Julio Astillero.
La detención
de Genaro García Luna ha sido un platillo de espectacular confección que ha
llegado a la principal mesa de Palacio Nacional justamente cuando el primer
defraudador electoral de Andrés Manuel López Obrador, el entonces panista
Felipe Calderón Hinojosa, puja en pos de hacerse de su propio partido
(familiar) y pretende (¿pretendía?) convertirse en el máximo contrapeso del político
tabasqueño que ahora tiene el poder presidencial.
A Calderón
Hinojosa le resulta absolutamente imposible pretender desmarcarse de García
Luna. El sexenio (2006-2012) del ahora promotor del partido México Libre tuvo
en distintos momentos cinco secretarios de Gobernación y tres, en cada caso, en
Hacienda, Desarrollo Social, Energía, Economía, Comunicaciones y Transportes,
la Función Pública, Educación Pública y la Procuraduría General de la
República. En cambio, García Luna, como los titulares de Marina, Defensa
Nacional, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Reforma Agraria, duró los
seis años completos: nada movió ni conmovió al ingeniero químico que desde el
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) fue formando un grupo de
espías, secuestradores, torturadores y asesinos que tuvieron su etapa de mayor
poderío al convertirse en acompañantes y ejecutores de la guerra contra el
narcotráfico que Calderón desató de manera irresponsable y, según se ha
denunciado desde 2011 en la Corte Penal Internacional con sede en La Haya,
criminal.
El abogado
Netzaí Sandoval Ballesteros fue el principal redactor de esa acusación en la
que se señala como presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad y de
guerra a Felipe Calderón Hinojosa, Joaquín Guzmán Loera (máximo jefe visible
del cártel de Sinaloa) y los entonces secretarios Genaro García Luna (Seguridad
Pública), Guillermo Galván Galván (Defensa Nacional) y Mariano Francisco Saynez
Mendoza (Marina).
Los
encargados de dar seguimiento a dicha denuncia en La Haya seguramente pondrán
atención esmerada a lo que suceda en el proceso abierto en Estados Unidos
contra García Luna, quien más adelante podrá decidir si se declara inocente de
los cargos que le imputan o acepta su culpabilidad y busca ser testigo
protegido, condición en la que tendría que soltar ante sus captores toda la
información privilegiada que acumuló durante sus años de secretario
calderonista y, posteriormente, a través de una firma, GLAC, consultoría en
asuntos de seguridad, tecnología y manejo de riesgos.
El
entrampado Calderón Hinojosa ensayó una salida al enredo que resultaba
igualmente descalificadora de sí mismo: arguyó que no sabía nada de lo que
hacía su secretario García Luna, lo cual sería terrible tanto si fuera cierto
como si no lo fuera. Y así, mientras el Presidente de la República se mueve
declarativamente con aparente distancia respecto al tema, Alfonso Durazo,
ocupante actual del cargo que, con otro nombre, ejercía García Luna, ha sido
rudo y directo respecto del ex panista michoacano, al igual que Mario Delgado,
el ebrardista que coordina la Cámara de Diputados.
El regalo
político, con moño judicial, venido del norte, ha permitido a Palacio Nacional
justificar la imposibilidad operativa de reducir el número de delitos relacionados
con violencia e inseguridad públicas. Lo había dicho con insistencia el
informador de las Mañaneras, pero ahora el apresamiento de García Luna lo
confirma: durante el gobierno de Felipe Calderón se actuó en materia de
seguridad pública conforme a los intereses de un cártel, el de Sinaloa, y
muchas de las autoridades, comenzando por el sedicente presidente de la
República en aquel tramo, actuaban en complicidad con grupos expresamente
criminales. ¿Se levantarán Calderón y su acompañante principal en la aventura
del nuevo partido, Margarita Zavala, de este golpe seco?
Y, mientras
la senadora morenista Soledad Luévano, de Zacatecas, ha presentado una
regresiva propuesta de modificaciones legales para abrir más puertas a las
iglesias y los cultos.
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