Julio Astillero.
El tema de
fondo es Javier Duarte de Ochoa. La detención de su esposa, largamente asentada
en Londres, sin mayor molestia que algunos atisbos periodísticos en su entorno,
agrega ingredientes de algo parecido al suspenso judicial en una obra mayor, la
de la devastación criminal de Veracruz por parte de personajes llegados a la
silla estatal de gobierno a nombre del Partido Revolucionario Institucional y,
durante un lapso afortunadamente breve, de Acción Nacional.
Karime
Macías Tubilla es música (jarocha) de acompañamiento y, por tanto, ayer mismo
fue colocada en el casillero británico de la libertad con condiciones
restrictivas. Se le acusa de actos de corrupción desde el cargo honorario de
presidenta del sistema veracruzano de atención a la familia y los niños.
Faltará probar los señalamientos y, en ese fangoso terreno de las marrullerías
legales a cargo de abogados carísimos que suelen forzar sentencias, Karime
podría quedar a salvo de castigos preocupantes. Fuera como fuera, es muy
probable que quede en condición adecuada para gozar del amasamiento de dinero
que la silla gubernamental de Veracruz le permitió a ella y a su esposo.
El
ejecutante principal es Javidú, ocurrente sucesor (designado) de Fidel Herrera
Beltrán, emblema estatal casi insuperable de la adopción de lo público como
bien privado. Claro que es valiosa la detención de la cónyuge de Duarte de
Ochoa que pretendía asumir una identidad de inocencia en tierras londinenses;
nocivo habría sido que se mantuviera el esquema de impunidad familiar trazado
por Enrique Peña Nieto, amigo de la casa Duarte-Macías, para que el jocoso
amigo del entonces ocupante de Los Pinos simulara una detención guatemalteca a
cambio de la condición intocable de la esposa, de la familia.
La
proclamadora de los merecimientos de la abundancia en cuentas propias está en
una ruta judicial internacional que podría traerla de regreso a México. Ella se
postula presa política (como una política de doble erre, ahora presa), al igual
que su compañero de andanzas matrimoniales y presupuestales, el multicitado
Duarte de Ochoa que tuitea abiertamente y litiga en medios de comunicación para
ir sensibilizando al respetable público de la inminencia de su triunfo
pragmático: unos años de cárcel a cambio de una libertad en plazo acotado por
los nuevos procedimientos judiciales y los favores políticos de los amigos
poderosos de ayer y de hoy, que también los hay ahora.
La propuesta
más viable para ser presentada al Senado y de ahí elegir a quien presida la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a partir del próximo mes está
integrada por dos personajes que, con sus matices, podrían ser considerados
institucionales y una propuesta novedosa, podría decirse que realmente
disruptiva.
De un lado
están José de Jesús Orozco Henríquez, quien ha sido encargado de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (llegó a presidirla), magistrado en el
tribunal electoral federal y, como los anteriores ocupantes de la presidencia
de la CNDH, miembro del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM, y
Arturo Peimbert Calvo, quien fue primer Defensor de Derechos Humanos del Pueblo
de Oaxaca y, en tal condición presentó este año ante la Corte Penal
Internacional una denuncia por los graves abusos de poder cometidos en Oaxaca
en 2006.
La mayor
novedad, en dado caso, es la inclusión de Rosario Piedra Ibarra, hija de la
luchadora social e histórica defensora de derechos humanos que recientemente ha
sido galardonada con la medalla Belisario Domínguez. Hacer que la mayoría
morenista y sus aliados aprueben que la hija de doña Rosario presida la
carpicista CNDH (por Jorge Carpizo) sería una manera de devolver, en términos
de responsabilidad ejecutiva, la misma presea que Ibarra de Piedra dejó en
custodia en manos del presidente López Obrador.
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