Policías de Morelos se ampararon para evitar remoción.

Por Verónica Baca.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortíz Guarneros, confirmó que los 180 policías que están identificados por tener vínculos con el crimen organizado, se ampararon para evitar la remoción del cargo por lo que están impedidos para destituirlos, aunado a que no han encontrado los suficientes elementos para denunciarlos.

“Hemos identificado que varios elementos de la policía municipal, así como estatal, han estado dando protección a grupos delictivos, sin tener la evidencia fehaciente para ponerlos a disposición de la autoridad competente”, manifestó el almirante.

Asimismo, mencionó que estos no aprobaron los exámenes de control y confianza, por lo que manifestó al jefe del Ejecutivo estatal, la necesidad de incrementar la matrícula de uniformados, para poder reemplazarlos toda vez que se les finquen responsabilidades.

“Es necesario que aumentemos la matrícula en la academia, porque necesitamos ir renovando a los policías”, enfatizó Guarneros.

Esto, después de que ayer, el gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo reveló en entrevista que existían 180 policías que brindan protección a criminales.

Dicha declaración, la dio tras un hecho del sábado 11 de enero, en la colonia Iztaccíhuatl del municipio de Cuautla en el que estarían involucrados presuntos vendedores y compradores de autos de dudosa procedencia y que derivó en un enfrentamiento a balazos, así como la incautación de armas, entre las que destaca un AK-47 conocida como ‘cuerno de chivo’, una pistola tipo escuadra y el supuesto robo de 700 mil pesos, de los que hasta el momento no se ha comprobado legal procedencia, pero tampoco se mencionó si hay detenidos por este caso y qué hacía esa cantidad de dinero en un domicilio.

De lo anterior, informó que ya existe una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República.

En tanto, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas leyó las conclusiones a las que llegaron los integrantes de la Mesa de la Coordinación para La Paz, del suceso en Cuautla en las que resaltó un presunto conflicto entre particulares, abuso de autoridad por parte de la corporación, violaciones al debido proceso pues habrían realizado un cateo sin una orden del juez.

Explicó, que los elementos municipales declararon primero a los medios, de una supuesta liberación de secuestradores, que habían sido acusados de plagiar a dos personas procedentes de Nezahualcóyotl, Estado de México y que se encontraban al interior de un lote de autos.

Pero en realidad, dijo Pablo Ojeda, los policías al mando del comandante Isael Nieto Pliego “buscaron encubrir sus errores”.

Por tanto, Nieto Pliego acusó a los altos mandos de “proteger y liberar” a los secuestradores, no obstante que ya el área de asuntos internos de la CES, indaga al respecto.

A su vez, el Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, reveló que hasta el momento no existe una denuncia por el delito de secuestro, en el acontecimiento en mención.

Por tanto, el comisionado Ortíz Guarneros comentó que Isael Nieto fue separado del cargo, también se removió al titular del Mando Coordinado en Cuautla, Gamaliel González Ravelo; Ángel Landa Hernández, director de Proximidad Social de la CES y Raúl Gómez Cruz, director de Inteligencia, a quien se conoce como “Piloto” y cuyo nombre ha aparecido en mantas firmadas por el crimen organizado.

Lo anterior, con la finalidad de evitar que se contamine la investigación y esta sea transparente y argumentaron que “bajo ninguna circunstancia, se tolerarán abusos”.

Dipitados de la LIV legislatura exigieron que el titular de la CES, José Antonio Ortíz Guarneros comparezca ante el pleno, derivado de este incidente que arroja actos de corrupción al frente de las corporaciones.

"La policía del estado debe generar confianza a la ciudadanía; la mínima sospecha de complicada entre policías y delincuentes acaba con la confianza", expresó el legislador independiente, José Casas.

A su vez, organizaciones civiles en Cuautla anunciaron marchas a favor de los policías municipales que fueron separados del cargo.