viernes, 29 de marzo de 2019

La carta filtrada.


Raymundo Riva Palacio.

Por una razón de cultura tropical más que por conocimiento, las filtraciones periodísticas en México tienen una connotación negativa. Es cierto que durante más de dos décadas, las principales filtraciones han estado circunscritas a temas de violencia y narcotráfico, y que la mayoría de ellas han sido violatorias de la ley y servido para dañar, injusta e irreparablemente, famas públicas. Las filtraciones, sin embargo, son un subproducto de las democracias y los sistemas abiertos, al reflejar las tensiones dentro de un sistema de gobierno donde existen individuos y grupos que impulsan sus agendas o tratan de cambiar el destino de las políticas y su formulación mediante la ventilación de temas polémicos.

Las filtraciones permiten airear diseños de políticas para medir la opinión pública, como los llamados trial balloons, o han servido para desviar la atención de crisis, como el caso de Valerie Plame en el marco de la invasión a Irak. También han sido empleadas para golpear políticamente a adversarios, como la publicación de un estudio obsoleto sobre impuestos patrimoniales, para descarrillar la candidatura presidencial de José López Portillo, o para vanagloria de los gobernantes, como cuando se filtró que había rechazado el regalo de una mansión ofrecida por el gobernador mexiquense Carlos Hank González.

En los últimos días se abrió una acalorada discusión internacional por la revelación del exhorto del presidente Andrés Manuel López Obrador a España y el Vaticano para que ofrecieran disculpas por el avasallamiento de los pueblos originarios durante la Conquista de la Nueva España, donde la narrativa pública y política se le arrebató al maestro de la narrativa mexicana debido a una filtración. De acuerdo con una reconstrucción periodística, Javier Lafuente, corresponsal en México del diario madrileño El País, obtuvo la información de la carta el lunes temprano, y hacia las ocho de la mañana local, buscaron confirmar su veracidad en España, a través de Lucía Abellán, que cubre el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Para el mediodía, se tenía la confirmación de Madrid, pero no de Palacio Nacional. Ese mismo día se preparaba en Tabasco un evento en Centla, donde hace 500 años se dio la primera batalla de los pueblos originarios contra la fuerza invasora de Hernán Cortés, pero no había ninguna señal que se daría a conocer el envío de las cartas. El País decidió jugársela con la sola confirmación de España, y a las 13:05 horas en la Ciudad de México publicó en Twitter su exclusiva.

El metabolismo político cambió rápidamente. López Obrador iba a presidir una ceremonia de condecoración de marinos, y como había un tiempo muerto antes de ese evento, grabó un video en la zona arqueológica de Comalcalco, en Tabasco, cerca de Centla, junto con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. El presidente suspendió su gira, dejó plantados a los marinos, incluido al jefe de la Armada, y pospuso la ceremonia para abril. No se informó la razón de ello –la prensa que lo acompaña ya se encontraba en Frontera, donde iba a ser la ceremonia–, pero el contexto fue la bomba mediática-política que había explotado y un escándalo que estaba creciendo.

El gobierno español rechazó ofrecer disculpas y lamentó que una comunicación privada se hubiera hecho pública. El presidente López Obrador dijo el martes que la filtración no había salido de su gobierno, pero el miércoles admitió que la carta publicada por Reforma sí había sido entregada por una persona en su equipo de trabajo. No dio más detalles y nadie le pidió ahondar en esto, pero aquí se encuentra la clave de todo. El contenido de la carta tenía su propio espacio y tiempo para análisis y valoración en el gobierno español, pero darla a conocer fue el verdadero problema, porque no daba cabida a la negociación ni a encontrar los puntos de contacto para empatar los intereses binacionales.

La forma como se fue tropezando el presidente López Obrador en las explicaciones sobre la carta, permiten conjeturar razonablemente que no fue una filtración que haya autorizado o supiera de ella. Rectificar en 24 horas sobre el origen de la filtración subraya la asimilación de lo que sucedió hacia el interior de su equipo y deja entrever que hubo una investigación interna que, o encontró la fuente original de la indiscreción que provocó un diferendo diplomático, o las huellas que dejó el autor intelectual de la entrega de esta información, las tiene claras.

La filtración, deliberada o involuntaria, tuvo un impacto negativo en el presidente, a nivel nacional e internacional, y en lo privado, su esposa fue la depositaria de ese golpe por ser, dijeron personas que conocen los orígenes de la carta, la autora intelectual y promotora de la reivindicación indigenista. La señora Gutiérrez Müller, dicen quienes han visto su interacción con López Obrador, tiene todo el respeto del presidente y la escucha. Pocas veces tiene voto, agregan, pero en esta ocasión su influencia iba acompañada por los intereses personales del presidente.

El estar cerca de él, ser una persona con influencia e inherentemente poder, genera anticuerpos dentro del propio equipo presidencial, que como en todos los equipos de gobierno, lucha por espacios de poder. La pregunta entonces es a quién beneficia la filtración en el supuesto que fue intencionada. La respuesta tendrá que enmarcarse en quién tenía acceso a ese documento y se sentía con la fuerza suficiente para dársela a un medio, o pensó que podía salir con la suya. Si el presidente admitió que hubo esa filtración que desafía su autoridad, habrá que esperar para ver quién se desvanece de su círculo interno, es mandado al ostracismo o es perdonado.

Tres participantes del Consejo de Pemex presentarán su renuncia por diferencias con AMLO: WSJ


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Tres miembros del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) renunciarán por diferencias con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su estrategia para gestionar a la atribulada empresa petrolera, según un reporte de The Wall Street Journal.

Se trata de María Teresa Fernández, Carlos Elizondo y Octavio Pastrana, quienes se marcharían en cuestión de semanas, antes de que terminen sus periodos como consejeros en 2020 y 2022, respectivamente.

El Gobierno les ha pedido que se queden por lo menos hasta encontrar un reemplazo con el objetivo de no alterar a los mercados.

Así, López Obrador podrá nombrar a nuevos miembros independientes del Consejo para un total de 10 personas que aprueben su plan de negocios.

En el Consejo se encuentran la secretaria de Energía, Rocío Nahle y el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Dos terceras partes del Senado deben ratificar los nombramientos.

Las renuncias llegan en medio de preocupaciones sobre la salud financiera de la compañía y su plan de negocios.

Pemex, con una deuda de 103 mil millones de dólares a finales de 2018, vio degradada su calificación crediticia por Fitch Ratings en febrero a un grado del bono basura. Este mes Standard & Poor’s cambió su perspectiva de estable a negativa.

El acuerdo comercial México-EU-Canadá se tambalea: The Washington Post; quizás no salga en agosto.


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El esfuerzo del Presidente Donald Trump para volver a trabajar el acuerdo comercial con Canadá y México se tambalea por una variedad de enojadas quejas de legisladores demócratas y republicanos que no se comprometen a respaldar el plan.

“Trump llegó a un acuerdo con Canadá y México el año pasado para actualizar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica de 1994. Pero el Congreso debe aprobar el acuerdo, y la Casa Blanca no ha podido aplacar las crecientes quejas”, dice esta mañana The Washington Post.

Esto coincide con un creciente discurso agresivo de Trump contra México en la cercanía de las elecciones presidenciales. Ayer habló de “maldita frontra” y antier dijo que México “no hace nada” por la migración”.

Y el acuerdo comercial está atorado.

“El objetivo de la administración es lograr que el pacto se apruebe antes del receso anual de agosto del Congreso. No está claro si la línea de tiempo es realista. Pero retrasar la acción después del Día del Trabajo podría aumentar considerablemente el riesgo político debido a la aceleración de la campaña presidencial”, agrega.

En el último obstáculo, los senadores republicanos clave, incluido el presidente del Comité de Finanzas, Charles E. Grassley (republicano), comenzaron a insistir en que Trump levante las tarifas de acero y aluminio impuestas a Canadá y México como condición previa para cualquier voto en el Congreso, dice el diario estadounidense.

“Grassley dijo en una entrevista el jueves que había presentado el caso directamente a Trump en una reunión reciente, pero que el Presidente se negó a ceder. No obstante, Grassley predijo que Trump no tendría más remedio que rendirse si desea que el nuevo acuerdo TLCAN, una de las promesas de su campaña presidencial, avance”, agrega el Post.

Los principales asesores de Trump, incluido el Representante de Comercio de los Estados Unidos, Robert E. Lighthizer, se niegan a cancelar los aranceles hasta que Canadá y México acepten cuotas sobre sus exportaciones de metales. Las tarifas se impusieron el año pasado en respuesta a una inundación de acero chino que deprimió los precios globales y afectó la suerte de los fabricantes de acero estadounidenses.

“El gobierno ahora quiere cuotas como defensa alternativa contra envíos de China que se dirigen al mercado estadounidense a través de Canadá o México”, dice The Washington Post. “Pero para Canadá, también, las tarifas son el mayor punto de apoyo para considerar un acuerdo. El gobierno del Primer Ministro Justin Trudeau, debilitado por la controversia política interna, enfrenta a los votantes en octubre. La Cámara de los Comunes de Canadá tiene una ventana cada vez más estrecha para ratificar el acuerdo por su parte, y podría ser casi imposible si las tarifas se mantienen”.

El acuerdo comercial revisado, que Trump denomina USMCA, “requeriría que se ensamblaran más componentes de automóviles en América del Norte para evitar sanciones a las importaciones, imponer disposiciones salariales más altas, abrir el sector lácteo de Canadá e incluir reglas más estrictas para la propiedad intelectual y el comercio por Internet”, agrega el diario.

“El apoyo de los demócratas de la Cámara de Representantes sería crucial para que el nuevo acuerdo comercial avance, pero han planteado una serie de problemas. Algunos liberales han insistido en que el acuerdo no debe comenzar debido a una disposición relacionada con los medicamentos recetados, una postura inflexible que ha molestado a un grupo de sus compañeros demócratas que están más orientados hacia el libre comercio”, dice.

Nayarit eleva el 'halconeo' a delito.


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Diputados locales tipificaron el "halconeo" como delito en Nayarit y tendrá sanciones que van desde tres a siete años de prisión, y multas de 300 a 400 días, según lo establecido en la reforma al Artículo 216 Bis del Código Penal para el Estado de Nayarit.

Esta modificación establece que el halconeo se entenderá "como el acecho, vigilancia o cualquier acto encaminado a obtener y comunicar información a una agrupación delictiva sobre las acciones, y en general, las labores de elementos de seguridad" para favorecer la comisión de delitos y apoyar la huida de los delincuentes.

La medida también contempla que se incrementarán al doble las penas cuando sean utilizados menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad para realizar estas actividades.

Habrá penalidades de una mitad más de lo sentenciado, para quienes utilicen medios de transporte con concesión pública y hasta el doble de sanción para servidores públicos y quienes hayan pertenecido a cuerpos de seguridad, traslado de valores, el Ejército o la Marina, y lleven a cabo prácticas de halconeo o espionaje.

Lo mismo para aquellos que filtren información sensible de estos grupos de seguridad o gobierno.

Serán sancionadas las personas a quienes se les relacione con el hallazgo de uniformes, equipo de comunicación o distintivos de corporaciones policiales, militares y cualquiera otra de seguridad; así como escritos o mensajes que declaren relación con grupos criminales.

Se retirará voto a favor si se 'rasura' la reforma educativa, advierte oposición.


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Líderes parlamentarios del PRI, PAN, PRD y MC en San Lázaro advirtieron que retirarán su voto en favor del dictamen de la nueva reforma educativa, si el presidente Andrés Manuel López Obrador cede y acepta los “chantajes y exigencias absurdas” de la CNTE.

“Vamos con el dictamen como se acordó, como está, con los cambios para mejorar y no aceptaremos retroceder sólo para dar gusto a un grupo reducido que busca presionar y chantajear en busca de privilegios. Que el presidente dialogue con los maestros inconformes para llegar a acuerdos positivos, no para conceder todo lo que pidan”, opinó el coordinador de la bancada priista en San Lázaro, René Juárez.

Luego del ofrecimiento del presidente López Obrador ayer, de ordenar al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, que retire de la propuesta de reforma todo lo que se use de pretexto por los maestros inconformes para no avanzar en la reforma, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, adelantó que “el acuerdo estaría en riesgo, si se le hacen modificaciones a lo ya aprobado, sin consultar y sin el consenso de todos los partidos, sólo con el objetivo de ‘descafeinar’ la reforma para dar gusto a la CNTE”.

“Estamos en contra de un grupo minoritario que, a nosotros nos parece, la semana pasada fueron atendidas sus peticiones; ahora nos damos cuenta de ciertas exigencias en las que definitivamente nosotros no vamos a coincidir”, anticipó.

“Nosotros estamos trabajando en una reforma que priorice el interés superior de las niñas y niños, que puedan contar con profesoras y profesores como los hay muchos en este país, formados, capacitados y con compromiso. Por supuesto que rechazamos todas esas peticiones que tengan que ver con que el problema ahora se pueda reducir a 5 mil 500 plazas que puedan estar solicitando”, insistió.

Recalcó que “lo de su reclamo de las plazas nos parece muy delicado, en todo caso no conocemos sus propuestas que tengan que ver en ese tema; es decir, con qué concepto, en qué artículos, en qué forma”.

El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, sostuvo que “no es posible que el Poder Ejecutivo tome decisiones ni intervenga por encima del Poder Legislativo. El dictamen ya se aprobó y la idea es mejorar la educación, no aceptar presiones de nadie. Si hay cambios en los temas centrales, como la evaluación y el control de plazas, obviamente no vamos con la reforma”.

“Hoy, como está, en esencia estamos de acuerdo, aunque hay polémica en el caso del XVI transitorio; lo demás no. Hay evaluación de admisión y de promoción, el dictamen así lo contiene”, precisó.

Tonatiuh Bravo, jefe de la bancada de MC, también coincidió en que “no habrá acuerdo para avalar en el pleno un dictamen si se busca hacerle modificaciones por la puerta trasera, en las leyes secundarias. Estaremos muy atentos”.

Diferencias de la reforma educativa de Peña vs. la de AMLO, según Esteban Moctezuma.


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Esteban Moctezuma, secretario de Educación, comparó este viernes la reforma educativa aprobada en 2013 durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto con la iniciativa propuesta por el mandatario Andrés Manuel López Obrador.

El funcionario, quien recibió la instrucción del presidente de aclarar a las "organizaciones magisteriales" los cambios hechos, señaló que la presentación era un resumen somero de las diferencias entre ambas propuestas.

-La reforma educativa de 2013 habla de "evaluaciones punitivas" que ponían en riesgo la permanencia de los educadores.

En la nueva iniciativa, este tipo de examen queda abrogado.

-Antes se proponía una evaluación estandarizada y homogénea para todos los profesores. "Se le preguntaba lo mismo a un maestro de Monterrey que uno de Motozintla, Chiapas", ejemplificó Moctezuma.

En la reforma de López Obrador se propone un enfoque regional y local.

-Con la iniciativa de 2013 se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) con la que se impulsaba una evaluación coercitiva de los maestros.

La propuesta de la administración actual elimina este organismo y, dijo Moctezuma, se revalora al magisterio al darle en la Constitución una posición de "agente de transformación nacional".

"Para ellos un nuevo derecho, un sistema voluntario para la mejora continua a través de la formación y actualización ligada a la promoción", señaló.

-La reforma de 2013 estaba orientada hacia el mercado, mientras que la actual promueve una educación pública, gratuita e integral desde la educación inicial hasta la superior.

-La iniciativa del Gobierno anterior creó el Servicio Profesional Docente con el que Moctezuma dijo que "hubo una invasión de los derechos" de los maestros al afectar su estabilidad laboral.

En el caso de la nueva propuesta, se promueve un sistema de promoción de las maestras y maestros, con escalafones vertical y horizontal.

-La reforma educativa de 2013 tenía una visión centralizada de la educación, mientras que la nueva habla sobre un carácter regionalizado, pluricultural y étnico.

-El anterior Gobierno promovió un sistema perverso que no cumplió con el que se desviaron recursos para la contratación de maestros.

La reforma de López Obrador opta por la transparentación de las plazas y el presupuesto para los educadores, con lo que se combatirá la corrupción, dijo Moctezuma.

-La iniciativa de 2013 fue calificada como "mal llamada reforma educativa" porque fue parcial y de corte administrativo. Moctezuma dijo que recibió quejas de profesores que aseguraban invertir mucho tiempo en trámites, mientras que la nueva promoverá una facilidad en los trámites.

-En la reforma educativa de López Obrador se prioriza la educación especial para los pueblos indígenas, dejadas de lado por la administración anterior, de acuerdo con Moctezuma.

-La nueva propuesta destaca que no puede haber calidad educativa si antes no existe una equidad en el sistema. En la propuesta de 2013 solo se hablaba de calidad.

Sobre esta información, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que se podría imprimir en volantes que sean repartidos entre los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

"¿Qué ofrecemos? Si hace falta más información, diálogo, mano abierta, franca y no puño cerrado (con los maestros). Nada de represión", remarcó.

Julio Astillero - Trump amenaza con cerrar la “maldita frontera” con México.


Jesús Esquivel - Trump se queja de AMLO por centroamericanos y, la extraña visita de Wray.


Autoridades federales desaparecen el único programa de apoyo a jornaleros agrícolas.


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Por Andrea Vega.

En México, los jornaleros agrícolas están expuestos a ser víctimas de abusos que van desde irregularidades en el pago de sus salarios, jornadas laborales superiores a las ocho horas y condiciones de explotación que se han normalizado, tal como lo documenta el primer informe de violaciones a derechos de la Red de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas (REJJA). A pesar de esa situación, el gobierno federal ordenó la desaparición del único programa de apoyo a estos trabajadores.

A Soledad le quedan las manos blancas después de solo media hora de estar cortando pepino. Es por los fertilizantes y agroquímicos que se usan para su producción. Lo que ya no le deja rastro son las espinitas de la planta. A los novatos les provocan comezón y ardor, a ella las manos se le han curtido.

La jornalera podría usar guantes para no tener contacto con los agroquímicos, pero los tendría que comprar. La empresa donde se emplea no se ocupa de dar a sus trabajadores ni los botes donde van poniendo la cosecha, hasta esos tienen que llevarlos ellos mismos. Además, traer guantes entorpecería sus dedos, y aquí hay que cortar mucho para ganar “más o menos”. El pago de Soledad es a destajo: 4.50 pesos por bote. Al día hace unos 50, para una paga por jornada de 225 pesos.

La población jornalera son en su mayoría Indígenas o habitantes de las comunidades más pobres y rezagadas, donde no hay opciones viables de empleo. Pese a eso, la administración federal no solo no ha definido una política pública para atenderlos, sino que ahora ha desaparecido el único programa que existía, desde hace 30 años, dirigido a mejorar sus condiciones de vida.

En el campo donde trabaja Soledad, en Colima, hay un grupo de jornaleros adolescentes. Se encuentran sus hijas, de 17, 15 y 13 años. La ley dice que no deberían trabajar, pero nadie lo impide. La familia lleva más de 20 años migrando. Aunque antes solían volver a su comunidad, hace ya cinco años que no lo hacen. Los ciclos agrícolas los han llevado por varios estados sin regreso a casa.

Solo este año han estado ya en tres entidades. Los hijos de Soledad y su esposo no han ido mucho tiempo a la escuela. Los menores no la han pisado nunca, los más grandes tuvieron que dejarla. Al migrar de un lado a otro, no hay ninguna institución que los acepte.

Para solucionar el problema de vivienda, las familias jornaleras habitan en galeras dentro de los campos o rentan o habilitan espacios, que por lo general tienen condiciones físicas deficientes. Son casas semi construidas, bodegas donde no hay los servicios básicos como drenaje, agua entubada o sanitarios.

En el informe, se documenta que en San Luis Potosí, en mayo de 2018, en el municipio de Villa de Arista, se encontró una casa que, según lo dicho por los jornaleros y jornaleras entrevistadas, es propiedad del contratista del rancho donde trabajan, el Santa Yolanda. Es una casa de dos plantas con cinco habitaciones y tres baños, dos no tienen techo ni puertas. Ahí habitan unas 90 personas. El lugar no tiene camas. Todos duermen sobre cartones, en espacios sin ventilación ni iluminación.

Otra opción para los jornaleros son los albergues públicos o semiprivados. En su informe de violaciones a derechos, la REJJA señala que, en 2015, había 118 administrados a nivel federal por la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y 850 de manera mixta, con una participación importante de productores del sector agropecuario y los propios jornaleros. Pero la mayoría de estos albergues no cuenta con buenas condiciones de infraestructura ni con servicios adecuados.

Hasta ahora no ha habido una política pública que resuelva los problemas de educación, salud y vivienda que enfrenta este sector. De 1990 a 2018 operó el Programa de Apoyo a Trabajadores Jornaleros Agrícolas (PAJA), a cargo de la hoy llamada Secretaría del Bienestar. Pero en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año (PEF) 2019, ya no aparece.

Esto, pese a que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) registra que en el segundo trimestre de 2017 había 2 millones 990 mil 049 jornaleros, de los cuales 10 % eran mujeres. A esa cifra hay que sumarle el de las familias que los acompañan, entonces el número de quienes migran a los campos agrícolas crece hasta 9 millones, de acuerdo a cifras de Antonieta Barrón, académica de la Facultad de Economía de la UNAM, quien desde hace 30 años hace investigación sobre el tema de los jornaleros agrícolas en México.

Los estados que más expulsan migrantes son Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, además de Jalisco y Guanajuato. Las entidades que más reciben son Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Pero también Coahuila, Chihuahua y Nuevo León están atrayendo jornaleros.

El 18 de febrero, ante la desaparición del PAJA y lo que parece una falta absoluta de política pública, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas le dirigió una carta a María Luisa Albores, titular de la Secretaría del Bienestar, en la que le hicieron una pregunta básica: ¿cómo será la atención a estos trabajadores, en cada una de estas condiciones: género, movilidad, edad y condición étnica?

La única respuesta que han recibido hasta ahora les llegó vía mail a nombre de Luis Carlos Chávez, director general adjunto de Enlace Social y Atención Ciudadana de la Secretaría de Bienestar, quien pasó la responsabilidad de dar respuesta a la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios para que “estudie el asunto y busque una solución a la petición”.

El Programa de Apoyo a Trabajadores Jornaleros Agrícolas estaba adscrito a la Secretaría de Bienestar. Su objetivo era reducir las condiciones de vulnerabilidad de estos trabajadores con servicios de salud, educación y con la construcción y el manejo de albergues.

En su origen, documenta la Red de Jornaleros en su carta a Albores, “este programa se distinguió por la integralidad de sus acciones, la existencia de redes de promoción social y la participación organizada de la población. Aunque admitimos que al cabo de los años el diseño original se fue transformando hasta simplificarse”, subraya la misiva.

De acuerdo al informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), durante el sexenio pasado, el presupuesto del PAJA se fue reduciendo al pasar de 270 millones de pesos en 2012 a 213 millones en 2017, cuando atendió a 76 mil personas.

Hace años –afirma Isabel Margarita Nemecio, coordinadora general de REJJA– este programa ejercía mucho la promoción social, incluso había trabajadoras sociales en los ranchos. Eran el enlace con los jornaleros. “Su labor permitía acciones muy concretas, desde tener un padrón de trabajadores, hasta darles atención médica si había un accidente o resolver cuestiones de su alimentación. Hoy esas figuras ya no existen”.

Otro elemento que dependía en parte de los recursos del PAJA eran los albergues en zona de destino o estados receptores y las Unidades de Servicios Integrales, USI, donde los jornaleros podían llegar antes de salir a los estados o quedarse a habitar en los destinos. Esos espacios garantizaban también tener un censo de la población jornalera. “Aunque en el último sexenio, muchos de estos albergues ya no tenían ni mantenimiento, ni rehabilitación, ni promoción social”.

La mayor precarización del PAJA sucedió en los últimos tres años del sexenio de Enrique Peña Nieto cuando todo se redujo a unos cuantos subsidios, que no quedaban muy claros. “En el tema de apoyos para movilidad laboral de Sedesol, se empadronaba a los trabajadores, pero nunca quedaba claro a quiénes se les otorgaba el recurso. Mucha población que supuestamente eran beneficiarios, recibieron el papel con su folio de que habían sido registrados, pero nunca les llegó el apoyo”, afirma Nemecio.

El programa tenía ya muchas fallas, “pero no era para desaparecerlo, lo que debían haber hecho es mejorarlo”, advierte Barrón. La Secretaría del Bienestar, agrega la investigadora de la UNAM, ha dicho públicamente que la atención a estos trabajadores se incluirá en los programas para población indígena, pero solo el 60 % de ellos lo son, “quién y cómo atenderá al otro 40 %, cuál va a ser la política pública para mejorar las condiciones de todos estos jornaleros, no lo sabemos, no hay ninguna claridad sobre eso”.

Animal Político solicitó una entrevista a la Secretaría de Bienestar para saber cómo atenderá a la población jornalera agrícola, pero no obtuvo una respuesta a la petición.