Por Antonio
Heras.
Legisladores
de Morena modificaron la Constitución de Baja California para permitir al
gobernador Jaime Bonilla Valdez, de ese partido, presentar informes mensuales a
fin de divulgar logros de su administración con su nombre e imagen.
Con 19
votos a favor de un total de 25 fue avalada la reforma, en la que se omitieron
restricciones para mantener en los informes un carácter institucional y con
fines informativos, educativos o de orientación social, pero sobre todo para
prohibir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de servidores públicos, como estipula el artículo 100 de la
Constitución estatal.
La tarde del
pasado 31 de diciembre, cuando se aprobó la reforma constitucional en sesión
extraordinaria, el legislador morenista Juan Manuel Molina propuso que se
incluyeran restricciones a dicho artículo.
Sin embargo,
la mayoría de los diputados desdeñó la propuesta con el propósito de permitir
discrecionalidad a Bonilla Valdez, autor de la iniciativa.
En los
artículos transitorios se indica que la reforma deberá ser aprobada por la
mayoría de los cinco cabildos (Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de
Rosarito) y luego publicada en el Periódico Oficial del Estado. Los cinco
ayuntamientos son gobernados por Morena.
Sin haber
terminado el proceso parlamentario, el 2 de enero el mandatario presentó su
primer informe parcial, que consta de 31 puntos, entre los que destaca su
trabajo sin descanso en temas que afectan a las familias: seguridad, bienestar
social y alto a la corrupción.
Además, la
Dirección de Comunicación Social de la administración estatal emitió un boletín
en el que señala: El gobernador Jaime Bonilla Valdez rinde cuentas de las
acciones en beneficio de los bajacalifornianos, y divulgó un video donde el
tijuanense pondera sus actividades políticas y gubernamentales.
La enmienda
constitucional, que aún no se ha publicado, se refiere exclusivamente al
gobernador; sin embargo, ha sido aprovechada por otros funcionarios para
hacerse promoción.
Así, el
titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Guillermo Ruiz Hernández,
también violó la ley al presentar un informe general sobre sus dos meses de
gestión al frente de ese organismo autónomo.
Ruiz
Hernández –abogado de Bonilla Valdez durante las dos décadas recientes– aparece
en publicidad institucional en siete de las nueve fotografías que detallan las
acciones realizadas por la FGE en noviembre y diciembre; además, en los textos
se destacan sus actos al frente de esa entidad pública.
En la
modificación al artículo 49 constitucional se adicionó el párrafo: El
gobernador podrá informar mensualmente a la población a través de medios de
comunicación y redes sociales sobre los avances en la consecución de metas y/o
solución de los problemas de la entidad desde cualquiera de los municipios de
la entidad.
En la misma
sesión extraordinaria, el pleno aprobó aumentar de 2.43 a 3 la tasa del
impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal –mejor conocido como impuesto
sobre nómina–, que es el gravamen que los empleadores pagan sobre el salario de
sus trabajadores.
De acuerdo
con la Confederación Patronal de la República Mexicana y otros organismos
empresariales, esta alza mermará la atracción de inversiones, la generación de
empleos y la competitividad en el estado.
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