Ixtaczoquitlán, Veracruz, donde policías y el CJNG trabajan de la mano.

Por Noé Zavaleta.

El teléfono en la casa de Luisa Carrera Valdez repiqueteó con fuerza el 30 de octubre, cuatro días después de su desaparición, junto con seis personas más a manos de policías municipales y estatales. Su mamá tomó la llamada y con palabras altisonantes le dijeron: “Sí quiere volver a ver con vida a su hija tiene que depositarnos un millón de pesos”.

La mamá de Luisa entró en shock y no pudo sostener el teléfono en la mano. La llamada fue tomada por otro familiar quien exigió una “prueba de vida” para poder “negociar” el regreso de Luisa a casa. La comunicación se cortó desde entonces.

El 11 de octubre, sonó el celular de un familiar de Ciro Álvarez Cantor –desaparecido el día 8 de octubre cuando fue detenido en un retén policíaco entre Zapoapan y Campo Chico, zona rural de Ixtaczoquitlán-, una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue más enfática: “Hijos de su puta madre si quieren volver a ver con vida a sus seres queridos (Ciro desapareció junto con el joven Fernando José Trejo Aguilar y Martín Flores Medina) tienen que depositar 150 mil pesos”.

“Pídeles prueba de vida”, aconsejó un familiar de Fernando al de Ciro y este la exigió.

“Quieren prueba de vida hijos de la chingada, les vamos a mandar en bolsas negras los restos de sus maridos e hijos, ahí en la batea de una camioneta en la carretera ahí los van a encontrar”, fue la respuesta.

Los familiares de Ciro Álvarez “juntaron” 80 mil pesos, cincuenta mil los depositaron en una sucursal de Citibanamex y luego hicieron seis pagos de cinco mil pesos en una tienda Oxxo. Hecho el pago, los secuestradores insistieron en que querían más dinero. Un día después, también cortaron la comunicación.

En Ixtaczoquitlán, una cabecera enclavada en las montañas de Veracruz con más de 75 mil habitantes, 17 personas han desaparecido en lo que va del año –diez casos reportados en el último mes de octubre- y familiares de las víctimas responsabilizan a la Policía Municipal que dirigía Octavio Alejandro Pérez –hoy prófugo de la justicia, pues ya tiene orden de aprehensión.

Según la carpeta de investigación FEADPD/ZCC/1/098-2019, se indagan posibles lazos de este órgano policíaco con el CJNG, célula criminal que disputa con Los Zetas el trasiego de droga, cobro de piso, robo de combustibles, secuestro y extorsiones, en las altas montañas de Veracruz, en los municipios de Ixtaczoquitlán, Fortín de las Flores, Orizaba, Nogales, Acultzingo, Zongolica, Córdoba, Ixhuatlán del Café, Huatusco, Rio Blanco, Coscomatepec, Chocaman y Ciudad Mendoza.

Sin embargo, es en Ixtaczoquitlán –cuyo slogan gubernamental colocado a la entrada del municipio es “Una Ciudad con Futuro”– donde ahora desaparecen las personas.

Estos 17 casos de desaparición forzada ocurren durante una etapa de crisis en materia de seguridad en el primer año de gobierno del morenista, Cuitláhuac García Jiménez, cuyo aparato de seguridad ya carga a cuestas mil 200 homicidios y 200 feminicidios en 12 meses.

Apenas la semana pasada, la Fiscalía Regional de Córdoba detuvo a dos oficiales municipales con las claves de “El Bam Bam” y “El Chino”. Dos lunes atrás llevó a cabo la “desarticulación” de la Policía Municipal, y desde entonces es la Fuerza Civil la que se hace cargo de la seguridad de forma temporal.

El Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, y el gobernador Cuitláhuac García han sido evasivos con el tema: “Estamos investigando”, atajan. La Fiscal Verónica Hernández no ha dado la cara en este caso.

En las 17 desapariciones, familiares dicen al reportero que han recibido amenazas de la Policía Municipal, telefonemas intimidantes del crimen organizado (CJNG) y, en la mayoría de los casos, indiferencia de la Fiscal Especializada en Atención a Denuncias por Personas Desaparecidas en la zona centro, Fabiola Melo González.

El “retén delincuencial” de la policía

Siete comerciantes oriundos de Río Blanco y Ciudad Mendoza “desaparecieron” el 26 de octubre, luego de haber sido detenidos en un retén de policías municipales y estatales.

Esta desaparición forzada se realizó en varios actos: Por “conducir con temeridad”, Joel Reyes fue detenido junto con tres de sus trabajadores (Humberto Gil García, Daniel García Reyes y Ricardo Montesinos Núñez), además de un chofer cuando viajaban en un taxi luego de dejar la camioneta Van en Ciudad Mendoza repleta de mercancía.

Al día siguiente, Luis Carrera y Jorge Reyes –hermano de Joel- acudieron a pagar la multa de los comerciantes, los acompañó Jorge Alducin, trabajador de los comerciantes, y el abogado Eloy Servín López. Llegaron a la comandancia municipal, pagaron la multa y avisaron a sus familiares que ya había acabado todo y que ya iban de regreso a casa. Hasta ahora, ninguno de los siete comerciantes ha vuelto.

“No entendemos por qué detuvieron a todos y no solo al conductor”, lamentan familiares de Joel, Jorge y Luisa. Afirman que el taxista –de nombre desconocido- y el abogado Eloy lograron escapar de la policía, llegaron a sus casas, hicieron maleta y huyeron de la ciudad sin dar explicación alguna.

“Joel desde la comandancia le marca a su cuñada, Luisa Carrera, quien no quiso ir sola y le pidió a Jorge Reyes –su esposo- que lo acompañara. En Río Blanco llegó un trabajador más (Jorge Alducin) y el abogado para viajar a Ixtaczoquitlán. Tras pagar la multa y firmar la papeleta de salida, los hermanos Reyes hablaron a casa, les dijeron a sus padres: “Ya pagamos todo, ya acabo esto. Nos vemos en un rato”.

En un mes la familia Reyes y amigos se han dedicado a buscar por sus propios medios a sus familiares, ya pidieron videos, sábana de llamadas, y ya declararon a la Fiscalía paso a paso todos los indicios de esta desaparición que hizo huir al comandante de la Policía Municipal de Ixtaczoquitlán.

 “Hay videos editados. Tardan diez minutos Jorge y Joel platicando con el abogado. Salen con ellos, se vienen según rumbo a casa en la camioneta del abogado. Se pierde el contacto con ellos a unas cuadras de la comandancia. Hay videos que no entregaron a la Fiscalía. Nos gustaría que el abogado y el taxista declararan y dijeran qué fue lo que paso”, lamentan familiares de los comerciantes.

–¿Han buscado al alcalde?, es su policía una explicación tendrá que tener—

–No hemos buscado al alcalde, ¿Por qué?, pues tenemos miedo.

En las diligencias ministeriales realizadas hasta el momento no hay rastro alguno de la camioneta Van con todo y mercancía de ropa americana, tampoco se ha podido dar con el paradero de la camioneta del abogado, ni del taxi en que fueron detenidos cuatro comerciantes. No hay registros en ningún corralón cercano. Ello, pese a que en las bitácoras de la Policía Municipal se confirmó la detención de todos ellos y la consignación de vehículos.

“Sembrar” una Durango

Con la desaparición de Ciro Cantor Álvarez, Fernando José Trejo Aguilar y el carpintero Martín Flores Medina también se hizo humo la camioneta Durango en la que se desplazaban el 8 de octubre, cuando fueron intervenidos en un retén policíaco.

El vehículo fue localizado cuatro días después en medio de cañales cerca de Atzacan, con abundante sangre en las paredes de la cajuela y con los faros prendidos.

Familiares sospechan que la Durango pudo haber sido “sembrada” por policías, pues la batería del automotor no aguanta tanto tiempo encendida. Los familiares ya “peinaron la zona” junto con Policías Ministeriales, binomios caninos y drones. Incluso debajo de la tierra y en grutas. No han encontrado pista alguna.

Fernando José Trejo de 18 años llevaba un mes sin trabajo y cinco días antes de su desaparición consiguió empleo en el Restaurante Bar Yei para hacer trabajos de remodelación en Coscomatepec. Su familia no estuvo de acuerdo por la lejanía del lugar, 38 kilómetros de distancia a su casa. Trejo insistió pues había que pagar una moto que sacó a crédito en Elektra, se contactó con el carpintero Martín Flores y el empresario cafetalero y dueño del bar, Ciro Álvarez. Comenzaron a trabajar.

El 8 de octubre familiares de Ciro y Fernando reportaron que a las 5:00 de la tarde tuvieron comunicación con ellos. Regresarían de Fortín hacía Coscomatepec, pero a las 6:30 de la tarde se perdió la comunicación. Dos testigos –uno de ellos ya declaró en la Fiscalía Regional- reportaron que vieron la camioneta Durango intervenida en un retén policíaco a la altura del “Puente del Río Apestoso”. Desde ahí se perdió la comunicación con ellos.

Familiares de los tres desaparecidos acudieron al Mando Único, al C-4, a la Fiscalía, a hospitales y a la Cruz Roja, levantaron un reporte al 911, y nada… Ni una pista.

El 11 de octubre en la radio, los abuelos de Fernando escucharon que la camioneta Durango gris apareció en la congregación de Santa Anna, Atzacan con manchas de sangre. La abuela se puso mal y fue a parar al hospital. Ese mismo día se hicieron las llamadas de extorsión.

Un dato peculiar: Los celulares de Ciro y Fernando han estado activos. El del empresario, su WhatsApp marcó palomita azul a un mensaje de voz enviado por su hijo de cinco años a quien sus familiares no le han podido decir que su papa “fue levantado por la policía”.

En el caso de Fernando tuvo una conexión en Facebook desde su móvil la madrugada del pasado 23 de octubre. Familiares de estos tres desaparecidos ya se hicieron pruebas de ADN para cotejar a quien corresponde la sangre hallada en la camioneta.

Los familiares de Ciro están desesperados, ya cerraron el restaurante bar, tienen miedo de la policía de Ixtac y no confían en las diligencias que hace la Fiscalía.

En la casa de Fernando quieren que se investigue a fondo: “Fernando no era ni borracho, ni malandro, era un joven inquieto a quien teníamos amenazado que el día que llegará ebrio le íbamos a vaciar cubetas de agua helada en el rostro para despertarlo. Tiene que aparecer, él no ha le ha hecho mal a nadie”, narran sus familiares.

Desaparecer entre diversas versiones.

El 5 de abril, Francisco Arellano Romero “Pájaro Loco”, chofer de camiones; Hugo Ríos Ruiz, transportista, y el joven Luis Daniel González Córdoba, lavador de camiones, tomaban bebidas embriagantes y escuchaban música norteña a bordo de un Jetta negro en el bulevar de Ixtaczoquitlán muy cerca del parque.

Fueron detenidos por “alterar el orden público” y llevados a la comandancia municipal. De acuerdo con el parte oficial, una señora desconocida pagó una multa de 300 pesos y los tres se fueron a la calle. Siete meses después nadie conoce el paradero de Arellano, Ríos y González. Del vehículo negro nadie da razón.

Hoy existen tres versiones que hacen sospechar a la familia que la Policía Municipal está involucrada. El cuerpo municipal insistió una y otra vez que una señora desconocida “pagó 300 pesos de multa” para que los ebrios del Jetta negro se fueran a sus casas. La Policía Ministerial de la Fiscalía mostró semanas después fichas y fotografías demostrando que tanto Arellano, Ruiz y González sí estuvieron detenidos en la comandancia. “Sí pagaron multa de 300 pesos por una falta menor, no tenían por qué ser fichados”, recrimina la familia.

La última versión, que circuló en el Palacio Municipal es que los tres desaparecidos habían sido detenidos por robar un tráiler en Puebla. Familiares ya viajaron a las cárceles y Ministerios Públicos del vecino estado y nadie sabe nada de sus familiares.

“Hemos visto mucha violencia, casos en donde está involucrada la policía. Nos enteramos que habían sido detenidos. Y de ahí ya nadie sabe nada de ellos, la policía tiene que estar involucrada. Ya no quisimos seguir con esto. No buscamos culpables. Lo único que queremos es encontrarlos. Saber si están o no vivos”, lamenta un familiar de Hugo Ruiz.

Y es que la angustia, mezclada con la incertidumbre, ha rondado este caso. El 10 de abril del 2019 una llamada anónima en la casa de los Ruiz pedía a la familia irlo a buscar muerto sobre la carretera en Ixtaczoquitlán.

La familia de Arellano encontró en el Facebook fotografías de tres muertos en un platanar de Vega de Alatorre (a cinco horas de traslado carretero), cuyas características coinciden con los desaparecidos del 5 de abril: “Creemos que eran ellos”.

“Fuimos al platanar y no encontramos nada. Preguntamos en los alrededores y nada. Nos hicieron viajar a Martínez de la Torre, y de ahí a Misantla. Según que ya habían reconocido a dos de los tres muertos. No nos quisieron enseñar el tercer cuerpo, ni decir a quien y cuando les entregaron los otros dos ¿Y sí los reclamaron familiares falsos? ¿Y sí si eran nuestros familiares?”.

Igual que en otros casos, la familia de Luis Daniel González reporta que su teléfono móvil siguió en operación hasta diez días después de la desaparición. Desconfiando de la Policía Municipal, la familia González ha solicitado a la Fiscalía “vincular” la carpeta de investigación del 5 de abril con la de los siete desaparecidos del 26 de octubre.

Con los casos de Ruiz, Arellano y González, el esquema ha sido el mismo: viajar y viajar para presionar a las autoridades y tener pistas de su paradero, sin obtener respuesta positiva. En el caso de Arellano hay lamentos profundos, se acercan las fiestas de Navidad y no hay nada que celebrar.

“Sí Dios me lo hubiera quitado, ya sé dónde lo voy a llorar, pero así, en el estado en el que estamos, no hay tranquilidad”.

“No hay gobierno”: Colectivo de Desaparecidos

Araceli Salcedo del Colectivo de Desaparecidos de Córdoba-Orizaba lo tiene algo claro: si se sigue “jalando el hilo” saldrán a flote más casos en los que no hay denuncia o en los que familiares no han querido exponer sus casos a la opinión pública por miedo a las amenazas de la policía, pero también porque están conscientes de la indiferencia del actual gobierno ante los más de cuatro mil desaparecidos en Veracruz en la última década.

“No es que se hayan soltado los demonios. Es la realidad día a día, no tenemos nada de estrategia y seguridad, ahorita fueron siete casos, pero hay más que se vienen vinculando.  Ha pasado en Ixtac y en Orizaba y en Acultzingo. No es tierra o una región sin ley. Es un estado sin ley. No hay procuración de justicia en Veracruz. Tenemos ocho años exigiendo justicia y ahí seguimos”.

Salcedo -quien desde septiembre del 2012 busca a su hija Fernanda Rubí, “levantada” por un comando en una discoteca de Orizaba- fustiga que con la actual administración de Cuitláhuac García solo hubo promesas y mesas de trabajo para seguir la simulación:

“No hemos visto acciones reales en la búsqueda, en vida o en muerte, de nuestros desaparecidos”, denuncia.

Hay otros tres casos –explica Araceli Salcedo, líder del Colectivo Familias Desaparecidos Orizaba-Cordoba- en los que, por miedo, la familia no ha querido interponer denuncia, ni salir a la luz pública a exponer los casos pues recibieron amenazas de la policía. “El modus operandi” fue el mismo, insiste Salcedo.

Existe otra desaparición de un joven en la comunidad de Campo Grande en Ixtaczoquitlán, la familia recibió amenazas y no ha querido hablar con nadie. “Ya ni busquen a su familiar, ya no hay nada que hacer”, les dijeron.

Salcedo expone que en esta zona montañosa en el último par de años se han logrado “recuperar” los cuerpos de 25 personas en fosas de Río Blanco y alrededores, mientras que en el Servicio Médico Forense hay 16 cuerpos esperando “ser cotejados” con pruebas de ADN realizados a familiares desaparecidos.

Otro problema son los restos y fragmentos óseos que fueron hallados calcinados, y ahí ni Colectivos ni autoridades saben por dónde empezar. ¿Por qué? se cuestiona Salcedo: porque “no hay condiciones de identificación”, responde.