Motocicletas asesinas.

Raymundo Riva Palacio.

En la última semana, dos asesinatos han sido de alto impacto. Uno fue el de Abril Pérez Sagaón, que tiene cimbrada a la opinión pública desde que se cometió hace 10 días, y el otro fue el de Brian del Prado, que tuvo una fama efímera por su participación en un exitoso programa de TV Azteca, la madrugada del domingo pasado. Los casos están totalmente desvinculados, salvo por el método empleado en su ejecución: fueron realizados a bordo de una motocicleta, donde viajaban dos personas. La prominencia de ambos crímenes ha relegado la manera como se hicieron, que, sin ser un procedimiento nuevo, subraya la tendencia de cómo la delincuencia está empleando otras formas de ajustar cuentas de una manera rápida, sorpresiva y que les permita escapar.

Cualquier conductor en la Ciudad de México habrá notado un número creciente de motocicletas en la capital, que se desplazan de manera arbitraria por todos los carriles, en las vías de alta velocidad, o serpenteando por las calles. No se trata ya de motociclistas de paquetería o comida rápida, sino de aquellos que por razones económicas y de tiempo, han optado por ese tipo de transporte. Entre 2013 y 2017, el Inegi reportó un incremento de 90 por ciento en el número de motocicletas en el país, pasando de un millón 900 mil a tres millones y medio de unidades. No hay un reglamento especial para motocicletas, cuando menos en la capital, y la normatividad, que tiene que ver con la movilidad, es de 2015.

Los asesinatos de Pérez Sagaón y de Del Prado son los últimos registrados con este método en la capital. Reportes extraoficiales señalan un incremento en el número de asesinatos dolosos con este método que, en la Ciudad de México, asocian con un mayor número de centroamericanos y asiáticos. Sin embargo, no se puede concluir que el método es importado. Hace un año, por ejemplo, fue asesinado Jesús García Vallejo, el abogado del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, que purga una sentencia por delitos relacionados con el crimen organizado, en Coyoacán, la misma alcaldía donde mataron a Pérez Sagaón y a Del Prado. Pero tampoco puede establecer, con la información disponible, que eso revele un patrón.

El fenómeno es nacional. Un análisis comparativo realizado por el Índice GLAC el año pasado, estableció que el uso de motocicletas en la logística delictiva incrementa los delitos contra la integridad física y el patrimonio de las personas, y observó la existencia de una correlación entre el crimen y el robo de motocicletas. En el ranking que correlaciona los homicidios dolosos y el robo de motocicletas, hasta octubre de este año, las entidades donde el fenómeno es más grave son Baja California, donde la correlación es 0.95, seguida de Puebla y Tabasco (0.87), Veracruz y la Ciudad de México (0.82). En el caso de la capital federal, la tasa acumulada de motocicletas robadas en la Ciudad de México, hasta julio, fue de 16.1 por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa de homicidios dolosos fue de 10.3.

El crimen en motocicleta no es un fenómeno nuevo. En 1984, dos sicarios pagados por Pablo Escobar, jefe del Cártel de Medellín, asesinaron desde una motocicleta al ministro de Justicia colombiano, Rodrigo Lara Bonilla, en Bogotá. La publicación Insight Crime reportó, en agosto de 2015, que en los tres años previos mil 537 guatemaltecos habían sido asesinados por criminales motorizados, y otros 699 habían resultado heridos, que contribuyeron a un incremento de 50 por ciento de homicidios dolosos en esa nación. Ese mismo año en Ecuador, el número de asesinatos por parte de motoristas era de nueve al día, con lo que sumaron, en los primeros siete meses de 2015, el 15 por ciento del total de crímenes en el país.

El uso de sicarios motorizados es común en América Latina. En Centroamérica ha sido una táctica desarrollada por las pandillas, como los maras salvadoreños, que han comenzado a instalarse en la zona de Tepito. No hay un consenso sobre cómo enfrentar ese método, y se han probado varios sin que hayan perdurado. Cuando se popularizó el sicariato motorizado en Colombia, las autoridades en Medellín prohibieron que viajaran hombres en ese tipo de transporte, y después de varios años, un tribunal revocó la medida. Hace 10 años, el entonces presidente guatemalteco, Álvaro Colom, prohibió que viajaran dos personas en motocicleta –uno maneja y el otro dispara–, pero su sucesor, Otto Pérez Molina, revocó la restricción.

El fenómeno del sicariato motorizado ya se instaló en México, y muy pocos han reparado en los riesgos que entraña. Uno de los escasos es el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que ha tenido conversaciones a nivel federal sobre la posibilidad de prohibir todas las motocicletas en su estado. Si esa fuera una solución eficaz, seguramente ya lo habría hecho. Lo mismo se podría decir de Tabasco. Si el total de homicidios dolosos es llevado a cabo casi en su integridad por asesinos en motocicletas, si se prohibiera ese tipo de vehículo, se acabaría con el homicidio doloso. Sin embargo, no hay soluciones lineales, y mucho menos cuando la opción por las motocicletas están relacionadas con factores económicos.

De cualquier forma, las autoridades tienen que comenzar a analizar las tendencias de homicidios dolosos desde motocicletas y atajar ese tipo de crimen antes de que los desborde. Cómo se puede hacer, es algo que se tiene que estudiar desde diversos ángulos. La contracara es qué sucederá entre la población, si prolifera este tipo de asesinatos. En la calle, en el tráfico, en los congestionamientos, se sentirán como un pato sentado en espera que le disparen. El pánico ante esa posibilidad será mayúsculo y generará tensiones sociales adicionales. No hay que esperar a que eso suceda.