El asiento trasero.

Javier Risco.

La Guardia Nacional acumula tareas que seguramente nunca imaginó. En estos primeros 11 meses de gobierno ha cateado usuarios del Metro, detenido migrantes en ambas fronteras, ha sido desplegada por todo el país a petición de los propios gobernadores, ha participado en operativos como la detención del hijo de El Chapo, y, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Gobernación fechado el 29 de octubre, hará “acciones en zonas federales para realizar operativos de revisión en los 56 aeropuertos del país y áreas de jurisdicción federal”, para que ningún servicio de aplicación de taxi (Uber, Cabify, Beat) recoja pasaje.

La imagen era impensable. Un chofer de algún servicio de taxi por aplicación recibe la notificación de un usuario en la terminal 2 de la Ciudad de México; al llegar al lugar es detenida por agentes de la Guardia Nacional en un operativo ordenado por la Segob. El desenlace aún no estaba tan claro, ¿cómo procedía la GN? ¿A dónde la llevaban? ¿Era una falta administrativa? ¿Su carro era llevado al corralón? ¿El usuario también era responsable de la falta? Ocurrencias con pintas de chantaje por parte de uno de los sindicatos más poderosos del país, el de los taxistas.

El culebrón sobre si esta información es falsa o verdadera surgió de la propia Secretaría de Gobernación, la cual publicó un comunicado titulado “Propone Secretaría de Gobernación foro nacional para homologar la regulación del transporte público concesionado y servicios en aplicaciones”, donde sugería el uso de la Guardia Nacional, como lo cité previamente. Después del escándalo, Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de la Secretaría de Gobernación, tuvo que salir a distintos medios de comunicación a negar la información de su propio comunicado, y después, a través de Twitter, publicó: “Respecto a las versiones periodísticas y que circulan en redes se anuncia: No existe ningún operativo especial con #GuardiaNacional contra las aplicaciones que presten algún tipo de servicio de transporte en zona federal. Las restricciones las señala la propia ley #Uber #Cabify”.

Sin embargo, no tardaron en responder los integrantes del Movimiento Nacional Taxista, al señalar que los operativos en los 56 aeropuertos del país fue un acuerdo al que llegaron antier con el subsecretario; de hecho, amagaron con protestas y bloqueos viales en caso de que las autoridades no respeten el compromiso de la realización de estos operativos.

Las mesas de negociación en la Secretaría de Gobernación se están convirtiendo en un embudo de acuerdos que no llegan a ninguna parte, sobre todo cuando se contradice lo firmado a las pocas horas de haber sido publicado.

Con la polémica de estos últimos días, lo único que queda expuesto es que el USUARIO es el último pendiente tanto de la Segob como de los propios taxistas. En ningún momento, en voz del propio Ricardo Peralta, se ha puesto sobre la mesa el costo excesivo de las tarifas de taxis autorizados en los aeropuertos, o la calidad del servicio. La principal queja del usuario es que un viaje que en alguna aplicación de servicio de taxis sale en 180 pesos, en las tarifas de los taxis concesionados se eleve hasta el doble, ¿cómo se llega a esa cifra? ¿Por qué no podemos exigir una tarifa más justa? O la pregunta más lógica… ¿por qué el usuario no puede tener la posibilidad de elegir qué servicio le conviene más?

No, el subsecretario ha dicho que ahora mismo la discusión se centra en las aplicaciones y que en ningún momento se ha puesto sobre la mesa el servicio en el aeropuerto.

A la Guardia Nacional se le menciona a la menor provocación, a los taxistas se les da atole con el dedo, a las aplicaciones se les da otro mensaje y al ciudadano se le deja en el asiento trasero.