Por Juan
Carlos Cruz Vargas.
La cúpula
empresarial repudió la reforma a la subcontratación impulsada por Napoleón
Gómez Urrutia y aprobada en comisiones del Senado.
Advirtió
que, de concretarse, acarrearía “daños devastadores” a la economía mexicana.
En un
comunicado, el organismo encabezado por Carlos Salazar Lomelín señaló que
“se pondrían en riesgo miles de puestos de trabajo, se desalentaría la
inversión y se convalidaría una reforma con visos de inconstitucionalidad”.
Aún más. El
CCE alertó que también pone en riesgo la ratificación del T-MEC, por la falta
de respeto al Estado de Derecho, además de generar un grado de incertidumbre
enorme, poniendo en riesgo la inversión nacional y extranjera.
“Sería un
golpe frontal a miles de empresas que utilizan legal y legítimamente esta
figura para aumentar su competitividad. Estas empresas podrán decidir mover sus
inversiones, no hacer nuevas, y otras decidirán ya no instalarse en México”, acotó.
Agregó que
buscar criminalizar las relaciones laborales: pone a nivel de delincuencia
organizada una práctica legal y legítima.
Al respecto
lanzó:
“Es
inaudito y realmente preocupante esta tendencia de los legisladores a querer
llevar todas las prácticas que no les gustan a nivel de delincuencia; más aún,
de delincuencia organizada. Como si quienes invertimos y generamos empleos en
el país fuéramos narcotraficantes o terroristas”.
Por si fuera
poco, dejó claro que la iniciativa tiene visos de inconstitucionalidad:
busca ser retroactiva, lo que es una aberración jurídica.
“Es decir, colocaría
como grupos de delincuencia organizada, de manera retroactiva, a todos los que
en el pasado utilizaron figuras de subcontratación que desde el año 2012 son
legales y legítimas. Califica de delincuentes a quienes cumplieron con la ley
vigente al día de hoy”, explicó.
Salazar
Lomelín recordó que si bien hubo hace algunos meses un ejercicio de
parlamento abierto, la iniciativa mencionada aún no se había presentado.
Además, las propias conclusiones del parlamento abierto no fueron tomadas en
cuenta.
“Estamos
de acuerdo en la necesidad de replantear la figura de la subcontratación para
evitar que existan abusos y exhortamos a que las autoridades ejerzan las
facultades con las que ya cuentan para sancionar las prácticas ilegales. Sin
embargo, esta iniciativa va mucho más allá de eso y tiene efectos
contraproducentes”,
remató.
En el mismo
sentido, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
calificó a la iniciativa “como un lamentable intento” por atender la necesidad
de atacar los abusos y prácticas ilegales en la figura de la subcontratación,
para las cuales ya se cuentan con herramientas jurídicas para su respectiva
sanción.
“Si bien
Coparmex está a favor de combatir el outsourcing cuando sea de forma simulada e
ilegal y se demuestre que afecta a los trabajadores, al fisco y a la seguridad
social, rechaza que sea considerado en general como una simulación y pretenda
calificarse como delincuencia organizada”, acotó.
Por su
parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos, consideró
que es necesario contar con los tiempos y los espacios para la presentación de
propuestas de los diferentes sectores, para encontrar los puntos de equilibrio,
con el objetivo de que ni los trabajadores ni los empresarios resulten
afectados.
Indicó que
se requiere de un análisis a fin de que la reforma sea de gran alcance y que
atienda las necesidades de crecimiento económico y desarrollo social del país.
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