Por Milton
Martínez.
El trueque fue sencillo: la fiscal Claudia
Indira Contreras tendría una cómoda comparecencia el pasado 24 de septiembre
ante el Congreso local y, en cambio, el gobierno sonorense se desistiría de
toda acción legal contra Mario Cuen Aranda, tesorero estatal durante la
administración del otrora panista Guillermo Padrés Elías.
El grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en Sonora, en su calidad de
oposición y en la voz de Jesús Eduardo Urbina Lucero, primero exculpó a la
fiscal por el desaire que les había provocado en dos ocasiones anteriores en
las que no había asistido a comparecer.
Después, justificó
las centenas de muertes violentas en la entidad de los últimos meses, al grado
de que también se adjudicó para él y los demás diputados la responsabilidad de
los niveles de violencia bajo la justificación de que es el Poder Legislativo
el responsable de aprobar el presupuesto en materia de seguridad, y que estos
“índices se están subiendo en todos los estados, pero es a lo largo del país el
problema de seguridad pública, no sólo es atribuible aquí nomás (Sonora) y
comparto que es un problema en el tiempo, de diez años a la fecha”.
Lanzó la
crítica de que por cada 100 crímenes que se cometen en Sonora, sólo un
responsable es castigado y de esta manera “no se puede hablar de justicia en la
entidad” y, acto seguido, él mismo atajó su comentario: “los números son los
mismos a nivel nacional y eso hay que ponerlo en la mesa”.
En la
intervención de 14 minutos, el diputado Urbina también hizo otras
observaciones irrelevantes y al final inquirió a la fiscal sobre la persecución
política que han sufrido sus amigos y correligionarios, excolaboradores de
Padrés: Jorge Morales Borbón y Francisco Arnaldo Monge Araiza, exvocero
gubernamental y exdirector estatal de la Concertación para la Obra Pública
(Cecop), respectivamente.
Contreras
respondió de manera complaciente a las interrogantes de Urbina y, sobre el caso
de los cercanos a Padrés, dijo que le respondería de manera personal en la
fiscalía para darle seguimiento a este tipo de casos; por el sigilo de las
investigaciones “no se puede y debe, legalmente hablando, externar situaciones
específicas”,
expuso.
Una vez
que concluyó la comparecencia y la fiscal sonorense no enfrentó contratiempos,
desde su oficina se firmó, dos días después, el jueves 26 de septiembre, un
escrito para el Juez Oral del Distrito Judicial Uno, en el que la Fiscalía
Especializada en Materia de Delitos Electorales (FDE-Sonora) se desistió del
recurso de revisión con número de expediente 190/19.
En el
documento, que puede consultarse en los estrados del Primer Tribunal Colegiado
en Materia Penal y Administrativa del Poder Judicial de la Federación, se
interpuso el recurso en contra de Mario Cuen Aranda, con respecto a la
sentencia que recibió del 22 de febrero anterior, por parte del Juez Segundo de
Distrito en el Estado.
De esta
manera, el extesorero de Padrés se liberó de toda causa penal por el
supuesto quebranto de más de 300 millones de pesos al ser acusado de desviar a
cuentas particulares y a otras desconocidas las cuotas partidistas de Acción
Nacional durante el periodo de 2009 a 2015, cuando Guillermo Padrés Elías
fungió como gobernador del estado de Sonora.
Según el
expediente original 876/18, Mario Cuen Aranda fue vinculado a proceso por la
supuesta comisión de un delito en materia electoral “en destinar aportaciones
de dinero a un partido político habiendo prohibición, cometido en contra de la
sociedad y en modalidad de ejecución continuada”.
Al
excolaborador de Padrés se le sancionaría, presuntamente, con lo previsto en el
artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos y lo relacionado con el
diverso 54 de la Ley General de Partidos Políticos.
La
Secretaría de Hacienda interpuso una denuncia ante la otrora Procuraduría
General de la República, autoridad que a su vez lo turnó a la Fepade y, por competencia,
la querella se remitió a la FDE- Sonora, la que llevó el caso de supuesto
quebranto frente a las autoridades jurisdiccionales y donde a la postre se
desistió de toda acción penal
Lo que no
respondió en público la fiscal Claudia Indira Contreras es que el caso de
Francisco Arnaldo Monge Araiza, conocido como “Pancho Platas”, lleva tres años
de dilación sin llevar a las autoridades jurisdiccionales a los 12 presuntos
culpables de torturarlo y fabricarle delitos.
La
madrugada del 11 de septiembre de 2016, en Bacadéhuachi, Sonora, “Pancho
Platas” fue inculpado de portación de un arma fuego y la posesión de tres
gramos de la droga sintética conocida como crystal, supuestamente para su venta
y distribución.
Sin embargo,
“Pancho Platas”, al momento de la detención, se encontraba dormido en su
casa en compañía de su esposa embarazada, cuando un comando armado de unas 15
personas encapuchadas irrumpió en la alcoba matrimonial con la amenaza de que
se trataba de un secuestro y para liberarlo le pedían la cantidad de 300
millones de pesos.
En esta
operación también se afectó a Manuel Antonio Fimbres Villaescusa, amigo de
Pancho Platas, y a Lilett Galaz Villaescusa, esposa del exfuncionario, quien presentaba un embarazo de dos
meses y medio.
Monge
Araiza logró probar su inocencia frente a un tribunal de enjuiciamiento del
Centro de Justicia Penal Federal de Sonora, quien lo absolvió de toda acusación
bajo la sentencia de “exclusión de prueba ilícita”, es decir, por ser víctima
de una “fabricación de delito” por parte del estado.
El
ofendido contrademandó y la fiscal sonorense se niega a judicializar la carpeta
de investigación porque un juez de control llamaría a cuentas a los ocho
agentes estatales reconocidos que participaron en la ilegal retención en
Bacadéhuachi, en septiembre de 2016.
La
justicia se ha retardado tanto que en estos tres años de espera ya han muerto
en servicio dos de esos agentes señalados: Alberto Vázquez y Darío Montaño Miranda
“La
fiscalía protege a los responsables de enfrentar a una autoridad jurisdiccional
porque de esta manera se comprobaría la conspiración del estado para detener a
Francisco Monge y desaparecer a los agentes estatales que lideraron el comando
armado”, señaló la
abogada defensora de Francisco Monge, la litigante Liliana Bernal Zamora, de la
firma Regino Abogados.
El caso del
exvocero.
Lo mismo el
caso de Jorge Morales, el exvocero de Padrés, quien fue detenido el 1 de
febrero de 2016 por su probable responsabilidad en el delito de extorsión
previsto por el artículo 293 del Código Penal en Sonora, en perjuicio de Adrián
Cobos, de Larsa Comunicaciones.
Luego de
once meses en cárcel, el exjefe comunicacional salió de la cárcel al comprobar
que el denunciante, Alberto del Cid Carmelo, fue utilizado por la Fiscalía
Anticorrupción de Sonora (FAS), a cargo de Odracir Ricardo Espinoza, a quien le
dieron mil 400 pesos por firmar la querella.
Y no sólo
eso: el juez penal de la causa 86/2016, en ese entonces Manuel Octavio
Palafox Ocaña, se obstinó en llevar el caso de Morales Borbón, y pese a que ya
estaba estaba en vigor el nuevo sistema de justicia penal, el juzgador utilizó
el Código de Procedimientos Penales de Sonora, cuando debió actuar conforme al
Código Nacional de Procedimientos Penales, que es vigente desde el 15 de
diciembre del 2015.
Las
anomalías se juntaron por cientos hasta que el 28 de febrero anterior y tres
años después de iniciado el caso, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias
Penal y Administrativa declaró la incompetencia del primer juzgador.
Y ya para
el pasado 17 de septiembre se dio la audiencia inicial, en donde se
convalidaron todas las actuaciones anteriores del ministerio público, no
obstante que fueron llevadas a cabo con un código abrogado, además de que
Morales ya no era acusado por presunta extorsión, sino por simple cohecho.
Esta
representaría una encrucijada legal porque la fiscalía sonorense no quiere
aceptar el error en el debido proceso y porque Morales contrademandó al fiscal
anticorrupción Espinoza por presunto “daño moral”.
“Así como
fabricaron el caso de Jorge, pueden sumarse más, con base en procesos viciados
y factores corruptores, usando al derecho penal como brazo ejecutor, simulando
intentar atacar la corrupción y sometiendo al poder judicial a gusto y al
antojo del poder en turno”, declaró la esposa y abogada defensora de Morales, Kathya Félix.
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