Raymundo
Riva Palacio.
La esperada
relatoría sobre lo que sucedió en Culiacán el 17 de octubre pasado, finalmente
se dio a conocer. El general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval,
mostró la manera como antes de que capturaran a Ovidio Guzmán López, hijo de
Joaquín El Chapo Guzmán, el Ejército y la Guardia Nacional estaban derrotados.
La descripción de cómo fueron sucediendo los eventos aquella tarde, son la
radiografía de un gobierno incapaz, estratégica, táctica y operativamente en
materia de seguridad, y que, ante el chantaje de criminales, tira la toalla.
Las fuerzas federales tienen más capacidad de fuerza que los criminales, dijo
bien el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien
precisó que no la usaron porque eso habría significado iniciar una lucha armada
que habría cobrado muchas vidas de civiles. Sin embargo, la justificación del
momento esconde el sofisma gubernamental.
La línea de
tiempo no refleja una “acción precipitada”, como desde el día 18 el general
Sandoval reconoció, sino la incompetencia de quien diseñó la operación y la
falta de conocimiento de campo y de información de todos aquellos que la
aprobaron en el gabinete de seguridad. El arquitecto del culiacanazo no
apareció en la conferencia de prensa donde se reconstruyó la ruta de la derrota
de las instituciones, que fue el general Luis Rodríguez Bucio, jefe de la
Guardia Nacional, bajo las órdenes formales del secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, pero en realidad al servicio del general
Sandoval. Tampoco estuvo el director del Centro Nacional de Inteligencia,
Audomaro Martínez, responsable de la información sobre la capacidad de fuego y
organización del Cártel de Sinaloa, que humilló en cuatro horas al gobierno
federal.
En la
reconstrucción por horas y minutos del culiacanazo, el general Sandoval detalló
con candidez –en política eso no significa transparencia– la forma como los
perímetros de seguridad nunca pudieron ser sellados, porque la velocidad con la
que las células del Cártel de Sinaloa actuaron para ganarles las posiciones en
las calles, esquinas, puentes estratégicos y los accesos a la capital, fue más
eficiente que la planeación realizada por el general Rodríguez Bucio. Según el
general Sandoval, al no tomar sus posiciones los militares para impedir el
rescate de Guzmán López, el plan de extracción no fructificó.
Las imágenes
que dio a conocer el general desnudan el desastre de la operación.
Desperdiciaron el factor de la sorpresa, por la torpeza en la operación de
campo y porque la orden de cateo que presumiblemente debió haber pedido la
Fiscalía General –este dato es fundamental para entender la derrota de ese día–
nunca llegó. Quienes intervinieron en la detención de Guzmán López no la
consumaron porque nunca salió de su casa, limitándose a aplicar meramente la
doctrina de abrazos no balazos, para que “persuadiera” –verbo utilizado por el
general Sandoval– a sus hermanos (principalmente a Iván Archivaldo) a que
dejaran de atacar a los militares y que permitieran la detención. Como
cualquier persona podría imaginarse, eso nunca sucedió, sino que escalaron las
amenazas y ataques. Esas imágenes, acompañadas de la narrativa militar,
probablemente arrancarán sorpresa y sorna entre los cuerpos especiales
altamente entrenados para operaciones contra objetivos de alto impacto, en
México y en el extranjero.
La
destrucción de la operación diseñada por el general Rodríguez Bucio, ejecutada
en campo por Carlos Alberto Flores –fichado por el gobernador electo de Baja
California, Jaime Bonilla, para ser su próximo secretario de Seguridad–, quien
tuvo la responsabilidad de darle seguimiento a Guzmán López desde una semana
antes, fue apreciada en la relatoría del secretario de la Defensa en los videos
que difundió, donde se puede ver con claridad la manera como actuaron las
células del Cártel de Sinaloa, doblegándolos; la forma como tomaron Culiacán en
sus manos, y la manera como fueron arrinconándolos y dejándolos aislados de
cualquier refuerzo federal en apoyo. Estos refuerzos ni siquiera se atrevieron
a tratar de recuperar el control de las casetas de peaje fuera de Culiacán, ante
lo que han dicho superioridad numérica del adversario.
La relatoría
del general secretario aporta más información, perturbadora. Por voz de él se
sabe que fue ejecutada por el Grupo de Análisis e Información del Narcotráfico
(GAIN), sin mencionar que operaron de la mano del general Rodríguez Bucio. El
problema es que legalmente el GAIN no podía actuar como la fuerza central en la
operación, porque no puede perseguir a presuntos delincuentes civiles. Sus
atribuciones solamente les permiten actuar como auxiliar de los fiscales o
ministerios públicos federales. Es decir, si no fueron ellos quienes eran los
responsables máximos de la operación, adicionalmente a las fallas tácticas en
las que incurrieron, violaron la ley. El general Sandoval no mencionó la presencia
de miembros de la Fiscalía General.
La fallida
operación duró cuatro horas, como se adelantó en este espacio el lunes pasado,
y nunca llegó la orden de cateo ni el apoyo militar para la extracción de
Guzmán López. La decisión avalada por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, de liberar al hijo de El Chapo Guzmán, fue correcta en ese momento. Lo
incorrecto no está en esas cuatro horas, sino en la planeación que obligó a esa
decisión, y en la falta de visión estratégica, política y jurídica para iniciar
la persecución de su objetivo de manera inmediata, para su pronta recaptura.
Reducir a un “error táctico” lo que sucedió en el culiacanazo, como dijo
Durazo, es inadmisible. La humillación al Estado mexicano –porque no fue sólo
al Presidente o al gobierno– no puede limitarse a la frivolidad política de
disfrazar la profundidad de la derrota a un pie de página en la historia de
este país.
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