Por Juan
Carlos Huerta.
La fuerte
disputa por el territorio entre grupos del crimen organizado dejó a Jalisco, al
cierre de 2019, con 2 mil 100 desaparecidos –primer lugar nacional– y 75 fosas
clandestinas, en las que se encontraron 213 cadáveres. En medio de esta crisis
de seguridad, los espacios en las gavetas que el gobierno estatal habilitó en
tres panteones para el resguardo de cadáveres no identificados, están por agotarse.
Los
cuerpos se dispusieron en criptas adquiridas y divididas en tres ubicaciones,
una de ellas es el camposanto de Guadalajara, donde de las 400 gavetas que se
compraron, 380 ya están ocupadas.
En la
morgue de El Salto se pagaron 400 espacios, y ahí se hicieron alrededor de 300
inhumaciones. En el cementerio de Coyula, Tonalá, hay más de 180 cuerpos
confinados.
No obstante,
los hechos de violencia que azotan al estado en los últimos cuatro años han
dejado 9 mil 286 desaparecidos.
Blanca
Jacqueline Trujillo Cuevas, fiscal especial en Personas Desaparecidas, señala
que muchos casos son sólo fragmentos humanos, pero sus perfiles genéticos son
asentados como una persona no identificada, “obviamente tenemos unas partes o
procesos de extracción donde hemos identificado que por el estatus tan avanzado
de descomposición no es posible la identificación inmediata; se tiene que
cruzar información y dependemos de dictámenes más complejos”.
Agregó
que se debió crear un catálogo de cuerpos completos, desmembrados y secciones
anatómicas debido a que: “hay casos que se procesan y se encuentran restos
anatómicos de seres humanos muy seccionados, entonces tenemos el catálogo de
cuerpos completos localizados, restos y osamentas, y cada una tiene su cifra
muy particular”.
De acuerdo
con las estadísticas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, del 1
de enero al 31 de diciembre de 2019, existen 816 cuerpos que no han sido
identificados y que serán enviados a una de las sedes del panteón forense.
Desde el
primer día del inicio de la actual administración a la fecha se han
registrado 4 mil 60 registros de ingresos a la morgue metropolitana, de los
cuales se identificaron y entregaron tres mil 450.
A ello
hay que sumar que entre octubre y diciembre de 2018 se confinaron 469 cuerpos
en las criptas habilitadas, y hasta la fecha se superan las 900 inhumaciones.
La Ley
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece que ninguna
autoridad podrá ordenar la inhumación de cadáveres o restos sin identificar,
antes de contar con la información necesaria para su reconocimiento.
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