Por José Gil
Olmos.
Muy
retador, Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California, desafía a todo
aquel que cuestiona la ley que le ampara quedarse cinco años como gobernador de
Baja California y no 2 años como estaba previsto en la elección que ganó como
candidato de Morena.
“Que me
demuestren que estoy violando alguna ley. Mejor que acepten su derrota. No
saben perder” es lo que repite desde que ganó la elección y luego de que la
anterior legislatura del Congreso bajacaliforniano aprobara la famosa Ley
Bonilla que le permite ampliar su gobierno tres años.
Este
empecinamiento nada tiene que ver con el carácter que identifica a la gente del
norte del país, parece que responde más a una serie de intereses que adquirió
en campaña con ciertos personajes con un historial negro que a los pocos
ciudadanos que lo eligieron en un proceso que se caracterizó por un
abstencionismo del 70 por ciento, el más alto en la historia electoral del
estado.
Uno de
estos personajes es Humberto “Pato” Valdez Ramos, integrante de su equipo de
trabajo, quien ha sido señalado de haberse desempañado como abogado de Joaquín
“El Chapo” Guzmán, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Otro
personaje que apareció al lado de Bonilla es Xicoténcatl Leyva Mortera, último
gobernador del PRI en la entidad y quien dejó una estela de corrupción,
nepotismo y represión durante los años en que gobernó el estado (1983-1989).
El 7 de
enero de 1989 Proceso publicó un reportaje en el que describía al gobierno
de Xicoténcatl Leyva Mortera en una atmósfera de terror, violencia, crimen,
abuso de poder y narcotráfico.
“El
narcotráfico es otro de los estigmas de la administración de Leyva Mortera. En
septiembre de 1985, Miguel Ángel Rodríguez Moreno, agente del Ministerio
Público del fuero común y amigo y socio del despacho de Edgardo Leyva Mortera,
fue sorprendido por agentes federales cuando personalmente custodiaba toneladas
de mariguana en una casa de la Colonia Libertad”, cita el texto del reportero Elías
Chávez (Proceso 1520).
Con sus
propios antecedentes y los de algunos de sus allegados, Jaime Bonilla es ahora
un problema para Andrés Manuel López Obrador quien ya anunció que no asistirá a
la toma de protesta prevista para este viernes 1 de noviembre.
Hasta el 28
de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha admitido cinco
controversias constitucionales contra la “Ley Bonilla”. Los partidos PRI, PAN,
PRD y Movimiento Ciudadano, así como el gobierno saliente de Baja California
presentaron dichos recursos.
El hecho
de que Bonilla asuma sus funciones el 1 de noviembre no significa que la
Suprema Corte realice el estudio oportuno de su validez, como se plantean en
las cinco demandas.
Por tanto, Jaime
Bonilla aún no puede cantar victoria puesto que la acción de
inconstitucionalidad no se tiene que resolver antes de que rinda protesta como
gobernador, ya que la impugnación a la famosa Ley Bonilla continuará surtiendo
efecto y la sentencia respectiva de la Suprema Corte tendrá vigencia.
Por cierto…
Jaime Bonilla, empresario de los medios, es un caso único en la política
mexicana. Cuando tenía la ciudadanía norteamericana fue militante del Partido
Republicano al que pertenece Donald Trump, luego ya como mexicano estuvo en las
filas del Partido del Trabajo y luego se pasó a Morena en donde recibió el
apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para ser legislador, delegado
del gobierno federal y, finalmente, candidato a gobernador.
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