Por Gloria
Leticia Díaz.
Al
considerar que las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos
cometidas durante la llamada “guerra sucia”, de manera especial desapariciones
forzadas “resultaron mera simulación”, sin sancionar a los responsables, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció la creación de una
Oficina Especial para “hacer una investigación integral” de los abusos cometidos
de los años sesenta a noventa del siglo pasado.
El
organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra, informó en un comunicado que
abrió “un expediente de queja que permita la clarificación de dicho periodo y
los casos concretos a investigar”.
En un
comunicado la CNDH consideró que más de medio siglo de ocurridos esos hechos
“es necesario y un derecho humano conocer la verdad de lo ocurrido y acceder a
la información completa de esos hechos, ya que la verdad en torno de las
desapariciones forzadas del pasado reciente es una necesidad imperante, una
obligación ética y una deuda histórica”.
Agregó
que para la CNDH que encabeza Piedra Ibarra, “los intentos por esclarecer los
hechos del pasado relacionados con violaciones a derechos humanos, en
particular la desaparición forzada de personas que formaron parte de
movimientos sociales y políticos en las décadas de los años sesenta, setenta,
ochenta y noventa del siglo pasado, (…) resultaron mera simulación y en los que
no se fincaron responsabilidades”.
Resaltó
que “la represión del activismo político, las detenciones arbitrarias, la
tortura, el asesinato y la desaparición forzada de personas ha sido una
estrategia de terror aplicada por el Estado que, de acuerdo con el Estatuto de
Roma en su artículo séptimo, constituye un crimen de lesa humanidad, por lo
cual es tiempo de abrir el paso a la verdad y justicia a las víctimas”.
Funciones.
La
Oficina Especial tendrá como funciones realizar investigaciones sobre las
desapariciones de la “guerra sucia” para conocer el destino de las personas
desaparecidas, considerando “la presunción de vida”, así como establecer “la
existencia de violaciones a derechos humanos, conociendo la verdad de lo
sucedido”.
El organismo
explicó que las investigaciones de las desapariciones forzadas cometidas en
los años setenta y ochenta tomará como base “otros mecanismos de Justicia
Transicional” como lo fueron la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y
Políticos del Pasado (Femospp), creado y cerrado durante el gobierno de Vicente
Fox, así como la Comisión para la Verdad del estado de Guerrero (Comverdad),
“en tanto que documentaron parte de las graves violaciones a los derechos
humanos y señalaron la responsabilidad del Estado mexicano”, así como en las
investigaciones académicas.
El
comunicado no menciona la Recomendación 26/2001 de la CNDH relacionada con
violaciones a derechos humanos cometidos durante las décadas de los años
setenta y ochenta, y que precisamente dio lugar a la creación de la Femospp que
encabezó Ignacio Carrillo Prieto.
De acuerdo a
lo descrito en el comunicado, la Oficina Especial implicará la creación de
un consejo “conformado por víctimas y familiares de víctimas”, que se encargará
de supervisar el trabajo de los integrantes de la nueva dependencia, cuyo
titular será “un licenciado en Derecho con título expedido legalmente”.
El organismo
explicó que la nueva oficina estará conformada por visitadores adjuntos de
la Primera y Sexta Visitadurías Generales, que conocían los casos relacionados
con la “guerra sucia”, así como “un grupo interdisciplinario de personas con
perfiles profesionales de distintas disciplinas directamente relacionadas con
la investigación y determinación de violaciones a derechos humanos:
historiadores, abogados, histopatólogos, odontólogos, antropólogos y químicos
genetistas forenses, psicólogos, criminalistas, etc.”.
Tras puntualizar
la oficina se centrará en casos de desaparición forzada ocurridos entre 1969
y 1999, la CNDH resaltó que la Oficina Especial se abocará a la búsqueda de
archivos “que no fueron parte de la apertura de información de sexenios pasados
y que lleven a su consulta plena y sin restricciones, como archivos de
instituciones psiquiátricas, penales, forenses, de inteligencia, policías
locales y federales, militares y los Poderes Ejecutivos y Judiciales”, así como
a reforzar con documentos y testimonios “de casos investigados por la Femospp,
Comverdad, los archivos de diversas policías y aparato de seguridad del Estado
y el Programa de Desaparecidas de la CNDH”.
Alcance de
expedientes.
El organismo
agregó que también se analizará “el alcance que han tenido los expedientes
cuyos casos fueron trabajados tanto por la Femospp, la Comverdad y el Programa
de Personas Desaparecidas de la CNDH “, y realizará inspecciones a los “sitios
de detención clandestina previamente identificados”, y de nuevos señalados,
recurriendo a testimonios, “inspección de mapas, planos, fotografías aéreas de
la época y diligencias en los lugares por personal de la Oficina Especial, que
será acompañado de familiares de las personas desparecidas y/o sus
representantes”.
De acuerdo
al organismo, la Oficina Especial realizará entrevistas a “ex funcionarios
de todos los niveles que pudiesen proporcionar cualquier tipo de información,
dando atención especial a ex miembros de aparatos de seguridad del Estado”,
situación que “implica hacer un llamado, e incluso la implementación de un
programa de incentivos, a quienes tuvieran información verídica que pudieran
aportar en la investigación de los casos, sin omitir los testimonios de
sobrevivientes, familiares de víctimas y testigos”.
El organismo
explicó que la Oficina Especial también tendrá competencia para documentar
detenciones arbitrarias, asesinatos, torturas y ejecuciones arbitrarias;
gestionar “la reparación y dignificación de las víctimas y sus familiares,
mediante el reconocimiento oficial por el Estado mexicano y sus fuerzas de
seguridad de ser los responsables de cometer graves violaciones a los derechos
humanos, así como generar las condiciones que pusieron sus vidas en riesgo”.
Al señalar
que la Oficina tendrá como objetivos recomendar garantías de no repetición y
difundir “los mecanismos institucionales represivos involucrados, así como las
tramas represivas del Estado”, el organismo destacó la colaboración con
víctimas y familiares de las personas desaparecidas, con sus representantes y
organizaciones que los acompañan, para integrar expedientes de queja y revisar
las investigaciones previas realizadas, así como cerciorarse “que las
autoridades hubieran agotado todas las líneas de investigación que en términos
del derecho humano de acceso a la justicia procedieran, además de procurar la
información suficiente y que toda autoridad debe proporcionar”.
La CNDH
informó que la Oficina Especial “no requerirá de gran presupuesto, ya que se
integrará con personal comisionado en diversas áreas de este organismo
nacional, y sólo algunas plazas serán creadas ex profeso y se incorporará a
ellas nuevo personal”.
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