarlo a la belleza de la humanidad y, así, alejarlo de la soledad.

¿Qué pasa Andrés Manuel?

Por Jorge Zepeda Patterson.

Me cuesta trabajo empatar al mandatario que oímos durante la toma de posesión, con el que hemos escuchado los últimos días. Hace cuatro meses Andrés Manuel López Obrador afirmó que deseaba ser un buen Presidente para todos los mexicanos, para los que habían votado por él y para los que no habían votado por él; su ejemplo era Benito Juárez, dijo, y aspiraba como el benemérito a convertirse en un verdadero estadista.

Pero no veo cómo un estadista cometería la bravuconería de mandar de nuevo los mismos doce candidatos para un comité de regulación que los senadores ya rechazaron porque sus perfiles carecían de experiencia mínima o de la imparcialidad requerida. Un acto que entenderíamos en Donald Trump, pero no en un jefe de estado que aseguró que gobernaría con todas las fuerzas políticas.

Tampoco veo a Benito Juárez llamando mascotas o animalitos a los pobres que necesitan ayuda. Hay razones morales, humanas y políticas para trabajar a favor de los que más necesitan, pero ningún político que se precie recurriría a las razones que se desprenden de las palabras del Presidente. Me recuerda el exabrupto de Vicente Fox cuando se refirió a las mujeres como lavadoras de dos patas en supuesta alusión meritoria a su laboriosidad, sin darse cuenta de la descalificación grosera que su frase entrañaba. Es obvio que López Obrador no pretendió ofender a los pobres, pero terminó haciéndolo. En Vicente Fox, un empresario lenguaraz metido a la política no extraña la falta de oficio. Pero resulta inexplicable que alguien que durante tantos años ha hablado de los pobres cometa un desliz tan absurdo. La compasión por los animalitos a la que se refiere nace del sentido de responsabilidad que debemos experimentar frente a un ser que de alguna manera es inferior a nosotros. Un lenguaje similar al que esgrimían los misioneros en la Colonia para proteger a los indígenas.

Y a propósito de la Colonia, tampoco me parece lógico que un mandatario tan comprometido con los profundos problemas que padece México tan consiente de las enormes dificultades que tiene por delante, se desgaste en infiernillos con el pleito gratuito que significa exigir públicamente una disculpa al Vaticano y a la corona española por las atrocidades cometidas en contra de las sociedades prehispánicas hace 500 años. Lázaro Cárdenas, otro de sus referentes, expropió el petróleo en respuesta al abuso de las transnacionales, pero no se metió en pleitos verbales innecesarios solo para darse la frívola satisfacción de enardecer a la tribuna.

Este sábado en un mitin sometió a consulta pública, mediante mano alzada, si debía o no contestar a Donald Trump, quien amenazó con cerrar la frontera en caso de que México no haga algo para detener las marchas de centroamericanos. Es un tema complejo y delicado que exige a nuestro mandatario a actuar con responsabilidad y prudencia. Por lo mismo resulta inquietante, por decir lo menos, que aborde el asunto entre chacoteos con tres o cuatro mil simpatizantes en una plaza de Poza Rica.

López Obrador fue un líder opositor responsable y leal a sus causas más profundas a lo largo de varias décadas. Se puede estar en desacuerdo con algunas de sus ideas o sus métodos, pero nadie le puede regatear una profunda entrega a sus causas y convicciones. Es desconcertante este súbito engolosinamiento con el poder que le lleva a exhibir arranques altaneros y perder el olfato político que siempre le caracterizó.

Durante muchos años habíamos estado esperando a que llegase a la presidencia una fuerza política capaz de dar prioridad al combate a la pobreza, a la desigualdad y la injusticia social. No tengo duda de que esas son las pulsiones fundamentales que han impulsado a López Obrador a lo largo de su carrera. Tomó posesión asegurando que tenía prisa por atacar estos problemas y convocó a todos los actores y fuerzas sociales y políticas a sumarse a la causa de México. Nos exhortó a creer que la 4T era posible porque haría un gobierno generoso y propositivo.

¿Por qué ahora este afán pendenciero, esta calificación de fifí a los que no piensan como o él, esta burla machacona, frívola y triunfalista cuando se había autodefinido como siervo de la Nación?

Durante treinta años López Obrador vio lo que el poder hizo con gobernadores y presidentes, quienes terminaron creyendo que la única verdad era el aplauso de sus públicos cautivos. Espero que esté en condiciones de reconocer las primera señales de lo que el poder pueda provocar en él y en contra de la oportunidad histórica que tiene en sus manos.

No necesariamente coincidía en todo lo que planteó aquél 1 de diciembre, pero extraño al Presidente de las primeras 24 horas y ciertamente no me enorgullezco del Presidente de los últimos días.

Andrés Manuel como Trump.

Raymundo Riva Palacio.

La relación de los medios de comunicación con el presidente Andrés Manuel López Obrador es cada vez más difícil. Se esperaba que sus conferencias de prensa mañaneras iban a ser un instrumento útil, donde transmitiría un mensaje sin intermediarios a sus gobernados y, al alimón, respondería las dudas de quienes procesan, ordenan, contextualizan y jerarquizan sus declaraciones, los medios de comunicación. Las cosas no han salido como se esperaba, quizás más frustrante y decepcionante para los medios que para él –quien finalmente cumple el objetivo de ocupar la mayoría de los espacios la mayoría del tiempo–, aunque en la última semana el presidente mostró señales de molestia con periodistas y subió el tono de sus insultos.

Varios periodistas lo han confrontado por la forma como estigmatiza y polariza a los medios, utilizando como peyorativos los calificativos de “fifís” y “conservadores”, y cada vez los medios le exigen respuestas a sus preguntas, no evasivas ni ataques. Las cosas apuntan a que empeorarán. Las advertencias sobre la polarización que crea el discurso del presidente contra medios y periodistas –algunos de los cuales identifica por nombre–, reflejo de su mecha corta y su carácter excluyente contra quien no esté incondicionalmente con él, van creciendo. Él se defiende: es su derecho de réplica.

La semana pasada el periodista Ciro Gómez Leyva abrió un debate en Radio Fórmula, donde varios abogados hablaron sobre este derecho. Dos posiciones reflejan la complejidad del tema. Por un lado, Fernando Gómez Mont, exsecretario de Gobernación, dijo que el presidente sí tiene derecho a la libertad de expresión, como reclama López Obrador, pero en momentos y espacios donde sea ciudadano y no en un marco institucional –como las mañaneras–, aunque en ningún espacio está facultado para dañar la moral de terceros. Daniel Cabeza de Vaca, exprocurador general, afirmó que el presidente tiene la obligación moral de hacerlo “en esta nueva dinámica” que vive nuestra sociedad.

Una tercera visión que cabe a partir de un concepto asimilado en el mundo pero poco debatido en México –de ahí la falta de bibliografía sobre el tema–, es que el presidente no tiene los mismos derechos que un ciudadano, en donde entran por definición los periodistas, más allá de la función social que realizan. Robert Sharp, un activista por la libertad de expresión en el capítulo inglés de PEN, una organización internacional de escritores, escribió en diciembre de 2016 sobre el presidente Donald Trump, que si bien la protección de la Primera Enmienda lo ampara, las restricciones sobre la libertad de expresión para un presidente son distintas a la de los ciudadanos.

Un caso básico es sobre los límites de la libertad. Si un ciudadano sin cargo público incita a la violencia, lo que es un delito, puede ser detenido y llevado ante la justicia, pero la policía no puede aprehender al presidente ni un juez procesarlo. “La libertad de expresión del presidente está constreñida a las realidades de la política”, apuntó Sharp. “La mayoría de los políticos están constreñidos por la cortesía y por aquellas políticas que se consideren aceptables por el electorado”. Esta línea, ciertamente, es muy tenue por la subjetividad que implica y por el tipo de formación del político. El presidente Barack Obama, recordó Sharp, se contuvo varias veces de hablar lo que pensaba para no ofender a un grupo de ciudadanos, lo que Trump, que no es político y que busca la controversia para elevar la atención en el tema que le interesa, no está acotado por esta consideración política. López Obrador se encuentra en esta categoría.

Es un presidente al que los parámetros de la presidencia, el gobierno y las instituciones le estorban para gobernar, y su interacción con los medios y periodistas, cuando no se trata de utilizarlos como vehículos de propaganda, se convierten en un obstáculo enfadoso. Trump ha sido consistente en su hostilidad hacia los medios. En un artículo publicado en el portal del Poynter Institute en enero de 2018, Indira A.R. Laksmanan recordó que ningún presidente disfruta la mirada crítica de los medios. “Pero ningún presidente antes de Trump se había enfrascado en una guerra con la prensa como esta, refiriéndose despectivamente de los periodistas como ‘mentirosos’, ‘vendedores de falsedades’ y ‘enemigos del pueblo’”.

Trump no ha argumentado, como López Obrador, el derecho de réplica. En una sociedad madura, el jefe de la Casa Blanca sería severamente criticado y puesto en la frontera de violaciones constitucionales. En México es distinto. El derecho de réplica del presidente, sea López Obrador o no, se puede dar dentro de los límites de la ley cuando un medio o un periodista dañen su reputación y fama pública como individuo, por ejemplo, con difamaciones o calumnias, o se entrometan en su vida privada. Pero cuando la crítica es sobre acciones y decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto, sobre los abusos y excesos de poder, ese derecho –que no lo limita a responder con datos y argumentos– queda limitado al no ser equitativo.

Todas las mañanas tiene un atril para lanzar infundios contra los medios y periodistas, con una exposición nacional que amplifica la forma como los mancilla con impunidad, porque nadie más tiene el mismo espacio para replicarlo. La libertad de expresión del presidente no contempla la provisión para denigrar a los medios, ni estimular con sus palabras linchamientos. Se puede argumentar que está en los linderos de violar la Constitución, que señala que “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas”, y de manera indirecta, por intimidación, rompe la línea de la legalidad al empujar la previa censura. El achicamiento de las libertades es real.

UIF congeló más de 3 mil millones por lavado durante la actual administración: Santiago Nieto

Santiago Nieto Carrillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que más de tres mil millones de pesos procedentes de actividades ilícitas han sido congelados en lo que va de la actualidad administración.

A través de su cuenta en Twitter, el funcionario indicó que “la #UIF ha congelado cuentas por más de tres mil millones de pesos por lavado de dinero en delitos de corrupción, tráfico de drogas y robo de hidrocarburos”.

@SNietoCastillo

 En lo que va de la actual administración la #UIF ha congelado cuentas por más de tres mil millones de pesos por lavado de dinero en delitos de corrupción, tráfico de drogas y robo de hidrocarburos.

Esta cifra contrasta con el monto bloqueado en diferentes cuentas en el sistema financiero durante la pasada administración, que de acuerdo con medios nacionales, alcanzó los 24 millones de pesos.

CORRUPCIÓN EN SECTOR SALUD

El pasado 4 de marzo, UIF informó que abrió 50 carpetas de investigación por la presunta comisión del delito de corrupción en el sector salud, en la compra de medicamentos durante el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto.

Su titular,Nieto Castillo, destacó el compromiso que hizo con el actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de iniciar las investigaciones correspondientes ante todas las denuncias, aún si involucran a funcionarios de administraciones anteriores.

“El modelo de riesgo nos permite detectar más o menos 50 casos con mayor incidencia, que son casos de corrupción relacionados con el sector salud”, informó el funcionario.

Nieto Castillo expuso que la dependencia inició las investigaciones por los delitos de defraudación fiscal, operaciones simuladas y confirmó que la próxima semana se darán avances al respecto.

Hoteleros de Guanajuato exigen frenar plataformas como Airbnb por afectar turismo en el estado.

El uso de plataformas de hospedaje como Airbnb y la percepción negativa de inseguridad, le han pegado al turismo en Guanajuato.

En rueda de prensa con líderes hoteleros de León, Guanajuato, Irapuato, Salamanca y Celaya, y el Diputado panista Miguel Ángel Salim, se expuso que hay una urgencia por regular los servicios que ofrecen plataformas de hospedaje.

En días anteriores los empresarios del sector enviaron una carta al Congreso Local para poner sobre la mesa el tema.

Al respecto, Salim adelantó que presentará una iniciativa a nombre de su grupo parlamentario.

Indicó que dados los acontecimientos recientes en Guanajuato capital, donde fallecieron tres jóvenes tras una explosión en una vivienda que se alquiló bajo la plataforma de hospedaje, los visitantes y turistas deben de recibir las mejoras condiciones en materia de seguridad y protección civil.

El Diputado dijo que en otras entidades ya existe la regulación en las plataformas. Incluso, aludió que en San Miguel de Allende se incluyó en su Ley de Ingresos, además el gobierno municipal estableció pláticas formales con personas de Airbnb.

“Creo que en este momento es adecuado, ya lo hemos comentado muchas veces, ya lo hemos comentado también con el sector, que no es una competencia muy leal que digamos porque evidentemente los hoteles hacen inversiones muy importantes tienen costos de operación todos los días, tengan o no tengan hospedaje”, señaló.

La siguiente semana, el legislador anunció que presentará la iniciativa para regularizar las plataformas de hospedaje, pues no cuentan con dictámenes de protección civil y no pagan impuestos.

@MiguelSalimGto

Atendiendo a los lamentables hechos ocurridos el pasado 18 de marzo y al llamado del sector hotelero y turístico del estado de Guanajuato, presentaré en el @CongresoGto, una iniciativa de control para las plataformas digitales de oferta hotelera. #SalimDaResultados

@MiguelSalimGto

La Ley de Establecimientos de Servicios de Hospedaje, obligará a estas aplicaciones a inscribirse en el registro digital y público de empresas comercializadoras o intermediarias que creará la Secretaría de Turismo y a contar con los permisos de uso de suelo que marca la norma.

La Ley de Establecimientos de Servicios de Hospedaje para el estado de Guanajuato, obligará a dichas aplicaciones a inscribirse en el registro digital y público de empresas comercializadoras o intermediarias que creará la Secretaría de Turismo y a contar con los permisos de uso de suelo de conformidad con la normativa establecida.

Salim expuso que la iniciativa plantea que se conforme un padrón que sea un registro de las personas físicas o jurídicas inscritas en cada plataforma de servicios y establecer mecanismos de control que permitan informar mensualmente el número total de transacciones realizadas por estas empresas de hospedaje.

Como parte de la metodología, el legislador propondrá que se conformen mesas de trabajo con el sector turístico y hotelero, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, que permitan fijar las normas de seguridad, protección, certeza y calidad, para prestadores y usuarios del servicio.

Por su parte, el Presidente de la asociación de Hoteles y Moteles en León, Juan Pablo Rocha, dijo que los servicios que se ofrecen son deficientes. Además de que representan una competencia desleal al sector.

“Entendemos que no es una competencia en la misma equidad, en condiciones fiscales, comerciales y jurídicas, uno de los casos es el incidente ocurrido en Guanajuato capital y creo que ahí tenemos muy en claro la importancia de esta regulación”, declaró.

Policías de Tamaulipas liberan 3 maquiladoras paralizadas por “grupos externos” en Matamoros.

El Gobierno de Tamaulipas realizó un operativo en tres plantas maquiladoras de la entidad para permitir el acceso a trabajadores afectados por paros que no contaban con “fundamento legal y y sin haber hecho siquiera emplazamiento de cualquier tipo ante autoridad laboral”.

La mañana de este domingo elementos de la policía antimotines del estado llevaron a cabo dicha acción, misma que “se realizó con la presencia de inspectores de la Secretaría del Trabajo, personal de la Secretaría de Desarrollo Económico así como de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y observadores”, informó el Gobierno tamaulipeco en un comunicado.

De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades, las plantas maquiladoras donde el acceso a trabajadores estaba restringido por “grupos externos” son: Avances Científicos de México, Mecalux Racks Metálicos y Flux Metals.

El acceso a dichas plantas había sido impedido desde hace varias semanas, “lo que representa paros ilegales debido a que no se tiene registro de que hayan presentado emplazamiento a huelga alguno en ninguna instancia laboral, ni cualquier otro procedimiento que sustente su acción”, informó el Gobierno estatal.

El desalojo se llevó a cabo atendiendo a una solicitud de trabajadores sindicalizados de dichas plantas, así como personal de confianza y directivos.

Las autoridades del Estado precisaron que durante la acción policial ningún elemento estuvo armado y “sólo se utilizó los implementos permitidos por la Ley”.

Diputados tratarán reforma educativa 'hasta que estemos de acuerdo': CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que hasta que esta no avale el dictamen de la reforma educativa (que incluye la abrogación de la vigente), el tema no se tocará en el pleno de la Cámara de Diputados.

Entrevistado por El Financiero, Wilbert Santiago, vocero de la Sección 22 de la CNTE, detalló: “(Los diputados) no van a sesionar el tema educativo en estos días hasta que se construya el acuerdo para la abrogación de la reforma educativa… hasta que se avale el acuerdo para que presenten sus reservas y presenten las modificaciones”.

El jueves pasado, luego de una reunión de seis horas en la Secretaría de Educación Pública, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, fue el primero en informar que el dictamen de la reforma educativa no subirá al Pleno de la Cámara de Diputados hasta que se agote el diálogo con los maestros de la CNTE.

“No tenemos intención de subir al Pleno la reforma educativa hasta que no se agote esta mesa de diálogo. Queremos que se lleven esa seguridad que no va a haber sorpresas para nadie. Vamos a agotar hasta el último minuto esta mesa de diálogo con ellos… No se va a someter a discusión y votación del Pleno de la Cámara hasta que no agotemos el diálogo con los maestros”, sostuvo al salir de la reunión.

Pese a lo anterior, los integrantes de la CNTE mantienen sus dudas, por lo que la Sección 22 analiza si regresa a la Ciudad de México mañana martes, a fin de evitar que se sesione el tema en dado caso de que se rompa el acuerdo, apuntó Wilbert Santiago.

El sábado pasado, la Coordinadora realizó su Asamblea Nacional Representativa, en la que se declaró “en alerta máxima” y se acordó intensificar las protestas y acciones contra el dictamen que ya se tiene.

Tras una reunión de ocho horas en la sede central de la Coordinadora en la Ciudad de México, se tomó la decisión de realizar una movilización el próximo viernes 5 de abril del Zócalo a la Cámara de Diputados, como medida de presión para abrogar totalmente la reforma educativa.

En esa asamblea también se determinó fortalecer el llamado de “alerta máxima” a todos sus contingentes para estar listos y llevar a cabo acciones inmediatas, si esto es lo que se requiere, por lo que no se descartan nuevos bloqueos a la Cámara de Diputados u otras acciones.

También pactaron para el 10 de abril un paro de 24 horas y marchas en Chiapas; el 11 de abril la exposición de proyectos universitarios autogestivos en el Zócalo de la Ciudad de México, y el 12 de abril una concentración y marcha para demandar el reconocimiento y presupuesto a universidades autogestivas, partiendo de la Cámara de Diputados al Zócalo y a la SEP.

Santiago recordó que el principal reclamo al dictamen que se aprobó el miércoles pasado, es la permanencia de los términos admisión, promoción y reconocimiento en el artículo tercero. “Señalamos el párrafo número 7 correspondiente al régimen de excepción que hemos denunciado”.

También está la exigencia del mejoramiento a las normales del país para eliminar cualquier tipo de examen de admisión de los nuevos maestros y que se permita el ascenso de forma escalonada.

“Es una de las demandas de la CNTE, la vigencia del normalismo, el fortalecimiento del normalismo para que se puedan atender inclusive todas las necesidades de personal que hemos presentado como Coordinadora Nacional… se está exigiendo que en el proceso de admisión no exista selección sino que se retome bajo el proceso escalafonario”, sostuvo.

Sin licitar, Iztapalapa pagó por cámaras 512% más de su valor.

El 18 de mayo de 2018, en plena campaña electoral, Dione Anguiano, titular de la entonces delegación Iztapalapa, otorgó, por adjudicación directa, un contrato por 62 millones 428 mil 742 pesos y 17 centavos.

El contrato, asentado bajo el número IZTP/DGA/AD-C17/149/2018, amparó la compra e instalación de 690 kits de cámaras de video de la marca Hikvision (cada kit con cuatro cámaras y otros aditamentos para su funcionamiento) por el que, de forma individual, se pagaron 77 mil 996 pesos y 93 centavos; en total, 53 millones 817 mil 881 pesos.

A esta cifra se le añadieron ocho millones 610 mil 861 pesos y siete centavos por concepto de IVA, con lo que la cantidad total pagada a la empresa Grupo IWC de México, SA de CV –la beneficiaria de este contrato–, por cada kit, fue de 90 mil 476 pesos y 43 centavos, siendo la cifra total pagada de 62 millones 428 mil 742 pesos y 17 centavos.

El Financiero consultó los precios de los productos adquiridos por Iztapalapa, por lo que solicitó a la empresa Cable Networks una cotización igual que la contratada por la alcaldía, que, el pasado 21 de marzo, la envió de forma electrónica y estableció un costo de 501 dólares y 70 centavos (nueve mil 783 pesos y 15 centavos tomando el tipo de cambio a 19.50 pesos por dólar).

Es decir, que Dione Anguiano, la exdelegada en Iztapalapa, pagó 80 mil 693 pesos y 28 centavos de más por cada uno de estos 690 kits.

Estos mismos aparatos (misma marca y modelo), en Amazon, tienen un costo, incluido un disco duro de 1Tb y las cuatro cámaras, de 4 mil pesos y no los 90 mil 476 pesos y 43 centavos que fueron desembolsados.

La empresa Cable Networks no incluyó su presupuesto de instalación, sin embargo, tres técnicos consultados por este diario señalaron que “a lo mucho esa instalación costaría entre 3 y 5 mil pesos cada kit”.

De esta forma, si se suma el costo de cada kit cotizado por Cable Networks (nueve mil 783 pesos y 15 centavos) y la cantidad máxima señalada por los técnicos (cinco mil pesos), el precio final hubiera sido 14 mil 783 pesos y 15 centavos, 75 mil 693 pesos y 28 centavos más baratos. Un sobreprecio de 512 por ciento.

El dinero con el que se adquirieron las cámaras provino de la Partida 4419 “Otras ayudas sociales a personas”, lo que impide rastrearlo.