Por Mathieu
Tourliere.
Organizaciones
defensoras de derechos humanos exigieron hoy al gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador que investigue y clarifique los ataques realizados
en abril y mayo de este año en México con el malware espía Pegasus,
desarrollado por la empresa israelí NSO Group.
A pesar
de los escándalos que mancharon el gobierno de Enrique Peña Nieto respecto al
uso ilegal del programa, “Pegasus sigue operando en México”, deploró Luis
Fernando García,
director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
“Expresamos
nuestra preocupación sobre la continuación del uso de Pegasus en México, sobre
todo frente a los antecedentes de abuso contra periodistas y defensores de
derechos humanos, cuyos casos permanecen hoy en la impunidad”, abundó por su
parte Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, en una conferencia de prensa.
“Hacemos
un llamado para que el gobierno federal clarifique y transparente cuáles son
las autoridades mexicanas que han adquirido y usado Pegasus, así como las
medidas de control que, en su caso, han sido implementadas para evitar que sean
utilizadas de manera ilegal”, abundó la activista.
Más
temprano, Citizen Lab reveló que NSO Group aprovechó una falla en el
servicio de mensajería WhatsApp, que permitió instalar Pegasus en un celular a
través de una simple videollamada perdida.
Dicha
brecha fue utilizada para intervenir los aparatos de al menos mil 400 personas
–entre ellas 100 defensores de derechos humanos y periodistas– en más de 20
países de América, Europa, Medio Oriente y África.
Hasta el momento,
WhatsApp “no ha revelado la cifra exacta ni la identidad de las personas
infectadas (en México), pero ha indicado que les ha enviado una notificación el
día de hoy para informarle sobre la alta probabilidad de haber sido el blanco
de un ataque con Pegasus”, dijo García.
“No se
puede descartar que haya habido un gran número de infecciones antes o después,
con otro método de intrusión”, recordó por su parte Juan Manuel Casanueva, director de la
organización SocialTIC.
Las
organizaciones recordaron que, en febrero pasado, la Fiscalía General de la
República (FGR) aseguró al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de los Datos Personales (INAI) que había desinstalado
Pegasus de las computadoras que heredó de la extinta Procuraduría General de la
República (PGR).
“El
gobierno ha hecho un compromiso público y reiterado de no volver a estas
prácticas”, sentenció García, y abundó: “Pegasus siguió siendo utilizado al
menos entre el 20 de abril de 2019 y el 10 de mayo de 2019, lo cual es un hecho
muy relevante, pues creemos que implica la necesidad y la responsabilidad del
gobierno federal de explicar quién dentro del gobierno federal –si es que es
dentro del gobierno federal—está usando este malware”.
“La FGR
tendría que aclarar si ella sigue operando Pegasus, el gobierno federal tendría
que aclararlo o, en su caso, los gobiernos locales, si fuera el caso”, exhortó.
Ruelas
resaltó que se trabaja con las cámaras legislativas reforzar las leyes sobre
libertad de expresión, lo que incluye un mayor control sobre el espionaje
cibernético. “No existen controles para hacer este tipo de vigilancia (…)
actualmente se lleva a cabo con total arbitrariedad”, deploró.
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