Por Sugeyry
Gándara.
El
expediente técnico sobre la explosión de Pasta de Conchos fue entregado este
viernes a un equipo multidisciplinario de expertos nacionales e internacionales
que estudiarán el documento para proponer los métodos y las formas más viables
para el rescate de los 63 mineros que llevan más de 13 años en el socavón.
Para las
familias, esto es el inicio formal de las labores para recuperar los restos de
sus seres queridos y una muestra que lo que se requería era voluntad política
de Gobierno federal, explicó Cristina Auerbach Benavides, directora de la
Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC).
“Trece
años y cuatro meses es muchísimo tiempo. Esto que está sucediendo muestra que
lo único que se necesitaba era voluntad política […] La recuperación de los
restos físicamente empezaría en 2020, pero “el rescate” en realidad ya comenzó,
porque si no se tiene primero la voluntad política del Gobierno, ni los
ingenieros que apoyen en la parte técnica, no tenemos nada”, dijo a SinEmbargo la activista que
ha acompañado a las familias en su lucha por rescatar los cuerpos, desde que
Grupo México decidió parar el rescate en abril de 2007.
El pasado 25
de junio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer que
será en 2020 cuando empezarán los trabajos para encontrar y rescatar los restos
sepultados en la Mina 8 de Pasta de Conchos tras la explosión el 19 de febrero
de 2006.
La
dependencia federal explicó que las autoridades mexicanas entregarían un
informe a un Comité Técnico de expertos extranjeros y nacionales, quienes
habrán de elaborar una “propuesta de metodología que aborde la mejor manera de
rescatar los mineros, es decir, cómo recomienda el grupo técnico que se lleven
a cabo los trabajos en la mina”.
El grupo
multidisciplinario estará conformado –según se estima– por 18 expertos de minas
de carbón y especialistas en rescate minero, entre ellos, seis ingenieros
mexicanos, tres ingenieros australianos, seis alemanes, y al menos dos
estadounidenses.
El
informe en mención, que consta de 600 páginas, fue entregado este viernes en
una reunión celebrada a las 11 de la mañana en la Ciudad de México.
La
Organización Familias Pasta de Conchos explicó que la recuperación también
implica la planeación de los métodos y las rutas a seguir, es por ese motivo
que ellos lo consideran como el arranque de las labores de rescate. “Es como ir
construyendo la escalera para poder llegar”, ejemplificó la representante
de OFPC.
La
defensora enfatizó que no está en tela de duda la viabilidad del rescate.
Aclaró que el análisis del grupo multidisciplinario no es para deliberar si se
hace o no la recuperación, sino para determinar “cómo lo van a realizar”.
“No se
trata de decir si se puede o no, se está invitando a los ingenieros para que
digan cómo hacerlo”,
apuntó.
La
reunión para la entrega del expediente no fue una acción aislada; forma parte
del programa y cronograma realizado cuando se instaló la mesa de trabajo para
la recuperación y justicia en Pasta de Conchos el pasado 10 de mayo, detalló la
activista.
Dicha
mesa está conformada por personal directivo de la Secretaría del Trabajo y de
la Secretaría de Economía; representantes de las víctimas de Pasta de Conchos;
la Organización Familia Pasta de Conchos; el Servicio Geológico Mexicano; la
Universidad Nacional Autónoma de México; y el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez.
LA RUTA DEL
RESCATE
“Lo
primero es que los ingenieros nos digan cómo lo pueden hacer (el rescate)”, comentó la defensora.
El equipo
tendrá poco más de un mes para realizar su estudio y entregar sus resultados.
Una vez que se tengan las propuestas, el Estado mexicano decidirá cuál de ellas
es la más viable. Posteriormente, se tendrá que designar a una empresa o
consultoría para que delinee un proyecto sobre los recursos, materiales,
permisos e inversión que se necesitan para materializar el rescate con base a
la propuesta electa.
“Se le
pagará a una empresa para que haga el proyecto porque obviamente hay que sacar
toda la corrida financiera, la cuestión de ingeniería, todos los permisos. Por ejemplo, en el caso de
manifiesto de impacto medioambiental, no es el mismo si haces mina subterránea
o mina a cielo abierto, dependiente de cuál sea la opción que se decida, es
cómo se van a tramitar los permisos, todo eso, -más la inversión, constituye la
construcción del proyecto”, expuso Auerbach.
Toda vez
que se tenga el proyecto sobre los procesos e inversión, se deberá de lanzar
una licitación para elegir a quien se encargará de hacer la recuperación física
de los restos.
Cristina
Auerbach prevé que la convocatoria para licitación esté lista a principios
de diciembre de 2019 y el fallo podría estar listo para finales de enero 2020.
La
activista advirtió que habrá condiciones muy estrictas en la convocatoria de la
licitación, porque las familias de Pasta de Conchos, “de ninguna manera se va a
tolerar por parte de las familiares que Grupo México, alguna de sus filiares o
compadres quieran concursar en la licitación”, dijo.
ERA CUESTIÓN
DE VOLUNTAD POLÍTICA.
La región
carbonífera de Coahuila desde hace décadas ha padecido por la extracción
siderúrgica con los megaproyectos. Aunado a eso, las familias de los mineros en
Pasta de Conchos han sufrido, desde hace trece años, el desdén de tres hombres
ocupó la Presidencia de la República: Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe
Calderón Hinojosa (2006-2012), postulados por el Partido Acción Nacional, y
Enrique Peña Nieto (2012-2018), emanado del Partido Revolucionario
Institucional. Ninguno llamó a los deudos a Los Pinos. Ninguno incluyó la
tragedia en sus discursos y ninguno mostró ánimo de querer dar un poco de
alivio a la región carbonífera de Coahuila que sobrevive en duelo.
Los deudos
llegaron al décimo tercer aniversario del siniestro con un nuevo Gobierno y una
promesa en la bolsa: el Presidente Andrés Manuel López Obrador se había
comprometido con las viudas a que habría justicia y haría todo lo posible para
recuperar los restos. El primer paso sería la instalación de una mesa de
trabajo para construir una ruta para su recuperación.
Sin embargo,
un historial de 12 años de decepciones generó que las familias tomaran nuevas
promesas con reserva y cautela. Un día antes del aniversario luctuoso,
integrantes de OFPC se reunieron con el subsecretario de Gobernación, Alejandro
Encinas, y le cuestionaron si existía voluntad política de Gobierno para hacer
la recuperación de los restos.
El pasado 29
de abril, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde,
acudió a Barroterán, Coahuila, para reiterar a las familias que sí existía
voluntad política y el 1 de mayo, el mandatario nacional anunció una serie de
las acciones encaminadas al rescate.
Las
víctimas indirectas de la tragedia empezaron a recobrar confianza y un poco de
tranquilidad, pues afirman que la Secretaría del Trabajo ha cumplido hasta el
momento con todos los acuerdos, de acuerdo a Cristina Aubercha.
“Han sido
muy atentos, siempre nos responden, nos toman las llamadas, ha sido un trabajo
con mucha transparencia, y claro, a veces es difícil lograr sincronizar en
todo, porque en realidad ellos van llegando y nosotros llevamos trece años,
entonces obviamente nuestra impaciencia también se ve moderada al ver que ellos
tienen voluntad política”, expresó.
Cuando
ocurrió la tragedia, el Gobierno mexicano –entonces encabezado por Vicente Fox-
encargó atender la emergencia a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Desde entonces, el encargo prosiguió en esa dependencia.
Francisco
Javier Salazar Sáenz era el Secretario del Trabajo en febrero de 2006. No
pasaron ni siete días cuando anunció el fin del intento de rescate con vida de
los trabajadores. Su dependencia dictaminó que la mina había sido destruida por
un estallido de gas metano, asociado a la explotación carbonífera, y que todos
los mineros habían muerto en el primer minuto.
Cuando
Felipe Calderón Hinojosa asume en diciembre de 2006 como Jefe del Ejecutivo,
nombró en esa Secretaría a Javier Lozano Alarcón, quien recibió a los deudos de
Pasta de Conchos en su despacho y asumió como compromiso un peritaje que
permitiera conocer las condiciones de la estructura de la mina y saber así si
los restos de los mineros podrían ser recuperados. El peritaje se hizo, pero no
condujo al rescate, al contrario, se aferró a la teoría que no era posible.
Los
deudos de Pasta de Conchos han reiterado que no quieren que ni el Sindicato
Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, dirigido por Napoleón Gómez
Urrutia, ni Grupo México, sean parte de la recuperación de los restos de los
trabajadores.
“Pidieron
un rescate sin la empresa y el sindicato porque ellos han sido responsables de
la tragedia en esa mina. El sindicato minero no está en la mesa, no está en el
comité y en realidad no tiene nada que hacer aquí”, dijo la defensora.
La prioridad
para las familias de los mineros es que sus seres queridos “regresen con
ellos”. El rescate de los cuerpos tiene un significado simbólico, pero que es
vital para las familias, porque en la cultura de la extracción carbonífera,
según ha explicado previamente Auerbach, se tienen la idea que el carbón es de
las empresas o del Estado, que la riqueza de la extracción es para los dueños
de las empresas y para el Estado, mientras que las familias lo único que tienen
las familias es su propio ser querido
“Para ellos
es inadmisible, ¡inadmisible! -recalca- que la empresa se quede con los restos
[…], Entonces, la disputa desde el primer y siempre, son los restos de Pasta de
conchos”.
El caso
de Pasta de Conchos también está en mesa de instancias internacionales. En
abril de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la
queja presentada por Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) en contra del
Estado mexicano por su responsabilidad en la violación al derecho a la vida de
los 65 mineros fallecidos, la integridad de quienes ahí laboraban y el acceso a
la justicia para los parientes de las víctimas en la explosión.
Pasaron
ocho años para que el organismo internacional tomara la decisión. La queja fue
interpuesta el 19 de febrero de 2010 por 235 familiares de los 65 mineros
sepultados en la mina y la Organización Familia Pasta de Conchos, que en ese
momento representaba a más de 600 familiares
En julio
de 2018, la OFPC entregó un extenso informe a la CIDH. El 29 de abril de 2019,
el organismo internacional notificó a los peticionarios que las observaciones
fueron remitidas al Estado mexicano para que éste responda.
El
Gobierno de México tiene un plazo de 4 meses para responder las observaciones
realizadas por OFPC, es decir, hasta el próximo 29 de agosto, según expuso la
defensora.
Cristina
Auerbach explicó que el caso y el proceso continúa su curso ante la CIDH,
porque las familias no firmarán ningún acuerdo amistoso para evitar la
sentencia contra el estado mexicano hasta que les empiecen a entregar los restos.
“No
porque uno llegue a un “acuerdo” el caso se detiene, y los acuerdos que se
hagan deberán de ser firmados ante la CIDH, y eso todavía no sucede. La
diferencia en esta ocasión es que las familias y los peticionarios ven una
voluntad del estado de adelantar los tiempos, y es lo que está sucediendo”, concluyó la defensora.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.