Autoridades federales desaparecen el único programa de apoyo a jornaleros agrícolas.

Por Andrea Vega.

En México, los jornaleros agrícolas están expuestos a ser víctimas de abusos que van desde irregularidades en el pago de sus salarios, jornadas laborales superiores a las ocho horas y condiciones de explotación que se han normalizado, tal como lo documenta el primer informe de violaciones a derechos de la Red de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas (REJJA). A pesar de esa situación, el gobierno federal ordenó la desaparición del único programa de apoyo a estos trabajadores.

A Soledad le quedan las manos blancas después de solo media hora de estar cortando pepino. Es por los fertilizantes y agroquímicos que se usan para su producción. Lo que ya no le deja rastro son las espinitas de la planta. A los novatos les provocan comezón y ardor, a ella las manos se le han curtido.

La jornalera podría usar guantes para no tener contacto con los agroquímicos, pero los tendría que comprar. La empresa donde se emplea no se ocupa de dar a sus trabajadores ni los botes donde van poniendo la cosecha, hasta esos tienen que llevarlos ellos mismos. Además, traer guantes entorpecería sus dedos, y aquí hay que cortar mucho para ganar “más o menos”. El pago de Soledad es a destajo: 4.50 pesos por bote. Al día hace unos 50, para una paga por jornada de 225 pesos.

La población jornalera son en su mayoría Indígenas o habitantes de las comunidades más pobres y rezagadas, donde no hay opciones viables de empleo. Pese a eso, la administración federal no solo no ha definido una política pública para atenderlos, sino que ahora ha desaparecido el único programa que existía, desde hace 30 años, dirigido a mejorar sus condiciones de vida.

En el campo donde trabaja Soledad, en Colima, hay un grupo de jornaleros adolescentes. Se encuentran sus hijas, de 17, 15 y 13 años. La ley dice que no deberían trabajar, pero nadie lo impide. La familia lleva más de 20 años migrando. Aunque antes solían volver a su comunidad, hace ya cinco años que no lo hacen. Los ciclos agrícolas los han llevado por varios estados sin regreso a casa.

Solo este año han estado ya en tres entidades. Los hijos de Soledad y su esposo no han ido mucho tiempo a la escuela. Los menores no la han pisado nunca, los más grandes tuvieron que dejarla. Al migrar de un lado a otro, no hay ninguna institución que los acepte.

Para solucionar el problema de vivienda, las familias jornaleras habitan en galeras dentro de los campos o rentan o habilitan espacios, que por lo general tienen condiciones físicas deficientes. Son casas semi construidas, bodegas donde no hay los servicios básicos como drenaje, agua entubada o sanitarios.

En el informe, se documenta que en San Luis Potosí, en mayo de 2018, en el municipio de Villa de Arista, se encontró una casa que, según lo dicho por los jornaleros y jornaleras entrevistadas, es propiedad del contratista del rancho donde trabajan, el Santa Yolanda. Es una casa de dos plantas con cinco habitaciones y tres baños, dos no tienen techo ni puertas. Ahí habitan unas 90 personas. El lugar no tiene camas. Todos duermen sobre cartones, en espacios sin ventilación ni iluminación.

Otra opción para los jornaleros son los albergues públicos o semiprivados. En su informe de violaciones a derechos, la REJJA señala que, en 2015, había 118 administrados a nivel federal por la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y 850 de manera mixta, con una participación importante de productores del sector agropecuario y los propios jornaleros. Pero la mayoría de estos albergues no cuenta con buenas condiciones de infraestructura ni con servicios adecuados.

Hasta ahora no ha habido una política pública que resuelva los problemas de educación, salud y vivienda que enfrenta este sector. De 1990 a 2018 operó el Programa de Apoyo a Trabajadores Jornaleros Agrícolas (PAJA), a cargo de la hoy llamada Secretaría del Bienestar. Pero en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año (PEF) 2019, ya no aparece.

Esto, pese a que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) registra que en el segundo trimestre de 2017 había 2 millones 990 mil 049 jornaleros, de los cuales 10 % eran mujeres. A esa cifra hay que sumarle el de las familias que los acompañan, entonces el número de quienes migran a los campos agrícolas crece hasta 9 millones, de acuerdo a cifras de Antonieta Barrón, académica de la Facultad de Economía de la UNAM, quien desde hace 30 años hace investigación sobre el tema de los jornaleros agrícolas en México.

Los estados que más expulsan migrantes son Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, además de Jalisco y Guanajuato. Las entidades que más reciben son Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Pero también Coahuila, Chihuahua y Nuevo León están atrayendo jornaleros.

El 18 de febrero, ante la desaparición del PAJA y lo que parece una falta absoluta de política pública, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas le dirigió una carta a María Luisa Albores, titular de la Secretaría del Bienestar, en la que le hicieron una pregunta básica: ¿cómo será la atención a estos trabajadores, en cada una de estas condiciones: género, movilidad, edad y condición étnica?

La única respuesta que han recibido hasta ahora les llegó vía mail a nombre de Luis Carlos Chávez, director general adjunto de Enlace Social y Atención Ciudadana de la Secretaría de Bienestar, quien pasó la responsabilidad de dar respuesta a la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios para que “estudie el asunto y busque una solución a la petición”.

El Programa de Apoyo a Trabajadores Jornaleros Agrícolas estaba adscrito a la Secretaría de Bienestar. Su objetivo era reducir las condiciones de vulnerabilidad de estos trabajadores con servicios de salud, educación y con la construcción y el manejo de albergues.

En su origen, documenta la Red de Jornaleros en su carta a Albores, “este programa se distinguió por la integralidad de sus acciones, la existencia de redes de promoción social y la participación organizada de la población. Aunque admitimos que al cabo de los años el diseño original se fue transformando hasta simplificarse”, subraya la misiva.

De acuerdo al informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), durante el sexenio pasado, el presupuesto del PAJA se fue reduciendo al pasar de 270 millones de pesos en 2012 a 213 millones en 2017, cuando atendió a 76 mil personas.

Hace años –afirma Isabel Margarita Nemecio, coordinadora general de REJJA– este programa ejercía mucho la promoción social, incluso había trabajadoras sociales en los ranchos. Eran el enlace con los jornaleros. “Su labor permitía acciones muy concretas, desde tener un padrón de trabajadores, hasta darles atención médica si había un accidente o resolver cuestiones de su alimentación. Hoy esas figuras ya no existen”.

Otro elemento que dependía en parte de los recursos del PAJA eran los albergues en zona de destino o estados receptores y las Unidades de Servicios Integrales, USI, donde los jornaleros podían llegar antes de salir a los estados o quedarse a habitar en los destinos. Esos espacios garantizaban también tener un censo de la población jornalera. “Aunque en el último sexenio, muchos de estos albergues ya no tenían ni mantenimiento, ni rehabilitación, ni promoción social”.

La mayor precarización del PAJA sucedió en los últimos tres años del sexenio de Enrique Peña Nieto cuando todo se redujo a unos cuantos subsidios, que no quedaban muy claros. “En el tema de apoyos para movilidad laboral de Sedesol, se empadronaba a los trabajadores, pero nunca quedaba claro a quiénes se les otorgaba el recurso. Mucha población que supuestamente eran beneficiarios, recibieron el papel con su folio de que habían sido registrados, pero nunca les llegó el apoyo”, afirma Nemecio.

El programa tenía ya muchas fallas, “pero no era para desaparecerlo, lo que debían haber hecho es mejorarlo”, advierte Barrón. La Secretaría del Bienestar, agrega la investigadora de la UNAM, ha dicho públicamente que la atención a estos trabajadores se incluirá en los programas para población indígena, pero solo el 60 % de ellos lo son, “quién y cómo atenderá al otro 40 %, cuál va a ser la política pública para mejorar las condiciones de todos estos jornaleros, no lo sabemos, no hay ninguna claridad sobre eso”.

Animal Político solicitó una entrevista a la Secretaría de Bienestar para saber cómo atenderá a la población jornalera agrícola, pero no obtuvo una respuesta a la petición.