Por José
Raúl Linares.
La Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al estado de Coahuila derogar
diversas disposiciones de la Ley de Victimas donde sólo se reconoce la
reparación integral del daño en aquellos casos “graves” en los que se violan
los derechos humanos, pero no para aquellas personas que han sido objeto de la
delincuencia.
En respuesta
a la acción de inconstitucionalidad 130/2017 promovida por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH), el máximo tribunal del país ordenó suprimir
las disposiciones en las que se admite “exclusivamente aquellos casos en los
que se da una violación grave a derechos humanos”, porque –subrayó– “no es
compatible con los parámetros nacionales e internacionales, pues la reparación
integral a las víctimas debe darse a todas”.
El pleno
de la SCJN invalidó el artículo 46 en la porción normativa “ambos considerados
como graves”; 48, párrafo primero y párrafo segundo, en las porciones
normativas “graves”, y el 114, en la porción normativa “graves”. Este último
artículo referido al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral
de la Ley de Victimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
La
medida, según una disposición publicada en el Periódico Oficial de Coahuila el
29 de agosto de 2017, condicionaba la entrega de recursos a los casos de
violaciones graves de derechos y no a personas que hayan sido víctima de algún
delito grave.
En ese
sentido, la SCJN también invalidó el artículo 10, fracción III, párrafo
tercero, en la porción normativa “bajo la disponibilidad presupuestal”, que
condicionaba a la disposición de presupuesto el otorgamiento de atención a
víctimas en aquellos casos urgentes en los que se recurra a instituciones
particulares, lo que resultaba violatorio de la Constitución Federal y
contrariaba lo dispuesto en la Ley General en la materia.
“El
Tribunal Pleno continuará con el análisis de este asunto durante la próxima
sesión para abordar el concepto de violaciones graves que contiene el artículo
67 de la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza”, destacó en un comunicado.
De acuerdo
con la organización Semáforo Delictivo, la entidad gobernada por el priista
Miguel Riquelme mantiene altas tasas en materia de delitos de alto impacto,
como la extorsión y narcomenudeo, así como violación y feminicidios –arriba de
la tasa media nacional–, y se concentran en los municipios de Matamoros,
Morelos y Parras.
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