Por Mathieu
Tourliere.
El
gobierno mexicano afirmó hoy que no fue notificado de la suspensión que un juez
de Campeche otorgó al Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX)
contra el Tren Maya, por los incumplimientos del proceso de consulta indígena
con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En un breve
comunicado, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) –que impulsa
el megaproyecto en la administración de Andrés Manuel López Obrador– aseveró
que “no ha sido notificado de suspensión alguna”, derivada de la demanda de
amparo 12/2020 promovida ante el Juzgado Primero de Distrito de Campeche.
Hoy, las
comunidades y organizaciones que conforman el CRIPX aseveraron que dicho
juzgado le concedió una suspensión provisional “para que las autoridades
responsables con independencia al resultado de la consulta realizada en
relación al denominado Tren Maya, se abstengan de decretar la aprobación de
dicho proyecto, o bien, al haber sido decretada dicha aprobación, se abstengan
de realizar actos tendientes a la ejecución de dicho proyecto”.
En su demanda
de amparo, las comunidades argumentaron que el proceso de consulta que llevó
a cabo el Fonatur –junto con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
(INPI)– durante la primera quincena de diciembre no cumplía con los requisitos
de la OIT, entre ellos que dicha consulta debe tener el carácter de “previa,
libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.
En enero pasado,
Proceso reveló que organizaciones de la sociedad civil preparaban una serie de
amparos para anular los resultados de la consulta, debido a los evidentes
incumplimientos con los tratados internacionales, de los que México es
firmante.
De hecho, el
20 de diciembre la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) enumeró en un informe las razones por
las cuales el proceso “no ha cumplido con todos los estándares internacionales
en la materia”; en su demanda de amparo, el CRIPX incluyó este informe.
Respecto al
carácter “previo”, la ONUDH señaló que la convocatoria del gobierno planteó el
objetivo de establecer acuerdos con las comunidades respecto a su participación
en la implementación del Tren Maya y la distribución de beneficios, lo cual,
según el organismo, “podría dar a entender que el proyecto se hará
independientemente del resultado de la consulta”.
En materia
de información, recalcó que el Fonatur solamente dio a conocer los “posibles
beneficios” del proyecto, sin mencionar “los impactos negativos que pudiera
ocasionar”, y deploró que “la ausencia de estudios sobre los impactos o la
falta de difusión de los mismos, dificulta que las personas puedan definir su
posición frente al proyecto de manera plenamente informada”.
Por otra
parte, observó que, en las asambleas, “las personas de las comunidades
expresaban su conformidad con el proyecto como un medio para recibir atención a
necesidades básicas como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio
ambiente sano y cultura, lógica que afecta el carácter libre de la consulta”.
Y
finalmente, subrayó que la consulta no fue culturalmente adecuada, dado que el
gobierno federal definió “unilateralmente” a sus interlocutores –las
autoridades ejidales, principalmente–, dio un periodo de tiempo “demasiado
corto” para deliberar y no proporcionó traducciones “adecuadas”.
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