El Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en
inglés) dio a conocer nuevos documentos del caso Odebrecht, según los cuales el
llamado Departamento de Sobornos de la constructora brasileña habría
transferido de manera encubierta otros 13 millones de dólares a cuatro empresas
mexicanas con el presunto propósito de corromper en el interior del país y en
otras naciones de Centro y Sudamérica, como Guatemala y Ecuador.
Los
documentos fueron obtenidos por el medio La Posta de Ecuador y compartidos con
ICIJ para su análisis. Estos archivos fueron también conseguidos por separado
por el medio ecuatoriano Mil Hojas, que también se sumó al proyecto.
Durante tres
meses, más de 50 periodistas en 10 países, integrantes de 19 medios y
organizaciones aliadas (entre ellas MCCI) revisaron más de 13 mil documentos
extraídos de la plataforma secreta de comunicaciones de Odebrecht, conocida
como Drousys, en torno a transacciones del departamento de sobornos vinculadas
con proyectos de la compañía en América Latina.
Como parte
del Consorcio, la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad
(MCCI) tuvo acceso al nuevo material periodístico en el que se revela que
dos de esas supuestas intermediarias de Odebrecht han sido declaradas este año
por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas “fantasma”, al
demostrarse que simulaban operaciones.
En la
revisión de las documentales, el reportero Raúl Olmos encontró que una de
ellas recibió contratos por casi 180 millones de pesos en el anterior sexenio,
en instancias de gobierno que encabezaban colaboradores de primer nivel del
exmandatario Enrique Peña Nieto.
Los 13
millones de dólares transferidos por el Departamento de Sobornos por medio de
estas intermediarias, apuntó, son distintos a los 10 millones de dólares que
exejecutivos de Odebrecht han confesado que pagaron entre 2012 y 2014 a Emilio
Lozoya, exdirector de Pemex, quien permanece prófugo y ha negado esas acusaciones.
En el
centro de esta trama está un despacho de Tamaulipas que sirvió a Odebrecht, y
que a la vez sus contadores auxiliaron a operar dos empresas fantasmas
utilizadas por el departamento de sobornos de la constructora brasileña.
MÁS SOBORNOS
EN MÉXICO.
Según los
nuevos documentos revisados por MCCI, hay indicios de que 13 millones de
dólares de pagos encubiertos del Departamento de sobornos de Odebrecht
transitaron por al menos tres intermediarias de Tamaulipas y el norte de
Veracruz, ligadas entre sí: PLC Servicios, TTG Asociados y Blunderbuss Company
de México.
Un modus
operandi frecuente del Departamento de Sobornos era simular contratos con
empresas para ocultar pagos ilícitos a políticos o financiamiento electoral.
La
información de la plataforma no detalla el destinatario final del dinero, pero
aporta indicios para ser investigados por las autoridades mexicanas.
Por ejemplo,
en la plataforma secreta Drousys, a la que tuvo acceso MCCI, aparecen
operaciones reportadas en 2014 por casi cinco millones de dólares que
involucran a PLC y poco más de dos millones de dólares con TTG.
Las
operaciones de PLC están ligadas con una obra carretera en Guatemala y las de
TTG con una obra hidráulica y un gasoducto en Ecuador, ejecutadas por
Odebrecht, según los documentos revisados.
En uno de
los mensajes que permanecían encriptados aparece la anotación de una “primera
operación” del “programa 2014” por concepto de supuesto pago de CNO (iniciales
de Constructora Norberto Odebrecht) a través de PLC por un millón 32 mil
dólares.
En otro
mensaje del mismo sistema secreto aparece una segunda operación con PLC
México, esta vez por un millón 380 mil dólares.
En el
rastreo se localizaron otras dos operaciones que involucran a PLC: una con
la anotación “inversión SIGMA” por 920 mil 76 dólares y otra con la descripción
“Swift transfer” (transferencia bancaria) por un millón 548 mil dólares.
En conjunto,
las operaciones financieras con PLC sumaron cuatro millones 880 mil dólares.
Algunas
de las transferencias de PLC tienen la anotación de Guatemala, país en el que
Odebrecht ha confesado que pagó 18 millones de dólares en sobornos para obtener
un contrato de 384 millones de dólares para la construcción de una autopista
que conectaría con México, la cual dejó inconclusa la empresa brasileña.
En la misma
plataforma se localizó un contrato firmado el 13 de mayo de 2013 en el que
TTG se comprometió a dar asesoría para preparar y negociar una oferta en la
licitación del acueducto Represa La Esperanza-Refinería del Pacífico Eloy Alfaro,
en la provincia de Manabí, Ecuador, obra que fue asignada meses después a
Odebrecht.
Otro archivo
de la misma plataforma secreta reporta dos pagos de facturas en 2014 por 2
millones 43 mil dólares en los que aparece el nombre de TTG México. Los pagos
están relacionados con el Poliducto Pascuales-Cuenca, que fue ejecutado por
Odebrecht en Ecuador.
En uno de
los mensajes encriptados aparece la advertencia de que los pagos por el
contrato que TTG firmó con Odebrecht podrían ser interpretados como sobornos.
En la
plataforma Drousys hay, además, registros de transferencias por más de 6
millones de dólares realizadas entre 2009 y 2011 a la empresa fantasma
Blunderbuss Company de México, afincada en Poza Rica, Veracruz, a través del
departamento de sobornos de Odebrecht.
De estos
movimientos ya había dado cuenta MCCI desde 2017, en anteriores reportajes. Sin
embargo, hasta el momento las autoridades no han podido determinar quién fue
el beneficiario final de ese dinero o presuntos sobornos.
Además de
los 12 millones de dólares, se utilizó otro despacho mexicano, ubicado en
Polanco, para la transferencia de más pagos ilícitos.
La
oficina mexicana de Fidemont, un despacho internacional de servicios financieros
intervino para triangular sobornos por una obra ejecutada por Odebrecht en
Ecuador, de acuerdo con el testimonio de un empresario que sirvió como intermediario
del gerente de transporte y almacenamiento de Petroecuador, Ramiro Carrillo.
En su
testimonio rendido ante las autoridades ecuatorianas en septiembre de 2017, el
empresario Gustavo José Massuh Isaías declaró que Kleinfeld Services -una
empresa fachada de Odebrecht- le hizo dos depósitos por 309 mil dólares a
través de Stockwell Corporation, fiduciaria que está domiciliada en Holanda y
con un banco en las islas Barbados, pero que realizaba las operaciones desde
México.
“Ellos
(Stockwell) pertenecen a un holding que se llama Fidemont, es una compañía que
recibe fondos, cobra una comisión y luego le transfiere los fondos a las
cuentas que usted le indique. Tiene varias filiales, yo conozco a las dos
personas con las que hablaba en Stockwell en México”.
- ¿Podría
usted mencionar las dos personas con las que tenía contacto en Stockwell? –le
preguntaron al empresario ecuatoriano al rendir su testimonio.
-Claro,
el señor Gonzalo Pascual y la señora Itzel Hernández, que está en México
-respondió.
Los
depósitos de los sobornos se hicieron en marzo y en septiembre de 2014. El
dinero no era para él, sino para el funcionario de Petroecuador al que sirvió
como intermediario y que actualmente está sujeto a proceso penal.
El
despacho de servicios financieros al que Massuh Isaías se refirió en su
declaración está en un edificio de la calle Montes Urales, en Polanco.
EL SAT
REPORTA A OPERADORA DE SOBORNOS.
PLC
Servicios y TTG Asociados, dos de las presuntas intermediarias de Odebrecht,
están vinculadas entre sí. El dueño de la primera empresa trabaja para la
segunda, según consta en las actas inscritas en registros mercantiles.
Aunque PLC
Servicios fue creada en el municipio de Naranjos, al norte de Veracruz, su más
reciente domicilio fiscal lo reportó en el piso 20 de la torre 2 del conjunto
“Oficinas en el Parque”, conocidas como “Torres Moradas”, ubicadas en Rincón de
Santa María, en Monterrey.
Antes, en
2014, notificó a las autoridades fiscales que sus instalaciones estaban en
el piso 33 de la calle Montecito 38, en la colonia Nápoles, que corresponde a
una oficina virtual del edificio del World Trade Center en la Ciudad de México.
El Servicio
de Administración Tributaria (SAT) investigaba desde 2018 a PLC por presunta
simulación de operaciones. En septiembre de aquel año, el órgano fiscalizador
envió un oficio al representante legal de la empresa para notificarle las
irregularidades que habían detectado en una revisión en sus estados contables.
En
principio, le informó que no se había localizado a la empresa en Monterrey,
porque el domicilio fiscal que había reportado en las Torres Moradas
correspondía a la empresa Regus, dedicada a la renta de oficinas.
El SAT tomó
como muestra para su auditoría la declaración por el ejercicio fiscal 2014,
cuando PLC Servicios emitió facturas por 34 millones 515 mil pesos, la mayor
parte a Met Limpieza SA de CV, ubicada en Tampico, y con la que había
establecido una alianza para obtener contratos públicos para la limpieza de
oficinas.
En esa
revisión, el SAT encontró que PLC Servicios no había declarado activos, como
son inventarios, terrenos, construcciones, maquinaria, equipo y mobiliario, “lo
cual permite presumir que se encontró imposibilitado para realizar su actividad
económica”.
En la misma
declaración, la empresa reportó contar con mil 731 trabajadores, pero no
manifestó retenciones del Impuesto Sobre la Renta por salarios ni servicios
profesionales, lo cual –según el SAT- reforzó la consideración de que simuló
operaciones.
El órgano
fiscalizador pidió al IMSS de Nuevo León que informara el historial de altas y
bajas de trabajadores, así como una relación de las cuotas pagadas, y la
institución confirmó que era falso que la empresa tuviera en su nómina mil 731
trabajadores, como había afirmado en su declaración fiscal.
Con base en
el resultado de su auditoría, el SAT notificó el 21 de febrero de 2019 su
resolución de declarar a PLC Servicios como una empresa con operaciones
inexistentes, que equivale a una empresa “fantasma”. Su inclusión en el listado
definitivo se dio el pasado 14 de mayo, en una publicación realizada en el
Diario Oficial de la Federación.
Creada el 13
de diciembre de 2010, PLC Servicios tenía como accionista y administrador
único a Enrique del Carmen Pacheco Orta, de profesión contador, quien desde
2008 ha trabajado como asesor del despacho TTG Asociados, también ligada con
Odebrecht.
VÍNCULO
ODEBRECHT-DUARTE.
TTG Asociados
es una firma de abogados fiscalistas asentada en Tampico la que, según su
sitio en internet, fue creada a principios de 1975. Su fundador es el contador
José Luis Terán Álvarez, presidente de la Asamblea de Asociados del Instituto
de Estudios Superiores de Tamaulipas (IEST), perteneciente a la red de
universidades Anáhuac.
Tiene un
despacho filial, de nombre García Terán & Torres Asociados, el cual
realizaba trabajos de auditoría y administración para Odebrecht, en la Sociedad
de Propósitos Múltiples Xalapa, que en 2013 impulsó con el gobierno del
entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Odebrecht y
Duarte habían creado esa sociedad el 19 de abril de 2013 para construir una
central hidroeléctrica que sería alimentada por el agua de una presa. El
proyecto incluía un acueducto que abastecería de agua a la capital veracruzana.
El exgobernador (actualmente preso por corrupción) se había comprometido a
aportar a esa empresa 355 millones de pesos de fondos públicos. La obra está
suspendida por protestas de pobladores que se niegan a que se explote la cuenca
del río Los Pescados.
Profesionistas
que colaboran en los despachos de Terán Álvarez han fungido como operadores de
una red de 12 empresas fantasma de Veracruz; una de ellas es Blunderbuss
Company de México, que fue utilizada por el departamento de sobornos de
Odebrecht para triangular seis millones 112 mil dólares entre bancos de Panamá,
la isla de Antigua, Estados Unidos y México, según reveló MCCI en anteriores reportajes.
Blunderbuss
fue constituida el 3 de junio de 2008, y tiene como dueños a dos presuntos
prestanombres: Plinio Roldán Lecona Argüelles, exempleado de una gasolinera,
quien reside en una humilde vivienda de la colonia popular Las Valentinas, de
Poza Rica; y Santiago Castellanos Estrada, un vendedor de seguros con domicilio
en Papantla.
El
supuesto dueño de Blunderbuss tiene participación, además, en Geodesia y
Asociados; Accelerator Company y Outsized Company, empresas que también han
sido reportadas por el SAT como simuladoras de operaciones. Sus hermanas y
vecinos de la misma colonia popular de Poza Rica son ‘accionistas’ en otras
ocho empresas “fantasma”.
Al revisar
las actas de esas empresas, brotan los nombres de personajes ligados a los
despachos de Terán Álvarez como operadores.
Por ejemplo,
el representante legal de tres de esas empresas es el contador Enrique del
Carmen Pacheco Orta, el mismo que aparece como dueño de PLC Servicios, una de
las intermediarias del departamento de sobornos de Odebrecht que se revelan en
esta investigación.
PLC
Servicios SA de CV –presunta intermediaria del Departamento de Sobornos de
Odebrecht- inscribió su actividad ante las autoridades fiscales como “Servicios
profesionales, científicos y técnicos”. Sin embargo, la empresa recibió en el
anterior sexenio pagos por casi 180 millones de pesos de dos dependencias
federales y de dos gobiernos estatales por supuestos servicios de “limpieza” y
“lavandería”, de acuerdo con contratos obtenidos y revisados por MCCI.
En diciembre
de 2013, el SAT asignó un contrato para limpieza de sus oficinas a PLC
Servicios en sociedad con Met Limpieza, por tres millones 79 mil pesos. En ese
momento, el titular del SAT era Aristóteles Núñez y el secretario de Hacienda
Luis Videgaray.
Pero los
mayores beneficios a la presunta intermediaria de Odebrecht los otorgó la
administración del actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.
Entre diciembre de 2017 y agosto de 2018, le pagó a PLC Servicios 172 millones
de pesos en un contrato que tuvo tres ampliaciones consecutivas.
La
licitación en la que se asignó el contrato tuvo irregularidades, como la
participación de otra empresa fantasma con la que PLC tiene vínculos.
También el
exgobernador de Coahuila Rubén Moreira asignó un contrató a PLC Servicios por
3.8 millones de pesos.
Una
segunda empresa, ligada a otro operador de la red de Odebrecht, también obtuvo
contratos federales.
En junio de
2015, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que en esos días encabezaba
Enrique Ochoa Reza, le asignó un contrato de limpieza por 10.3 millones de
pesos a un consorcio en el que participaba Adding Machine Company, empresa que
en octubre de 2018 fue señalada por el SAT como presunta simuladora de
operaciones.
La
comisaria de Adding Machine es hermana del dueño de Blunderbuss Company,
empresa fantasma de Veracruz que entre 2009 y 2011 había operado 6.1 millones
de dólares del departamento de sobornos de Odebrecht a beneficiarios que no han
sido detectados, según documentos obtenidos por MCCI.
Una
auditoría interna determinó que el servicio contratado en la CFE no se había efectuado,
porque los formatos de supervisión de limpieza fueron impresos en hojas
recicladas que corresponden a 2016, cuando se supone se levantaron y firmaron
en 2015.
A PESAR DE
ESO, la CFE asignó más contratos en forma directa a la misma empresa por casi
tres millones de pesos entre 2016 y 2017.
El contador José
Luis Terán negó que el despacho TTG Asociados, propiedad de su familia, haya
incurrido en actos de corrupción para Odebrecht, empresa para la que han
trabajado desde hace 20 años.
Dijo que
cualquier pago que aparezca en la plataforma de Odebrecht corresponde a
servicios prestados por la empresa familiar.
“No hay
forma de que nosotros permitamos una triangulación o que hagan algo indebido”.
Reconoció
que TTG ha trabajado con Odebrecht desde hace más de 20 años, cuando la
constructora brasileña estuvo asociada con la extinta empresa estadunidense
Enron en obras para Pemex.
Asimismo, negó
que TTG o su despacho García Terán & Torres Asociados hayan dado servicios
al gobierno de Javier Duarte, y se deslindó de las empresas fantasma creadas
por contadores que han trabajado para él.
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