Raymundo
Riva Palacio.
Todo lo que
se puede hacer está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador para
capitalizar Pemex y persuadir a los mercados y a las calificadoras de que la
ingeniería financiera que se le aplica le permitirá salir del hoyo en el que se
encuentra. No ha regateado nada para que no le bajen el grado de inversión, que
arrastraría la deuda soberana y con ello al país entero. El esfuerzo del
presidente es muy importante, pero están olvidando importantes detalles en
Palacio Nacional que no tienen que ver con lo cual comulga, la lucha contra la
corrupción, sino con un aspecto que no han visto con claridad: la estrategia
para limpiar al país también puede destruirlo.
Expliquémonos,
para que no haya duda. La lucha contra la corrupción debe profundizarse para
desterrarla de Pemex o de donde se encuentre. Pero no debe plantearse como si
lo que estuviera corrupto es la institución. ¿Es Pemex la corrupta o son
corruptas/corruptos sus funcionarios? La forma como el gobierno está
desdoblando el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, al que se acusa por
lavado de dinero, lo ha rebasado. No es él presunto responsable de un delito
grave, sino la institución. Lozoya, en la ruta seguida, es más chico que Pemex,
y la empresa estatal es el primer blanco para fumigar. Por ello, el fiscal
general Alejandro Gertz Manero inició investigaciones sobre el Consejo de
Administración, que tomaba las decisiones estratégicas, y sobre PMI Comercio
Internacional, que es una filial de Pemex registrada en Houston, para
comercializar el petróleo mexicano en el exterior. Mucho cuidado.
Mezclar
personas con instituciones suele ser un problema semántico mexicano, y estamos
tan acostumbrados a ello que no hacemos distinciones. Existen y, en el caso
Lozoya, son fundamentales. Si permea en el mundo que la corrupción de la que
acusan a Lozoya fue por un problema sistémico, y que en la principal empresa
del Estado existía un mecanismo para robar a la nación, el menor problema será
Lozoya, o el expresidente Enrique Peña Nieto, o el exsecretario de Hacienda,
Luis Videgaray, o todos los integrantes del Consejo de Administración de Pemex.
El problema será del país, del gobierno y, como consecuencia, de los mexicanos,
porque sería Pemex a quien se le señalaría como corrupta y, mientras se
deslindan responsabilidades, la apretarían financieramente en el mundo.
Un ejemplo
para analizar es el de Petróleos de Venezuela, conocida por su acrónimo PDVSA,
cuya crisis fue resultado de la corrupción de la burocracia, tanto civil como
militar, que hicieron negocios a cambio de comisiones con empresarios locales.
Los actos de corrupción propiciaron un descuido en la actividad petrolera
venezolana, donde la falta de inversión en la producción propició la caída de
su plataforma petrolera y el incremento en los costos de administración. Las
ganancias de PDVSA no alcanzaban para reanimar la empresa, ante el tipo de
componendas que tenían sus directivos con empresarios, que resultaban
beneficiados por el tipo de contratos que les daban los ejecutivos venezolanos
a cambio de sobornos.
Esto se paró
abruptamente cuando se metió Estados Unidos. La última acción fue el 28 de
enero pasado, al designar el Departamento del Tesoro a PDVSA como sujeta a
sanciones en Estados Unidos, por lo que todas las propiedades y los intereses
de la empresa en la jurisdicción de ese país, fueron bloqueados y se prohibió
realizar transacciones con la compañía. Paralelamente, el Tesoro cortó el
acceso al Banco Central de Venezuela a divisas, y limitó sus transacciones
financieras internacionales. Desde 2017 ya no puede acceder a financiamiento
para su deuda en los mercados estadounidenses, que es una de las razones por
las que detonó su crisis.
Es cierto
que el problema de corrupción en Venezuela es distinto al de México, pero si se
analiza el discurso de sus líderes, es más grave lo que sucede aquí. El
presidente Nicolás Maduro rechaza las acusaciones y asegura que es una agresión
más del presidente Donald Trump. López Obrador dice que la corrupción es
profunda –por eso envió a dirigir Pemex a su amigo Octavio Romero Oropeza–, y
Gertz Manero respalda esa línea discursiva al señalar que el Consejo de
Administración deberá responder por los actos de Lozoya. En el caso mexicano,
el Tesoro estadounidense no tendría que investigar a Pemex; el gobierno
lopezobradorista ya lo hizo y ya concluyó: es corrupta.
Sin darse
cuenta, el gobierno mexicano abrió la caja de Pandora. Si Pemex es corrupto y
también su filial estadounidense PMI Comercio Internacional, que aunque no son
empresas públicas que operen en las Bolsas de valores sí pasan sus recursos a
través del sistema financiero en Estados Unidos, entonces son sujetas a
investigaciones del Tesoro y el Departamento de Justicia. En cualquier momento
se podría anunciar que están investigando la corrupción en Pemex, por presuntos
daños patrimoniales en Estados Unidos y, como siguiente paso, emitir sanciones
como las que impusieron a PDVSA. En el hipotético caso que eso sucediera, los
100 mil millones de dólares de deuda de Pemex tendrían serias dificultades para
refinanciarse, y la empresa sería acotada para vender petróleo en el mundo.
Las
consecuencias serían catastróficas.
El
presidente López Obrador no puede permitir que ese escenario exista, y no es
difícil neutralizarlo. Los casos de corrupción los debe individualizar, separando
a las instituciones, y blindando a Pemex. La institución, después de todo, no
era la corrupta. Quienes la manejaban y administraban, en el peor de los casos,
son los responsables y deben ir a la cárcel. Pero no deben arrastrar al
precipicio a Pemex, que es lo que están haciendo en estos momentos.
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