Por Jesusa
Cervantes.
Seis meses después de que el gobierno del
Estado presentó una denuncia penal contra el exgobernador Francisco Vega de
Lamadrid, y sin que aún haya alguna indagatoria, el auditor superior estatal,
José Sergio Soto, presentó otra denuncia por los mismos presuntos delitos:
desvío de recursos por 1, 586 millones de pesos.
Después de
que el 19 de noviembre anterior, el secretario de gobierno, Amador Rodríguez
Lozano, denunció por peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, falsificación
de documentos, abuso de autoridad y uso de facturas falsas, ante la Fiscalía
General del Estado (FGE), la auditoría local realizó una revisión especial,
incrementado el monto del supuesto desvío.
Ese día
el gobierno del estado detectó 1, 200 millones de pesos desviados a través de
40 empresas fantasmas, y ahora, la auditoría incrementó el presunto desfalco a
mil 586 millones de pesos.
La
primera denuncia fue respecto a la revisión en la emisión de factura durante
2017 y 2018 por concepto de “asesorías” a 40 empresas presuntamente falsas.
Ahora, la denuncia es por recursos ejercicio de 2014 a 2019 y el pago a más de
“supuestos proveedores” mediante 273 operaciones inusuales.
Los 1,586
millones de pesos supuestamente desviados representan el 40% del presupuesto
que actualmente tiene la Secretaría de Salud del Estado.
En la denuncia,
donde se presentaron “testimoniales y documentos” de las presuntas
irregularidades, participó también la presidenta de la Comisión de
Fiscalización del Gasto, Eva Rodríguez, exdiputada local panista justo durante
el último trienio de “Kiko” Vega.
En
noviembre de 2019, la denuncia fue contra el exgobernador panista y cinco
exfuncionarios estatales, y en la reciente es también contra Vega y 11
exfuncionarios.
Según el
auditor, la entidad continúa realizando otras revisiones, por lo que el
quebranto podría llegar a los 2 mil millones de pesos y los delitos serían de
carácter federal y del fuero común.
“En el
ámbito federal, los delitos que pudieron haber cometido los exfuncionarios son
delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Y en el
fuero común: “enriquecimiento ilícito, ejercicio Ilícito del servicio
público, abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones”, se indica
en el comunicado que emitió el Congreso local.
Según la
Auditoría Superior de Fiscalización, de la revisión de lo facturado durante
2018, se remitió al gasto de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019, observando
“operaciones inusuales repetitivas”.
Entre los
servicios presuntamente prestados y que fueron pagados destaca “un diagnóstico
del Estado financiero del sector salud por 11 millones de pesos; lineamientos
para el costeo de la plantilla del magisterio y burocracia por 11 millones; dos
análisis relacionados con la regularización de los vehículos, uno por un monto
de 8 millones y otro de 5 millones.
“Una
supuesta evaluación y diagnóstico de los programas de Atención Social por 8
millones; un análisis de las finanzas de Issstecali por 9 millones; un análisis
de los reglamentos internos del Ejecutivo por 11 millones de pesos; el
diagnóstico de las finanzas de la entonces Procuraduría General de Justicia por
8 millones de pesos; un estudio de comunicación estratégica por 3 millones de
peso y se pagaron 17 millones 933 mil pesos por concepto de una estructura
jurídica y financiera para una línea de crédito hasta 800 millones de pesos
para el Gobierno estatal”.
La
auditoría informó a través del comunicado que está por concluir otra revisión
donde se han detectado “32 millones 829 mil 490 pesos de operaciones similares
con prestadores de servicios del Comité de Planeación del Estado de Baja
California (Copladem)”.
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