Raymundo Riva Palacio.
El manotazo sobre la mesa del secretario de la Defensa, el
general Salvador Cienfuegos, para apurar una legislación sobre seguridad
interna, despabiló al presidente y al secretario de Gobernación y los obligó,
por lo menos por ahora, a tomar en serio el tema de la seguridad pública, en el
entendido de que con discursos y alegorías de victoria no se dobla a los
criminales, sino con leyes, acciones concretas, decisión y voluntad política. ¿Se acabarán cuatro años de discursos
triunfadores para ocultar los magros resultados en el combate a los
delincuentes? Seguramente la retórica seguirá, pero bajo condiciones distintas.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, lo reconozca de esta forma o no,
está perdiendo la batalla contra el crimen organizado en las calles mexicanas,
y a la opinión pública en los medios de comunicación. Combinación tóxica para
el último tercio de la administración.
Tan fuerte fue la llamada de atención del general
Cienfuegos, que en Los Pinos tomaron la decisión de improvisar una reunión del
Consejo Nacional de Seguridad Pública este martes, para lo cual, con sólo 48
horas de antelación, convocaron a los gobernadores del país para estar
presentes en la Ciudad de México. No les informaron sobre los puntos de la
agenda para el improvisado encuentro, con lo cual el gobierno cerró la primera
fase del control de daños después de que el jefe de las Fuerzas Armadas dijo
hace dos semanas que los soldados no estaban para fungir como policías, sino
para defender la seguridad nacional. Retomando una parte del mensaje del
general, el presidente y el secretario
Miguel Ángel Osorio Chong echaron la responsabilidad de la creciente
inseguridad a los gobernadores, los alcaldes y sus policías.
Varios gobernadores
expresaron, en privado, su molestia con el presidente y el secretario al
responsabilizarlos del incremento delictivo, olvidando que en el diseño
original del gobierno de Peña Nieto para el combate a los criminales, se
establecía que en la coordinación por parte del secretario de Gobernación,
pivote del éxito de la estrategia, estaba la solución al fenómeno. El tiempo
mostró que los delincuentes se comieron los tacos de lengua del secretario,
quien, junto con el presidente, tuvo que reconocer, cuatro años después, que
sus esfuerzos han sido insuficientes. No hay autocrítica, se quejan varios
gobernadores, pero cuando menos, empujado por el discurso del general
Cienfuegos, mostró el presidente otro interés para atacar las deficiencias y
carencias de las policías municipales. Un
nuevo modelo policial es lo que planteó Peña Nieto este martes, acompañado por
el marco jurídico que ello necesite. Su gobierno, por encima de todo, es quien
más necesita ese nuevo esquema.
La delincuencia los
está doblegando. Al arrancar la semana, el presidente afirmó que en 2015 hubo
menos homicidios dolosos (medidos por denuncias) que en el último año del
presidente Felipe Calderón. Si bien es cierto, cuando se suman los primeros
cuatro años de gobierno de cada una de esas administraciones, en la de Peña
Nieto hubo un incremento total de casi 20 por ciento. No mintió el presidente,
pero acomodó las cifras para maquillar resultados. El homicidio doloso es
cuando el criminal es alevoso y conoce los elementos de tipo penal que implican
delito, contra el homicidio culposo, que se da en defensa propia y no hay una
actitud dolosa por parte del agredido.
En el último año de Calderón, las denuncias de homicidios
dolosos llegaron a 21 mil 736, y empezaba el decrecimiento que había anticipado
en 2010 (en 2011 la cifra fue de 22 mil 852 denuncias). En 2015, las denuncias
sumaron 17 mil tres, y durante los primeros 11 meses de 2016 las denuncias
toparon a 20 mil 476. Es decir, la tendencia a la baja que les dejó Calderón
fue mantenida por el gobierno de Peña Nieto en 2013 (18 mil 332 denuncias) y en
2014 (15 mil 653), pero el fenómeno inercial reventó en 2015, cuando se dio un
repunte de 8.8 por ciento con relación al año previo. La tendencia al cierre de
2016 sugería que las denuncias rebasarían 17 mil, con lo cual el incremento sería
de 21.1 por ciento, la cifra más alta del sexenio peñista.
El presidente y el secretario de Gobernación tuvieron que
admitir el repunte de la violencia y la inseguridad, tras haberse registrado,
de enero a octubre, un incremento de mil 381 denuncias de homicidio doloso
contra el mismo periodo de 2015. En 21 entidades hubo un incremento en las
denuncias, donde Guerrero, Guanajuato y Puebla fueron los estados de mayor
violencia, contra Chihuahua, Michoacán y Coahuila que es donde se registró el
menor número. En los primeros 11 meses del año el mayor número de denuncias,
contra el mismo periodo de 2015, se dio en Veracruz, Michoacán y Colima,
mientras que el menor número se registró en Quintana Roo, Coahuila y Chiapas.
El presidente Peña Nieto dijo este martes que la violencia y
la inseguridad eran grandes retos para su gobierno. Más que eso. La tasa de
homicidios por cada 100 mil habitantes disminuyó 6.0 por ciento de 2011 a 2012,
mientras que se elevó la tasa de 2014 a 2015 en 7.5 por ciento, y la proyección
para 2016 es de un incremento de 19 por ciento. Peña Nieto, a través de sus voceros, ofreció acabar con la violencia
en los primeros tres meses de su gobierno. Cuarenta y ocho meses después, esa
afirmación resultó baladí.
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