Enrique Peña Nieto
pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anular un decreto que
prohíbe los cultivos con organismos genéticamente modificados (OGM) en el
estado de Yucatán, informó Reforma.
Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia, promovió el pasado martes 13 de diciembre
una controversia constitucional para solicitar la invalidez del decreto
impulsado por el gobernador priista Rolando Zapata Bello, promulgado el 26 de
octubre, con el que se declara a Yucatán “zona libre de cultivos transgénicos”
y ordena la promoción de los cultivos orgánicos.
Un ministro de la
Corte admitió a trámite la controversia dos días después, pero se negó a
conceder una suspensión del decreto de Zapata Bello mientras se tramita el
juicio.
Con el decreto, el mandatario yucateco habría invadido
atribuciones del Congreso de la Unión, que reguló el tema desde 2005 mediante
la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, cuya aplicación
corresponde a dependencias federales.
La intervención de la SCJN en el caso servirá para aclarar
cuáles son los límites de las atribuciones de los gobiernos locales en el tema
de transgénicos –si es que tienen alguna–, sin hacer pronunciamientos sobre las
polémicas científicas y ambientales que genera el uso de este tipo de semillas,
destacó el diario.
Los litigios contra
el cultivo de soya transgénica iniciaron en 2011, cuando la Secretaría de
Agricultura —dependencia facultada por el Congreso—, autorizó a la empresa
Monsanto liberar dicha planta en 253 mil hectáreas de Yucatán, Campeche y la
planicie Huasteca.
Según apicultores, la
siembra puede afectar la producción de miel porque las abejas polinizan la flor
de soya y transportan ese polen transgénico a la miel. Ante el temor de que la
miel fuera rechazada en Europa, uno de sus principales mercados, promovieron
amparos contra el permiso.
En noviembre de 2015,
la Segunda Sala de la Suprema Corte anuló el permiso a Monsanto, porque la
Sagarpa no respetó el derecho de consulta previa a las comunidades indígenas,
aunque acotó el amparo “únicamente a las comunidades donde radican las personas
físicas quejosas”, en siete municipios, no a todo el territorio estatal.
Según el decreto, Sagarpa ya ha autorizado la liberación
comercial a Monsanto en un millón 56 mil hectáreas en Yucatán.
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