Julio Astillero.
Está sobre
la mesa otro de esos debates que tienen como punto de referencia el apego a una
legalidad muy poco cumplida en el pasado. Voces empresariales y de oposición
partidista a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador se han manifestado
en contra del texto y los alcances del Plan Nacional de Desarrollo que ayer fue
aprobado en la Cámara de Diputados. Consideran que es un documento superficial,
demagógico, que no cuenta con una verdadera visión estratégica.
El choque de
posiciones forma parte de una realidad política vigente: el presidente de
México tiene un poder político tan amplio que, en términos reales, va haciendo
lo que cree necesario ante el cuadro de desastre que heredó, bajo la
consideración, ya expresada en ocasiones anteriores, de que la justicia está
por encima de las leyes. Es decir, en la realidad verdadera de nuestro país, el
mencionado Plan Nacional de Desarrollo, que debe regir a lo largo del sexenio
andresino, forma parte del conjunto de normas que no fueron respetadas en sexenios
anteriores, sino constante e impunemente violadas y, ante eso, lo que es
llamado la Cuarta Transformación no asigna mayores cuotas de cuidado o
precisión a documentos que, siendo muy importantes en la letra constitucional,
guías obligatorias de acción para los gobernantes si estos hicieran caso de las
leyes, han sido desdeñados o francamente violentados por los ocupantes de Los
Pinos.
En ese
sentido, y en un escenario generalizado de acomodos y reacomodos profundos, de
recortes presupuestales y replanteamientos operativos trascendentes, el
aferramiento a denunciar la fofez de un Plan Nacional de Desarrollo es
solamente un episodio más de la oposición de élite al obradorismo en busca de
una bandera política redituable. Estando el horno como está, una guerrita por
los bollos conceptuales.
Será
necesario leer la letra chiquita de los contratos y que los especialistas
desmenucen los términos de los acuerdos celebrados ayer entre el gobierno
mexicano y veintitrés bancos nacionales y extranjeros (entre los cuales están
14 de los 20 más importantes del mundo, según explicó el presidente López
Obrador) pero, por lo pronto, da un respiro de imagen y, previsiblemente, en
los mercados, el que se hayan renovado líneas de créditos revolventes por más
de 8 mil millones de dólares para fortalecer a Petróleos Mexicanos.
Es imposible
desligar este acuerdo de los similares que históricamente firmaron
administraciones priístas y panistas para dar respiro a empresas paraestatales,
así que será imprescindible revisar los documentos para enterarse de las
ventajas obtenidas por esos bancos que en ninguna parte del mundo se mueven por
propósitos altruistas, sino por la búsqueda de la máxima ganancia para sus
capitales.
La realidad
ha doblado el inicial rechazo de Claudia Sheinbaum a que la Guardia Nacional
actúe en la Ciudad de México. Con índices muy preocupantes de crecimiento de la
criminalidad y con episodios específicos, relacionados con jóvenes, que han
generado desde desasosiego hasta franca protesta, la jefa del Gobierno
capitalino ha aceptado la decisión del presidente López Obrador de que calles
de ciertas alcaldías chilangas sean patrulladas por los elementos de
predominancia militar que ahora actúan con uniforme novedoso.
Asumir la
necesidad de una fuerza federal es una forma de aceptar que las capacidades
locales no han sido suficientes para enfrentar el furor delictivo reciente. No
hay un demérito en reconocer tal precariedad local, pues así sucede en todos
los estados del país, donde los gobernadores no sólo reconocen su derrota ante
los embates del crimen organizado (y, también, del desorganizado), sino que
abiertamente exigen a las instancias federales que se hagan cargo casi absoluto
del correspondiente caos regional.
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