Por Israel
Rodríguez.
Mediante
esquemas de planeación fiscal agresivos, que aprovechan resquicios de leyes y
reglamentos, grandes corporaciones dejan de contribuir con el Estado mexicano
alrededor de un billón 200 mil millones de pesos, cifra superior a los 900 mil
millones que se destinarán a pago de jubilaciones y pensiones este año.
Consorcios
o grandes contribuyentes usan la consolidación fiscal, la depreciación
acelerada de activos y pagos de tecnología y regalías, así como impuestos
diferidos, entre otros, para anular sus pagos.
Además, existen
otras figuras para la elusión: tasas diferenciadas en distintos impuestos,
exenciones, subsidios y créditos fiscales, facilidades administrativas,
estímulos fiscales, tratamientos y regímenes especiales.
El Servicio
de Administración Tributaria (SAT) detectó que la tasa de impuesto sobre la
renta (ISR) efectivamente cobrada respecto de la base gravable de los grandes
contribuyentes es de apenas 2.2 por ciento y debería ser superior a 30.
Al respecto,
Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados, afirma que para 2020 la renuncia tributaria
del Estado por esas figuras, que se incluyen en los llamados gastos fiscales,
supera 1.2 billones de pesos.
Cabe
señalar que el Presupuesto de Gastos Fiscales tendrá que ser entregado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar el 30 de junio próximo,
que comprenderá los montos que se dejan de recaudar por tasas diferenciadas en
los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, así como
condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones
autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas
leyes que aplican a escala federal.
De acuerdo
con las autoridades fiscales, esos tratos tienen la finalidad de reducir la
desigualdad en la distribución del ingreso, mejorar el bienestar de
determinados grupos sociales, fomentar la inversión y el empleo, promover
alguna actividad sectorial específica o bien compensar o neutralizar alguna
externalidad negativa.
Gabriel
Reyes Orona, ex procurador fiscal de la Federación, aseveró que si se
impusiera una tasa mínima a los grandes contribuyentes, de entre 3 y 4 por
ciento de sus ingresos, la recaudación sería de cuando menos unos 600 mil
millones de pesos.
Explicó
que el problema no es la tasa máxima. El truco es que para determinar la
utilidad fiscal se emiten tantas excepciones que la utilidad fiscal queda en
cero. El conflicto es que las deducciones y forma de calcular la utilidad
fiscal llevan a un mecanismo en el que la utilidad fiscal se anula.
Entre los
tratamientos diferenciados que destacan para el ejercicio fiscal de 2020, por
el monto estimado de la pérdida recaudatoria que implican, se encuentran la
tasa cero en el IVA, la cual, se estima, generará una merma de ingresos por 305
mil 392 millones de pesos (1.17 por ciento del PIB). Ingresos exentos del ISR
por salarios, 156 mil 966 millones (0.6), y estímulos fiscales, 130 mil 584 millones
(0.5).
Asimismo, se
calcula que este año se producirá una pérdida recaudatoria por 69 mil 424
millones de pesos (0.27 por ciento del PIB) derivada de bienes y servicios
exentos del IVA. Por subsidio para el empleo, 51 mil 947 millones.
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