Salvador
Camarena.
Juan
Carlos Lastiri fue detenido ayer en Puebla, su estado, y trasladado a un
reclusorio de Ciudad de México.
El dos
veces subsecretario de Estado con Rosario Robles, en la Sedesol y en Sedatu,
está involucrado en la firma de convenios de la llamada Estafa Maestra.
Ocurrida en
el poblado de Zacatlán, por agentes que no se habrían identificado plenamente,
se llegó a decir que la retención podría tratarse de un secuestro. El
gobernador poblano confirmaría que fue interceptado por agentes, no por
criminales.
La Estafa
Maestra documenta el desvío de 7 mil millones de pesos por once dependencias en
la primera parte de la administración Peña Nieto. Para ello se utilizó principalmente
a universidades, que fuera de la ley entregaron contratos a empresas que a su
vez traspasaban los dineros o no entregaban lo contratado. Sedesol, donde
Lastiri fungió como subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo
Regional, es sólo una de esas instancias.
Primeras
versiones indican que la detención de Lastiri obedece a convenios firmados con
dependencias del Estado de México y de Tlaxcala.
Si tal cosa
se confirma, estaríamos ante una detención mayor: la de un priista de
superior prosapia tricolor que Rosario Robles. Su perfil le dio a Lastiri para
pretender la candidatura a gobernador de Puebla; no logró que lo abanderaran,
pero bajo las siglas de su partido compitió infructuosamente por la senaduría
en 2018.
La
detención de Lastiri abre interrogantes sobre el manejo del caso Estafa Maestra
en la administración López Obrador: ¿Por qué sólo ha caído gente de Desarrollo
Social? E incluso si sólo nos abocamos al entorno de la exjefa de gobierno
perredista, ¿por qué están siendo procesados Rosario Robles y Lastiri, y no
Emilio Zebadúa (oficial mayor de Robles durante el sexenio) y otros que con
similar perfil operaban en esa dependencia y en Sedatu, pero que siguen sin
aparecer en las pesquisas?
Robles
lleva dos meses y medio en la cárcel en un procedimiento –su encarcelamiento–
cuestionado por muchos como injusto, pues no pareció nunca que la exfuncionaria
tuviera intenciones de sustraerse de la acción de la justicia, como argumentan
fiscalía y juez, pero le impidieron seguir su proceso en libertad.
Si un
secretario de Estado nunca firma nada, pero por lo mismo pretenden acusar a
Rosario Robles de omisa en sus responsabilidades, la detención de Lastiri, que
sí ha firmado convenios, es de un corte distinto.
Se trata
de un engrane operativo que no sería raro que tenga mucho más claro, y por
tanto convenga más a los fiscales, cómo sí operaban los desvíos, quiénes los
instrumentaban e incluso quién los ideó como para que fueran un mecanismo
transversal que “de repente se puso de moda” en once dependencias del peñismo,
entre ellas Petróleos Mexicanos, la que más convenios millonarios firmó, o
Comunicaciones y Transportes, cuyo extitular Gerardo Ruiz Esparza, según
columnistas como Mario Maldonado, estaría en la mira de los fiscales por este
mismo caso.
¿Mantendrán
a Lastiri en prisión como lo han hecho con Rosario Robles? Y si han decidido ir
por alguien que habría firmado convenios por unos cuantos de cientos de
millones de pesos, ¿cómo entender que no vayan luego por gente de otras
dependencias donde también hubo desvíos, como Banobras, que en ese momento
dirigía (es un decir) Alfredo del Mazo, hoy gobernador (es otro decir) del
Estado de México?
La caída
de Lastiri abre un nuevo capítulo de La Estafa Maestra, pero sin lastimar su
presunción de inocencia, falta ver a muchos más explicar esos desvíos antes de
creernos que Rosario no es sólo un chivo expiatorio.
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