El fiscal especial encargado de investigar a Lozoya fue auxiliar... del abogado de Lozoya.

Arturo Ángel / Animal Político

Andrea Cárdenas / Quinto Elemento Lab

Cuando murió su hermano Federico en el verano de 2015, el hoy fiscal general Alejandro Gertz Manero contrató al abogado Javier Coello Trejo para esclarecer lo que consideraba un posible crimen. Coello designó en octubre de ese año un equipo de litigantes para llevar el caso ante la justicia, y entre esos defensores figuraba Juan Ramos López.

Una investigación de Animal Político y Quinto Elemento Lab descubrió que Ramos López estuvo involucrado desde 2015 y hasta marzo de 2019 en el litigio sobre la muerte de Federico, bajo la coordinación de Coello. Ramos es desde hace 24 días el fiscal especial encargado de investigar a Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex que es señalado desde 2017 por corrupción y lavado de dinero, y que tiene como abogado defensor al propio Coello.

La presencia de Ramos en el equipo coordinado por Coello para defender los intereses de Gertz en el caso del supuesto homicidio del hermano es un ingrediente nuevo que se suma a las revelaciones hechas ayer por Animal Político y Quinto Elemento Lab, que encontraron que el abogado de Lozoya es también abogado, en lo personal, del fiscal general de la República, Alejandro Gertz.

Esta es la historia que revela cómo Ramos participó en el equipo de Coello para defender a Gertz en el ámbito privado, y cómo Ramos en su calidad de funcionario se convirtió por instrucciones de Gertz en el fiscal encargado de enfrentar al propio Coello y su cliente, hoy prófugo de la justicia, Emilio Lozoya.

Documentos a los que tuvieron acceso Quinto Elemento Lab y Animal Político muestran que, además de Ramos, otros tres funcionarios activos de la Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Gertz, también han operado como abogados auxiliares de Javier Coello Trejo.

En los últimos cuatro años, estos funcionarios representaron a quien hoy es su jefe, Alejandro Gertz, en la denuncia que presentó para investigar el supuesto homicidio de su hermano Federico.

Dichos nexos no aparecen en las declaraciones de intereses de los funcionarios pese a que el caso sigue abierto y a que el propio Coello Trejo los designó, usando su calidad de apoderado de Gertz Manero, como auxiliares. Incluso, Coello sostiene que su despacho continúa colaborando en este tema.

Los documentos prueban que el subprocurador Juan Ramos, siendo ya funcionario, se presentó en al menos dos ocasiones para representar legalmente a su jefe en el caso de su hermano Federico, así como en una segunda denuncia que interpusieron por la presunta negligencia de agentes del Ministerio Público que atendieron el caso.

Fue hasta marzo de 2019 cuando Gertz revocó el nombramiento de Ramos como abogado auxiliar en el caso contra los agentes del MP. Ramos y Gertz llevaban ya casi cuatro meses como funcionarios de la Fiscalía. En los expedientes, el domicilio de Ramos aún es el autorizado para recibir las notificaciones del caso.

Según la Ley Orgánica de la Fiscalía General, el Código Penal Federal y expertos consultados para esta investigación, que un funcionario siga litigando casos particulares puede considerarse delito.

A ello se suma el hecho de que Ramos López no reportó en su declaración de intereses un el poder legal que Gertz Manero le concedió en 2010.

Ramos López negó en entrevista con Animal Político y Quinto Elemento Lab que este vínculo represente alguna irregularidad. Según el funcionario, él participó solamente al inicio del asunto de Federico Gertz, y nada más aportando datos. Aseguró que ya no colabora en ese asunto.

De ayudantes de Coello a funcionarios de FGR

Como se reveló en la primera entrega de este reportaje, en agosto de 2015 Javier Coello Trejo se presentó en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México a nombre de Alejandro Gertz Manero para presentar una denuncia por la supuesta omisión de cuidados de su hermano Federico en manos de su pareja, una señora que hoy tiene 92 años.

El caso se convirtió en una denuncia por homicidio tras la muerte de Federico Gertz, semanas más tarde.

Y después el propio Alejandro Gertz pidió a sus abogados que se denunciara a los agentes del Ministerio Público que determinaron que no había delito qué perseguir.

Dos meses después de que presentó la primera denuncia, en 2015, Coello Trejo designó como abogados autorizados —y a nombre de Gertz Manero— a Juan Ramos López, Hilario Sánchez Cortés, Gustavo Gutiérrez Calderón y Alfredo Ramírez Guerrero para que colaboraran con su equipo en el caso. En ese status se mantuvieron los siguientes años.

Hoy estos últimos cuatro trabajan en la Fiscalía, bajo las órdenes de Gertz.

En diciembre de 2018, cuando Gertz fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), Juan Ramos llegó como director de la Oficialía Mayor. Y a esta misma área entraron Alfredo Ramírez, Hilario Sánchez y Gustavo Gutiérrez, también abogados auxiliares de Coello.

En entrevista, Javier Coello Trejo dijo que nombró a Ramos y a los otros abogados porque requería ayuda en el caso.

—¿Cómo se coordinaba este equipo de abogados? Por una parte el de su despacho y por otra parte el de Juan Ramos, ¿usted le daba órdenes a Juan Ramos o ellos trabajaban directamente con el fiscal? —, se le cuestionó.

—No les daba órdenes, yo no doy órdenes, yo coordino.

—Bueno, ¿coordinaba el trabajo de estos abogados?

—Sí, en lo que era el caso estrictamente del asesinato de Federico Gertz Manero.

Como encargado del despacho de la Subprocuraduría de Delitos Federales, Ramos López hoy tiene la encomienda de investigar y perseguir a Emilio Lozoya, defendido por el mismo Coello, por los presuntos sobornos que recibió de la constructora brasileña Odebrecht y por la supuesta compra irregular de las plantas de Agro Nitrogenados y Fertinal, cuando estaba al frente de la dirección de Pemex.

Pero Ramos no solo es el funcionario de mayor confianza de Gertz en la Fiscalía, también es su apoderado legal desde el año 2010.

En entrevista concedida para responder sobre estos nexos, Ramos desestimó que exista un conflicto de interés, pues sostuvo que él y los funcionarios que ahora son parte de la Fiscalía dejaron de participar en el caso de Federico en diciembre de 2018:

—No tenemos ningún problema, no es ningún delito ni ocultamos nada, todo es público. Nuestra vida siempre ha sido pública y nunca hemos ocultado nada—, dijo al teléfono el 21 de junio pasado. 

—¿Hasta cuándo han seguido ustedes el caso del hermano de Gertz y contra los agentes del MP que lo indagaron? —, se le insistió a Ramos.

—Nosotros lo llevamos hasta el último día de noviembre (de 2018), después, a partir de diciembre ya lo llevan otros abogados.

—Hay actualizaciones del expediente que muestran que hasta marzo siguen participando en el asunto—, se le comentó.

—No, es un abogado externo, ya no somos nosotros.

Fiscal y abogado particular.

Quinto Elemento Lab y Animal Político tuvieron acceso a documentos contenidos en averiguaciones previas y sentencias judiciales que comprueban la participación y presencia de Ramos en diligencias que tuvieron lugar este año en la Procuraduría capitalina, aun cuando ya despachaba como director de la Oficialía Mayor en la Fiscalía General.

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República prohíbe a su artículo 45, fracción III, ejercer la abogacía a través de sí mismo o de “interpósita” persona, es decir, a través de terceros. Incluso se trata de un delito contemplado en el artículo 225 del Código Penal Federal.

Uno de los documentos revela que Ramos fue citado en diciembre y acudió el 28 de enero de 2019 a las oficinas de la Procuraduría de la Ciudad de México para comparecer en la causa penal abierta contra los agentes del Ministerio Público denunciados por las presuntas omisiones. En esa fecha, pasado el mediodía, en su carácter de apoderado legal y denunciante, Ramos compareció voluntariamente para ratificar la inconformidad contra los agentes.

Esa no fue la única vez que acudió a la Procuraduría de la ciudad por el caso de Federico Gertz. A principios de marzo pasado, Ramos López y otro de los abogados autorizados por Javier Coello, —Alfredo Ramírez, hoy jefe de departamento de la Oficialía Mayor de la FGR—, estuvieron presentes en el interrogatorio que se realizó al médico Eduardo Perusquia, uno de los testigos que declaró en el caso del hermano del fiscal general.

Aunque Ramos no participó en el interrogatorio, un escrito presentado el 6 de marzo de este año por la abogada de la contraparte muestra que se solicitó a los agentes de la PGJCDMX que se hiciera constar la presencia de Ramos López y Alfredo Ramírez, entonces abogados de Gertz. Ese mismo día, más tarde, otro de los abogados de Gertz confirmó la presencia de Ramos y señaló que cualquiera de los abogados coadyuvantes puede estar presente, aunque no intervenga.

Dichas constancias contradicen lo asegurado por Ramos en entrevista con Animal Político y Quinto Elemento Lab, sobre que su participación en el caso concluyó en noviembre de 2018.

—Es a partir del 1 de diciembre en que no intervienen para nada en el tema del hermano. ¿Para nada? —, se le preguntó a Ramos.

—Así es, —reiteró.

Los documentos consultados para esta investigación muestran que fue hasta el 11 de marzo pasado cuando Gertz Manero presentó un escrito para revocar como abogados a Juan Ramos López, Alfredo Ramírez y Gustavo Gutiérrez, y nombrar a otro de nombre Roberto Gallardo, pero ello fue solo en el caso de la denuncia contra los agentes del Ministerio Público.

En el caso del hermano de Gertz, donde Ramos y los ahora funcionarios de la Fiscalía fueron designados por Coello Trejo, no hay constancia de que sus nombramientos hayan sido anulados, al menos hasta marzo pasado. Sumado a ello, hay un elemento que sí liga a Ramos con el caso hasta la fecha.

El departamento autorizado por los abogados en el caso de Federico Gertz y en el que se siguen recibiendo las notificaciones del mismo, es propiedad de Juan Ramos López. Una búsqueda en los registros catastrales de la Ciudad de México arrojó que la cuenta predial de dicho inmueble declarado por Ramos en su declaración patrimonial corresponde al mismo inmueble que recibe las notificaciones judiciales.

Quinto Elemento Lab y Animal Político acudieron al referido domicilio y confirmaron que no hay ningún distintivo o anuncio que lo identifique como un despacho. Está dentro de una unidad habitacional.

Cuando se le cuestionó a Ramos por qué siguen llegando las notificaciones a su departamento, respondió: “para no cambiar situaciones, ahí el abogado (Gallardo) recibe todo, algunas veces va al despacho y hace sus escritos, ahí hace todo para facilitarles las cosas, eso no genera ningún problema”.

—¿Pero eso no puede interpretarse como que usted a través de otra persona continúa ejerciendo la abogacía?

—No, porque yo ya no intervengo en el asunto—, finalizó.

Declaración de intereses en blanco.

Aunque la ley obliga a los funcionarios públicos a revelar los intereses que por razón de su cargo podrían entrar en algún conflicto, Juan Ramos López declaró que no tiene ninguno, según la declaración de intereses que presentó el mes pasado.

El formulario de la referida declaración pide, por ejemplo, incluir los poderes legales que se ostentan. Ramos no consignó nada, pese a que en entrevista él mismo reconoció que a la fecha sigue siendo apoderado legal de Gertz.

Los documentos contenidos en la indagatoria contra los agentes de la Procuraduría confirman que Gertz otorgó un poder general en diciembre de 2010 a Juan Ramos, Gustavo Gutiérrez y Alfredo Ramírez, funcionarios de la Oficialía Mayor de la FGR.  

Con este poder jurídico, los tres funcionarios pueden actuar, en cualquier momento, a nombre de Gertz Manero, ya sea para presentar y ratificar denuncias penales, para coadyuvar con el Ministerio Público o para constituirse en parte civil.

En su declaración, Ramos tampoco asentó que tiene un despacho legal sobre el que muy poco se sabe hasta la fecha, pues ni la Barra Mexicana de Abogados ni el Ilustre Colegio Nacional de Abogados tienen registro de su existencia. Lo que se conoce, según los antecedentes laborales de Alfredo Ramírez, jefe de departamento de la Oficialía Mayor, es que éste trabajó de 2012 a 2019 como abogado litigante en el despacho “Juan Ramos López y Asociados”.

Esto fue lo que respondió Ramos cuando se le cuestionó sobre su despacho:

—¿Usted tiene un despacho que se llama Ramos López y Asociados?

—Sí, pero no tiene el nombre oficial.

—¿Pero sí está constituido?

—No, es un departamento que tengo que nada más lo puse para recibir notificaciones.

En opinión de los especialistas consultados con motivo de esta investigación, Ramos debió revelar en su declaración de intereses si estaba colaborando con algún litigio, incluyendo el poder legal que le concedió Gertz y la recepción de notificaciones judiciales en su domicilio.

Sin embargo, consideraron que lo más delicado es que participó activamente, cuando ya era funcionario de la Fiscalía, en diligencias a nombre de Gertz Manero como su apoderado y denunciante. Esto podría ameritarle alguna responsabilidad administrativa o penal por litigar siendo ya servidor público de la Fiscalía General.

Pablo Montes, coordinador anticorrupción del IMCO, consideró que la dirección de Asuntos Internos o el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General deberán iniciar una investigación para esclarecer la participación de Ramos en las diligencias ante la PGJCDMX como funcionario público y si eso comprometió su desempeño como funcionario.

Ramos podría enfrentar una falta administrativa al no haber reportado sus conflictos de interés, pero lo fundamental, insiste, es que como funcionario público desempeña funciones de abogado particular que no son reportadas. “A final de cuentas estaba trabajando para alguien siendo funcionario público, esto se tiene que reportar en la declaración”.

La abogada Estefanía Medina, fundadora de la asociación civil Tojil y exfuncionaria de la Visitaduría General de PGR, coincide en que la unidad de Asuntos Internos debe iniciar una investigación. En el caso de Ramos, la situación se agrava porque litigó cuando la ley le prohíbe hacerlo como funcionario público, e incluso pudiera tratarse de un delito.

Ramos, por su parte, insistió en que no hay ningún conflicto de interés pues los funcionarios que ahora son parte de la Fiscalía dejaron de participar en el caso de Gertz en diciembre de 2018, “no tenemos ningún problema, no es ningún delito ni ocultamos nada, todo es público. Nuestra vida siempre ha sido pública y nunca hemos ocultado nada”.

Quinto Elemento Lab y Animal Político solicitaron entrevista con el titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General para conocer si investigará al fiscal Gertz ya que no hizo público su vínculo con Coello y, en el caso de Ramos, por realizar diligencias en la denuncia personal de Gertz siendo ya funcionario público. La oficina de Comunicación de la Fiscalía declinó responder a esta solicitud.