Por Javier
Cruz Aguirre.
La
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó un
decreto del Poder Legislativo de Baja California que cedía al municipio de
Playas de Rosarito 16 mil 800 hectáreas que originalmente forman parte del
territorio de Ensenada.
Los
ministros tardaron casi tres años en resolver la controversia constitucional
que interpuso el gobierno de Ensenada, para dejar sin validez el dictamen 137
del Congreso local, con fecha 28 de septiembre de 2016.
Con la
sentencia, el conflicto territorial, que tiene 18 años vigente, regresará al
Congreso local, y la legislación que entra en funciones el 1 de agosto será la
que resuelva el problema, creando el Estatuto Territorial para establecer los
límites territoriales de los cinco municipios de Baja California, orden que ya
emitió la SCJN en enero de este año.
El
veredicto unánime, emitido el miércoles 26, también invalidó el Decreto 684 que dio origen al
dictamen legislativo, el cual determinó dar a Playas de Rosarito, “en forma
definitiva e inatacable”, la superficie que ambos municipios disputan desde
2009.
Ese
decreto se aprobó de manera unánime con los votos de los integrantes de la
Comisión de Gobernación del Congreso: José Roberto Dávalos (PRD), Rodolfo
Olimpo Hernández Bojórquez (PES), Felipe de Jesús Mayoral Mayoral (PBC), Miriam
Josefina Ayón Castro (PRI), Rafael Flores García (PRI) y Cuauhtémoc Cardona
Benavides (PAN).
La
resolución del Congreso, en el contexto de una controversia territorial,
originó que el gobierno municipal de Ensenada solicitara el juicio en la
Suprema Corte, en octubre de 2016. Para ello contrató a un consorcio de
abogados que presuntamente encabezó Genaro Góngora Pimentel, exministro de la
SCJN.
Así, el 28
de noviembre de 2016 el máximo tribunal del país determinó la suspensión
temporal de todo acto jurídico tendiente a cumplir con lo resuelto en el
Dictamen 137 del Poder Legislativo de Baja California.
Meses
después, en una investigación de la Auditoría Superior del estado, se
documentó el desvío de 12 millones de pesos del gobierno municipal que presidió
Gilberto Hirata Chico, para pagar al despacho Menchaca, Pérez y Asociados por
la representación jurídica del juicio de controversia.
El dinero
se tomó de un crédito bancario con la institución Bansi, por 660 millones de
pesos, para ejecutar obra pública en Ensenada.
El
escándalo provocó que el ayuntamiento cancelara el contrato y asignara el
seguimiento del juicio a la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos.
Hoy, al
conocer la sentencia, el alcalde Marco Antonio Novelo Osuna celebró la
estrategia seguida por su gobierno a través del director de Asuntos Jurídicos,
Tomás Burns.
“La
estrategia era legal, no de protagonismos”, dijo.
El
conflicto territorial entre ambos municipios inició en 2001, cuando el
ayuntamiento de Playas de Rosarito demandó al Congreso de Baja California
aplicar el estatuto constitucional que fijó en 1995 los límites de ambos
municipios.
Ensenada
denunció que ese estatuto, origen del municipio de Playas de Rosarito que hasta
entonces era delegación municipal de Tijuana, entregaba ilegalmente casi 180
kilómetros cuadrados de territorio que histórica y legalmente pertenece al
municipio, el cual posee 52 mil 482.40 kilómetros cuadrados, por lo que es el
más grande del país.
La franja
en disputa genera impuestos y derechos por más de 25 millones de pesos anuales
para el gobierno de Ensenada, además de incluir un área habitacional –los
poblados La Misión y Santa Anita– que se ha dividido por la dotación de
servicios públicos que ofrecen al mismo tiempo los dos ayuntamientos.
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