Por
Montserrat Antúnez Estrada.
En lo que
va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las autoridades federales han
detenido y mantienen investigaciones contra 15 ex funcionarios, actores
políticos y de la economía mexicana, así como de algunos de sus familiares por
delitos de ejercicio indebido de la función pública, fraude, lavado de dinero,
enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y corrupción. Especialistas
afirman que será hasta que los procesos penales avancen cuando se conozca sí
las investigaciones se respaldaron en cuestiones de corte político más que con
elementos judiciales.
El abogado y
académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), José Aparicio, destacó en entrevista con
SinEmbargo que en la historia política del país desde la década de los
cincuenta ha habido detenciones de personalidades políticas, pero estas sólo
envían a la ciudadanía un mensaje de justicia si las investigaciones se
sustentan, de lo contrario las personas funcionarias pueden librarse de los
procesos penales, como el caso de la maestra Elba Esther Gordillo, detenida en
el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto y liberada en 2018.
Para el
doctor por la UNAM Maximiliano García Guzmán, aunque las investigaciones
permiten hacer una lectura de que hay un interés por combatir la corrupción, el
Gobierno actual no ha precisado la estrategia a seguir en investigaciones de
este tipo de casos, lo que da pie a pensar que se trata de una “justicia
selectiva” y de corte político toda vez que las personas imputadas son figuras
cercanas al sexenio anterior.
“El
riesgo que se está corriendo es que no está quedando claro porque unos casos sí
y otros no [se investigan], porque algunos están tomando más tiempo. Puede
generar una reacción adversa donde más bien se entienda que la investigación es
más de corte político que jurídico”, dijo en entrevista con este diario digital.
En ese
sentido, opinó que la falta de transparencia será poco efectiva porque da un
mensaje de que “se está inclinando la balanza en impartir la justicia sobre
figuras muy visibles cuando en realidad todos estos personajes forman parte de
redes de complicidad y corrupción mucho más grandes”.
De acuerdo
con García Guzmán, el discurso del combate a la corrupción y la
transparencia en los recursos de funcionarios que promueve el Presidente López
Obrador contrasta con el rechazo de investigaciones a funcionarios cercanos,
como es el caso del Director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
Manuel Barlett, quien declaró ante la Secretaría de la Función Pública un
patrimonio de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones de pesos,
pero un reportaje elaborado en agosto por la periodista Areli Quintero reveló
que la fortuna de Barlett es al menos 16 veces más grande, tan solo en
propiedades.
“[Dejar
pasar este tipo de casos] puede mandar un mal mensaje en el sentido de que se
está privilegiando una postura política y que se está aplicando una especie de
justicia selectiva más que imparcial, que sí implicaría investigar a los
propios funcionarios del Gobierno actual”, opinó el también abogado.
En cuanto
a las investigaciones y detenciones realizadas en lo que va del sexenio, José Aparicio consideró que
parecen ser sólidas porque no han sido desacreditadas por jueces pese a los
intentos de sus abogados, como en el caso de Rosario Robles, ex Secretaria de
Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), cuyos defensores aseguran la ilegalidad de la medida dictada para que
permanezca en prisión preventiva.
Lo mismo
se observa en la averiguación contra el abogado Juan Collado. “Es importante
porque la detención no ha sido declarada ilegal, no hay indicios”, destacó.
Sin embargo,
coincidieron los especialistas, las autoridades federales deben procurar
sustentar las investigaciones porque, de ser desestimadas, “sería el peor
mensaje que el Gobierno podría enviar porque su bandera ha sido el combate a la
corrupción”, consideró Maximiliano García.
“Sería un
costo muy grave el iniciar procesos donde en la opinión pública se forme el
criterio de que hay actos que investigar y sancionar y finalmente no pase
nada”, abundó el
politólogo.
LOS
DETENIDOS E INVESTIGADOS .
Los ex
funcionarios y personajes políticos detenidos en el primer año de Gobierno de
López Obrador y cuyas investigaciones continúan son: Rosario Robles, por el
delito de ejercicio indebido de la función pública; el abogado Juan Collado,
por cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero; el ex Gobernador
coahuilense Jorge Juan Torres López, por cargos de fraude y lavado de dinero
que le fueron investigados desde 2013; Alfredo Herrera Pegueros, ex jefe de
seguridad en Petróleos Mexicanos (Pemex), por su probable responsabilidad en el
delito de delincuencia organizada y más recientemente Juan Carlos Lastiri, ex
subsecretario de la Sedesol en los tiempos Robles, cuya detención fue confirmada hoy
por el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, pero no precisó por qué delitos.
A la par, otros
personajes son investigados, pero permanecen en libertad, como Karime Macías.
Su detención se ordenó desde el sexenio pasado y fue detenida la mañana de ayer
en Londres, Inglaterra, aunque gracias a que pagó una fianza de 150 mil libras esterlinas
–más de 3 millones 688 mil pesos– continuará en libertad su proceso de
extradición por el delito de fraude específico.
Otros
actores políticos que había sido señalado desde años atrás por la cometer
delitos, y que ahora es investigado por lavado de dinero y enriquecimiento
ilícito, es Carlos Romero Deschamps, ex dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana (STPRM), quien no ha sido detenido.
Emilio
Lozoya Austin, ex director de Pemex, también es investigado por la Fiscalía
General de la República (FGR) por delitos de asociación delictuosa, cohecho y
operaciones con recursos de procedencia ilícita, al igual que a su esposa y
madre. Lozoya Austin también ha sido relacionado con el caso Odebrecht, al
apoyar la compra de Agronitrogenados.
El
empresario y presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo,
también es investigado por lavado de dinero; está libre y permanece bajo
custodia del Gobierno español.
Alberto
Elías Beltrán, el último titular de la entonces Procuraduría General de la
República (PGR) de Peña Nieto y su esposa, Marcela Kuchle, son investigados por
la Fiscalía General por presunto lavado de dinero por la compra de un
departamento en Santa Fe, Ciudad de México, por 35 millones de pesos.
Mientras que
esta semana Milenio reportó que el Gobierno federal investiga al ex
Secretario de Comunicaciones y Transportes de Enrique Peña Nieto, Gerardo Ruiz
Esparza. El funcionario sería procesado por operaciones irregulares y en
beneficio de empresas constructoras, desvío de recursos y transferencia de
dinero público con posibles fines ilícitos, de acuerdo con lo señalado por
el periodista Mario Maldonado.
Actores
del Poder Judicial también son investigados, como Eduardo Medina Mora, quien
renunció el 3 de octubre de este año a su cargo como Ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Santiago Nieto Castillo, titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, confirmó que
se llevan a cabo investigaciones en su contra por presunto lavado de dinero.
Además,
Jorge Arturo Camero Ocampo, Magistrado del Primer Circuito en la Ciudad de
México, fue suspendido a inicios de este mes por presunta corrupción, luego de
que se encontraran inconsistencias graves en su situación financiera.
Mientras
que el General Eduardo León Trauwitz, quien fue jefe de la Subdirección de
Salvaguarda Estratégica de Pemex en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, está
bajo investigación por el saqueo de combustibles en la petrolera mexicana, pero
desde inicios de año no se ha presentado a la audiencia inicial del proceso que
se sigue en su contra.
En
materia de violaciones a los derechos humanos, sobre Tomás Zerón De Lucio, ex
titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, pesa una
denuncia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la FGR por
irregularidades en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa.
SIMILITUDES
CON OTROS SEXENIOS Y RIESGOS.
El
anuncio de investigaciones contra Romero Deschamps, ex líder sindical, permite
encontrar similitudes con cómo se impartió justicia en sexenios pasados,
aseguró Maximiliano García.
Para el
especialista, el mensaje político que da el Presidente Andrés Manuel López
Obrador es que “está replicando experiencias que en gobiernos pasados se
interpretaron como más de carácter político que jurídico”.
Recordó
que un caso similar se vio en el primer mes del Gobierno de Carlos Salinas,
cuando Joaquín Hernández Galicía, ex el líder del STPRM, fue detenido acusado
de homicidio y acopio de armas, pero las autoridades de ese momento
justificaron que se trataba de una acción para el combate a la corrupción.
Mientras
que en 2013, en el sexenio priista de Enrique Peña Nieto, Elba Esther Gordillo,
ex lideresa del Sindicato de Trabajadores para la Educación (SNTE), fue
detenida y permaneció en Reclusorio Femenil de Tepepan por lavado y
delincuencia organizada, tuvo acceso a la figura de arresto domiciliario hasta
agosto de 2018, cuando quedó libre de todas las acusaciones.
“Esos
casos, pareciera que se olvida, pero ya han ocurrido, y vuelven a demostrar que
se sí se usa todo el aparato judicial de México para mandar mensajes,
posteriormente se sabe si es parte o no de una estrategia efectiva de combate a
la corrupción”,
señaló.
El
investigador defendió que debe aspirarse a que los procesos iniciados contra
figuras públicas terminen en sentencias justas sólo si se acredita su
responsabilidad. “A nadie nos conviene como sociedad que haya persecución solo
por venganzas políticas, además, [los procesos irregulares] muestran que todos
eventualmente podemos ser parte, víctimas de esa justicia y que nuestros
procesos pueden carecer de formalidad procesal, todos podemos ser víctimas de
un sistema que actúa por consigna”, dijo.
En ello
coincidió el académico Aparicio, quien recordó la importancia de los procesos
penales porque envían un mensaje a la sociedad para que actos ilegales, como la
corrupción, no se repitan.
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