El corporativismo sindical y las campañas.

Jorge Javier Romero Vadillo.

El corporativismo –producto del pacto político del gobierno de Lázaro Cárdenas con las organizaciones sindicales, concretado formalmente con la transformación del Partido Nacional Revolucionario en Partido de la Revolución Mexicana–, fue una de las columnas estructurales del régimen de la época clásica del PRI.

El pacto original entre el movimiento obrero y el general radical suponía que el Estado asumía la protección de los trabajadores frente al capital, de manera que estos tuvieran una mayor fortaleza para negociar sus condiciones salariales y laborales. Es razonable suponer que sus artífices: el propio general Cárdenas y el dirigente sindical de formación intelectual, Vicente Lombardo Toledano, concibieron aquel acuerdo con el objetivo de beneficiar a los obreros frente a unos empresarios abusivos. Sin embargo, en su devenir, el acuerdo resultó más bien lo opuesto: un mecanismo de control de las demandas de los trabajadores al servicio de los empresarios desarrollistas a partir del pacto de 1946, con el que se dejó atrás la retórica socialista del PRM para dar paso al pragmático Partido Revolucionario Institucional.

El pacto que dio origen al PRI fue un acuerdo rentista de venta de protección al empresariado:  el crecimiento económico basado en el desarrollo del mercado interno y en el gasto público en infraestructura. Las importaciones de bienes de consumo se fueron cerrando por etapas, en la medida en la que las empresas asentadas en el país y de capital mayoritariamente mexicano fueron produciendo sustitutos aquí. Entre 1946 y 1970, el mercado protegido se expandió, se fue diversificando y generó un crecimiento económico sostenido de un 6 por ciento anual promedio del PIB. La expansión de las capas medias, como resultado del crecimiento del empleo público, del empleo en los servicios y, en un pequeño grado, del aumento del nivel adquisitivo de algunos sectores industriales, como los petroleros y los electricistas, permitió el desarrollo del mercado interno. Las ventajas del modelo han sido históricamente consideradas y ahora se ha vuelto a leer de ellas gracias al gran predicamento que le concede el candidato López Obrador.

Sin embargo, hay una parte menos conocida del modelo: la manera en la que el régimen utilizó al corporativismo para beneficiar a los empresarios protegidos a costa del salario de los trabajadores. El marco institucional formal e informal que estructuró las relaciones obrero–patronales durante el régimen del PRI –y que sigue prácticamente intacto hasta nuestros días– fue un mecanismo extraordinario para evitar el conflicto y someter las demandas laborales al proyecto nacional de desarrollo. La relación era mediada por el Estado y, en la medida en la que los dirigentes sindicales eran parte de la coalición política, esta se daba de manera tersa: las huelgas eran excepcionales y en general los acuerdos se alcanzaban sin conflicto.

La historia oficial nos cuenta que el régimen benefició a los trabajadores, que mejoraron sus condiciones de vida, que se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde esa perspectiva, el acuerdo habría sido mutuamente provechoso: empresarios prósperos con trabajadores satisfechos y de ahí la larga estabilidad política. Sin embargo, cuando se hacen las cuentas, lo que se haya es un enriquecimiento obsceno de los empresarios protegidos, que desarrollaron una industria terriblemente ineficiente, frente a unos trabajadores con salarios muy bajos que simplemente no pudieron acceder al consumo de los productos que fabricaban, lo que llevó al colapso del modelo durante la década de 1970.

En un trabajo escrito en tiempos de las reformas económicas de Salinas de Gortari, Jeff Bortz describía de manera sumaria el efecto del control corporativo sobre la evolución de los salarios en México:

Entre 1939 y 1946 el nivel del salario real cae a la mitad; entre 1946 y 1970, se produce un ascenso de 112% (…) Entre 1939 y 1946 el salario obrero en el sector industrial cae 50%. Hasta 1952, es apenas 8% mayor que el de seis años atrás. En consecuencia, el salario obrero sufre un descenso real de casi la mitad entre 1939 y 1952, años altamente inflacionarios. A la par, la productividad del trabajo en el mismo sector, el industrial, crece 50% (…) Se puede resumir el ciclo entre 1939 y 1968 viendo sus dos fases y sus resultados. Durante la primera fase se observan altas tasas inflacionarias, caídas sostenidas del salario real y un aumento extraordinario en la productividad del trabajo. En la segunda se registran bajas tasas inflacionarias, ascensos sostenidos del salario real, y un aumento de la productividad ligeramente menor que el incremento salarial. Al terminar el ciclo en 1968, el salario real apenas logra el nivel obtenido en 1939. El salario real para 1970 es sólo un 16% superior al nivel de 1940. (…) ¿Qué pasó durante este ciclo? Se sabe que la productividad avanzó significativamente y que el Producto Nacional Bruto creció cerca de 500% En la interpretación clásica del periodo, Leopoldo Solís ha afirmado que el crecimiento y la industrialización del país se financiaron con las exportaciones agrícolas, primero, y con el endeudamiento externo y el turismo después. Nosotros pensamos que dicha idea no es falsa, sino incompleta. Creemos que un estudio de mayor profundidad podría demostrar que la falta de cohesión e independencia política de la clase obrera permitió una enorme desvalorización de la fuerza de trabajo, con el subsecuente aumento en la tasa de explotación. Lo anterior, aunado a la sobreexplotación de un campesinado cada vez más empobrecido, fue lo que realmente ‘financió’ el crecimiento económico del periodo.

Así, si bien durante los tiempos del llamado desarrollo estabilizador (1954–1970) la situación mejoró relativamente para los trabajadores, el hecho es que el corporativismo ha sido una camisa de fuerzas para los derechos laborales y sus dirigentes no han sido otra cosa que opresores políticos de sus huestes.

Valga este recuento para recordar el papel que ha jugado el sindicalismo corporativo en la historia reciente del país. Sin embargo, ninguno de los tres candidatos presidenciales relevantes está dispuesto a plantear su desmantelamiento.

El PAN nació contra el corporativismo y reivindicó siempre la libertad sindical, pero una vez en el gobierno echó mano de sus bondades para controlar al mundo del trabajo; su candidato de hoy no se ve por la labor de desmontar el sistema de monopolios sindicales que le da sustento. Meade y López Obrador alaban a los dirigentes corporativos e intentan granjearse su apoyo. El candidato del PRI lanza loas a Romero Deschamps y ostenta el apoyo de los sindicatos priístas, mientras el de MORENA le tira un lazo a Napito y busca alianzas con líderes del SNTE. En este campo al menos, ninguno de los tres está planteando un cambio de régimen.

Peña baja el telón.

Raymundo Riva Palacio.

Qué equivocados estábamos muchos en agosto de 2014. En este mismo espacio se escribió el día 8: “La próxima semana esperan se promulgue la reforma energética, con lo cual sucederán dos cosas importantes: finaliza el ciclo de las reformas económicas de segunda generación impulsadas por el presidente, y empieza el sexenio de Enrique Peña Nieto. El gobierno comenzó en términos formales el 1 de diciembre de 2012, pero la administración de la política y la economía durante los primeros 615 días del sexenio no tendrá nada que ver con los mil 574 que le quedan por delante. Esta fue una fase de contención; en la que viene, el presidente estará sin manos atadas y con todas las herramientas que le pidió al Congreso para la transformación del país. Mover a México tendrá que dejar de ser un discurso y convertirse en realidad”. ¿Cuál fue la realidad que venía? Incompetencia, es lo que demostró.

Para ese entonces llevaba un año de fractura con las élites tras la reforma fiscal, que provocó que en agosto de 2013 su nivel de aprobación cayera por debajo de la desaprobación. “Retomará la iniciativa y probablemente la mano suave de todo este tiempo de negociación de reformas, regrese a la rigidez de esa clase política mexiquense sofisticada y apabullante”, se apuntó entonces. “Peña Nieto necesita salir bien en 2015 para estar mejor en 2018. La apuesta es grande, y cuando se juega alto se gana mucho o se pierde mucho”. Esto último es lo que sucedió.

El presidente jugó en ligas para las que no estaba capacitado ni él ni su equipo. La ruptura con sus aliados, los empresarios, fue visto entonces y todavía ahora como la recuperación del poder pleno en Los Pinos, sin compartirlo con los barones industriales, como creían había sido en el pasado, sin entender que inclusión no era cesión, y que el consenso para gobernar se construía, no lo dinamitaba la soberbia.

Movió a la nación, pero en su contra. Otoño parecía que sería su coronación anticipada, pero el 26 de septiembre 43 normalistas de Ayotzinapa fueron privados de su libertad. Insensibles en Los Pinos, dijeron que era un tema de narcotráfico y no intervinieron. Para cuando reaccionó el presidente esa desaparición ya era su responsabilidad y el crimen era de Estado. La incompetencia, una vez más, lo llevó a ese punto.

Si las cosas comenzaban a descuadrarse dramáticamente, se pusieron peor cuando en octubre apareció la 'casa blanca'. Un conflicto de interés que nunca supo resolver porque jamás comprendió que ese fenómeno se traduce automáticamente en corrupción, se convirtió en el símbolo de corrupción de su gobierno y la marca indeleble de su sexenio. Un poderoso secretario de Estado asegura que los empresarios, molestos por el maltrato de Los Pinos, se contaron entre las fuerzas oscuras que contribuyeron a magnificar la percepción de la corrupción presidencial.

No les fue difícil anidar la idea. La rapacidad cometida o solapada institucionalmente será una las historias de antología del sexenio. Peña Nieto batalló contra la percepción durante más de un año, pero en diciembre de 2016 tiró la toalla. En una reunión con un grupo de periodistas, admitió que no había nada que hacer y que todo lo que intentara no iba a modificar las cosas. Desde entonces era un presidente resignado. Sólo le quedaba machacar permanente sobre las bondades de sus reformas y escoger un candidato presidencial que pudiera mantener al PRI en el poder. Le había ido electoralmente mal al PRI en 2015, y en 2016 le fue peor. Escoger un candidato no militante del PRI fue su apuesta, pero una vez más la incompetencia de él y de su equipo que no negociaron cuidadosamente una imposición en un partido molesto con su jefe político, terminaron de romper la última alianza que le quedaba, con su propio partido.

Arrancó 2018 con ganas de vencer en las elecciones, y al menos dos veces por semanas discutía con Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de José Antonio Meade, la estrategia electoral. El presidente, sin embargo, ya estaba en otra realidad. Cuando fue inevitable el relevo en el PRI, le dijo a Nuño que él sustituiría a Enrique Ochoa. Eso hubiera sido un gatopardismo al significar Nuño y Ochoa lo mismo. Nuño lo persuadió que no era una buena opción. El viejo toque político del mexiquense se había agotado. Personas que han hablado con él tras los últimos intentos por revivir la candidatura oficial previo al primer debate, lo vieron tranquilo. En público se le veía relajado, inclusive contento.

Es la despresurización del que perdió la angustia y se le fue la adrenalina. En este caso, se puede argumentar, de quien sabe que su tiempo y el de su partido acabó, aún antes de realizarse la elección. Asimismo, personas que han conversado con él sobre el otro tema contencioso, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, coinciden en que la presión que tenía se disipó, y su impresión es que Peña Nieto dejó de preocuparse si se ratifica este año o sea otro presidente el que lo continúe o lo mate. Lo último en esta misma línea, es el llamado empresarial a que haga algo en materia de seguridad y que no endose el problema al siguiente presidente.

Peña Nieto respondió derrotado. Ha bajado el telón de su sexenio y espera entregar la estafeta. Estas son las señales que envía todos los días y que, hasta ahora, no hay absolutamente ninguna que indique lo contrario.

El precio de la goma de amapola se va al suelo, y alertan ola de hambre y violencia en Guerrero.

El desplome de los precios de la goma de opio, la destrucción de los cultivos de amapola por el Ejército y a veces por la fauna, así como las pérdidas ocasionadas por el mal temporal, mantienen en una grave crisis a los productores de amapola de la Sierra del Filo Mayor, declaró el ex comisario de Filo de Caballos e integrante de la Unión de Comisarios de la Sierra, Arturo López Torres.

Advirtió que la región en los próximos meses se convertirá en un asunto de seguridad nacional, y que si no se atiende a tiempo provocará problemas graves de violencia no sólo en la zona sino en las ciudades a donde los campesinos bajarán a buscar qué comer.

López Torres se quejó de que ninguno de los candidatos a la presidencia de la República ha tomado con seriedad el problema y que, por el contrario, durante el segundo debate el 20 de mayo “denostaron y satanizaron” a los campesinos de esta zona de Guerrero por la siembra de amapola.

López Torres, integrante de la Unión de Comisarios de la Sierra del Filo Mayor, la agrupación que se manifestó desde 2016 en la legalización de la siembra de la amapola con fines medicinales, declaró ayer que existe preocupación entre los campesinos productores de la goma de opio por la caída en el precio.

“Hace 2 años el kilo de goma de opio estaba de 25 a 30 mil pesos y actualmente bajó hasta 6 y 7 mil pesos, y con este precio los productores no sacan ni lo que invierten en sus cultivos”, dijo el dirigente de la sierra baja.

Alertó que en esta temporada de lluvias por primera vez los campesinos productores acordaron no sembrar, “porque no les rinde, no les da beneficios”, dijo y alertó que esto implica un problema económico para las familias de la región, pero también será un problema social y de seguridad pública para los gobiernos porque los campesinos bajarán a las ciudades a buscar qué llevar de comer a sus familias.

Reconoció que es labor del Ejército destruir los cultivos por ser ilícitos, “pero si no hay buenos precios de la goma, y aparte están destruyendo la planta, ¿qué va a hacer la gente de la región de la sierra para subsistir?”, se preguntó.

Declaró que es una mentira que sólo la siembra del maíz y frijol ayude a la gente a sobrevivir, “esos cultivos sólo garantizan a las familias que tengan tortillas y algo para comer, pero no para que se compren unos huaraches o zapatos, o manden a sus hijos a la escuela”.

El dirigente explicó que de la cadena productiva de la amapola, el agricultor, como en todas las cadenas productivas, es el más vulnerable y el que menos gana.

“Sí se le mete a la sierra cosas lícitas o buenas, pero no hay voluntad del gobierno para hacer el cambio del cultivo de amapola a cultivos lícitos para que pueda subsistir la gente”, denunció.

Explicó que saben que lo que ha provocado el desplome de los precios de la goma de opio es la introducción a Estados Unidos del fentanilo, que es un narcótico sintético y que es mucho más barato.

“Nos dicen que es una droga mucho más fuerte y potente, y que incluso ha tenido muchos problemas en la Unión Americana debido a que desde el año pasado hubo muchos decesos”, contó.

El ex comisario declaró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump le está haciendo más daño a su población al permitir la entrada de ese narcótico.

López Torres manifestó que se culpa a los productores de la amapola en México pero que no se toma en cuenta que “si no hubiese tanta demanda de ese producto, no se sembraría tanto en la Sierra Madre del Sur, pero como la hay los campesinos siguen cultivando”.

Insistió en que si en la Unión Americana deja de haber consumidores, “lógico que bajará en una forma bastante grande el cultivo, pero mientras haya consumidores seguirá por los siglos de los siglos”.

Lamentó que los candidatos a la presidencia de México hayan tomado el caso de los enervantes, sobre todo la goma de opio, “sólo como una actividad económica que genera la tercera parte del Producto Interno Bruto que obtiene el país”.

A pesar de que advirtió que les está causando problemas graves de seguridad nacional, “prueba de ello es la violencia en todo el país”.

Advirtió que el problema va creciendo, pues antes eran sólo dos estados los que producían goma de opio, y actualmente son siete.

“Los candidatos a la presidencia de México no tomaron en cuenta este problema, como que lo están minimizando, ninguno tomó en forma seria el problema del narcotráfico, porque México es el trampolín de todas las drogas”, dijo.

Mencionó que los productores de la sierra han levantado la voz tres veces con esta, de que el precio de la goma de opio se desplomó.

“En unos cinco meses el problema se va a complicar, principalmente en las ciudades”, advirtió.

Dijo que si no habrá dinero circulante en la sierra, que el gobierno cambie el cultivo de amapola por proyectos productivos”, concluyó.

CANDIDATA URGE LEGALIZAR AMAPOLA.

Desde dentro de un plantío de amapola, semi-destruído por la fumigación por elementos del Ejército mexicano, la candidata a Diputada local por el distrito 19 Yuritzia López Gómez, de la coalición Por Guerrero al Frente que integran PRD, PAN y MC, demandó la legalización de la siembra de la amapola con fines medicinales, para terminar con la violencia y con la pobreza en esta zona del estado.

Denuncio, además, la persecución del gobierno a los campesinos de la Sierra a pesar de que consideró que la siembra de enervantes “no es un delito”, si acaso, dijo, es ilegal el tráfico, pero no el cultivo del que viven aproximadamente 50 mil productores en esa zona del estado, quienes actualmente se encuentran en crisis por la destrucción de sus plantíos por el Ejército y por el desplome de los precios.

El distrito 19 comprende los municipios de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Eduardo Neri (Zumpango) y Leonardo Bravo (Chichihualco), los tres afectados por la violencia del crimen organizado.

Para llegar al sembradío de amapola, la médico de profesión, caminó por un accidentado camino en algún lugar de la Sierra del Filo Mayor, en donde ofreció la inusual conferencia de prensa a reporteros locales y a un equipo de enviados de un medio de comunicación francés, a quienes habló del grave problema que viven los campesinos de la región: por un lado asediados por el Ejército que les destruye sus cultivos y por el otro el desplome de los precios del producto de 19 mil pesos que estaba hasta hace año y medio a 6 mil pesos el kilogramo.

Ante esta situación que consideró como grave, la candidata a Diputada local informó que miles de productores de goma de opio no quisieron vender su producto porque no sacaban ni si quiera lo que invirtieron, con lo que denunció que se ha agravado la pobreza en la Sierra de Guerrero, lo que dijo que conllevará a incrementar la violencia no solo en la zona, sino en las ciudades.

La inusual conferencia se realizó en el descampado de un terreno, la mitad sembrado de amapola con las flores rojas, rosas y alguna que otra blanca, recién reventadas, y la otra mitad con el predio limpio. Allí en marzo pasado un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fumigó el plantío y disecó todo. En medio del terreno hay ocotes parcialmente quemados por el químico.

“Dicen que el líquido con el que fumigan los plantíos no daña los arboles ni otros plantíos, pero mire, esos árboles ya no van a revivir”, mostró uno de los acompañantes de la candidata los ocotes con las ramas tostadas, semimuertas. Mientras que debajo de los árboles, plantas de durazno también han comenzado a secarse.

En la conferencia de prensa, López Gómez exaltó la necesidad de que los gobiernos estatal y federal promuevan la legalización de la siembra de la amapola con fines medicinales, para que se termine con la destrucción de los cultivos por parte del Ejército y puedan acceder a un libre mercado sin exponerse ante los acaparadores y a los traficantes.

Parametría: AMLO amplía su ventaja y sube a 45%; Anaya baja a 20%, Meade se mantiene en 14% y “El Broco” en 1%

Andrés Manuel López Obrador, abanderado de coalición “Juntos Haremos Historia”, amplió su ventaja frente a sus rivales con el 45 por ciento de intención del voto, un aumento de seis puntos porcentuales respecto a la encuesta previa realizada en abril, de acuerdo con Parametría.

En el ejercicio demoscópico publicado hoy por la agencia Reuters, Ricardo Anaya, candidato de la coalición “Por México al Frente”, bajó cinco puntos porcentuales y se ubica en 20 por ciento. José Antonio Meade, de “Juntos por México”, se mantuvo estable con un 14 por ciento de apoyo y ocupa el tercer lugar.

El independiente Jaime Rodríguez Calderón, bajó un punto al 1 por ciento de apoyo y ocupa el cuarto lugar.

A pesar de que Margarita Zavala se retiró de la carrera por la Presidencia el pasado 16 de mayo, los votos no se han ido ni al segundo ni tercer lugar, dijo Reuters. “Se esperaba que Anaya subiera por la renuncia de Margarita, pero parece que quien lo capitalizó fue (López Obrador)”, explicó a la agencia el fundador de Parametría, Francisco Abundis.

La encuesta de Parametría consideró mil entrevistas cara a cara realizadas entre el 23 y el 29 de mayo, y tiene un margen de error de 3.1 puntos porcentuales.

Los resultados mencionados muestran la preferencia bruta, que es aquella que incluye a los indecisos. En la preferencia efectiva, AMLO obtiene un 54 por ciento; Anaya un 24 por ciento; Meade, 17 por ciento, y Jaime Rodríguez “El Bronco”, un 2 por ciento.

Los fondos extranjeros no opinan como la élite mexicana. Ven oportunidad en AMLO.

¿La probable victoria de Andrés Manuel López Obrador provocará un éxodo de inversiones?

“No necesariamente, de acuerdo con los sorprendentes resultados de una encuesta a 109 participantes del mercado, incluidos fondos de cobertura, fondos de pensiones, inversores a largo plazo y otros inversionistas de México, América Latina, Estados Unidos y Europa dirigidos por Nomura”, responde hoy el influyente diario económico Financial Times.

La mitad de los inversores -52 encuestados, o el 51 por ciento- “saltaría a la posibilidad de una victoria de Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio para comprar activos mexicanos infravalorados en los primeros tres meses posteriores a las elecciones”, señala el diario británico.

Y abunda: Sólo 20, o 18 por ciento, vendería. Y 37, o 34 por ciento, esperaría y vería.

Los fondos de cobertura fueron los más optimistas, con el 58 por ciento esperando comprar, pero los inversores extranjeros se dividieron por completo: el 56 por ciento de los encuestados extranjeros compraría, el 55 por ciento vendería y el 57 por ciento esperaría y vería.

En cuanto al peso, casi un tercio lo vio fortalecido, sin colapsar, según la información de Financial Times. El 60 por ciento de los encuestados espera que se depreciara un 5 por ciento o más frente al dólar, pero el 39 por ciento de los encuestados de fondos de cobertura espera que se fortaleciera un 5 por ciento.

La Presidencia de López Obrador sólo generaría un cambio significativo en la política económica para el 23 por ciento de los que participaron.

Con IP no habrá venganza, pero ya no serán los amos: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la alianza 'Juntos Haremos Historia', reiteró su llamado a los empresarios que han pedido no votar por él a “estar tranquilos” porque “no va a haber persecución en contra de nadie y se respetarán las inversiones”.

Sin embargo, el político tabasqueño subrayó que lo único que pasará, en caso de ganar la Presidencia, es que “los integrantes de ese grupo ya no serán los amos de México”.

Los dichos del abanderado de Morena-PT-PES se dan luego de que empresarios, como Alberto Baillères y Germán Larrea, presidentes de Grupo Bal y Grupo México, respectivamente, pidieron no votar por él.

Al encabezar un mitin de campaña en este municipio de Oaxaca, en la región de la Costa Chica, el aspirante presidencial comparó a este grupo empresarial con los hacendados durante la dictadura de Porfirio Díaz.

“En el porfiriato eran como 300 trescientos hacendados y hoy este grupo es como de 100 empresarios que ni siquiera viven en el país y aquí nos tienen peleándonos”, afirmó.

López Obrador también advirtió que “se acabará con la política del saqueo, ya que eso sólo beneficia a unos cuántos, como ya quedó demostrado en los últimos años”.

“No vamos a perseguir a nadie, no se va a tener que ir nadie al destierro de los de la mafia del poder. Yo no odio a nadie, no es mi fuerte la venganza. Va a haber justicia. A mí me mueve el amor y sé lo que es el perdón”, señaló.

Por la mañana, ante trabajadores disidentes del sindicato petrolero, reiteró su propuesta de democratizar la elección de las dirigencias al interior de los sindicatos del país.

Luego de que el domingo advirtió, en Minatitlán, Veracruz, que “terminará el cacicazgo en el sindicato petrolero”, que comanda Carlos Romero Deschamps, el candidato insistió que los procesos internos para elegir a líderes sindicales ya no serán “a mano alzada”.

CNTE paraliza Oaxaca: cierra accesos, zócalo, aeropuerto...

En el tercer día de movilizaciones, profesores de la Sección 22 de la CNTE desquiciaron las operaciones en el aeropuerto internacional de Oaxaca, impidieron la salida de autobuses con pasajeros de la terminal ADO y secuestraron decenas de unidades de reparto de empresas nacionales.

La dirigencia magisterial lanzó una advertencia al gobierno de Oaxaca para la apertura de una mesa de negociación “de alto nivel” o de lo contrario intensificarían sus movilizaciones en las ocho regiones de la entidad.

Mientras, en el zócalo de Oaxaca, alrededor de 20 calles se mantienen cerradas por el plantón de los maestros, el cual inició el lunes, cuando cientos de profesores salieron a “brigadear” y a dar “cobertura” a una reunión que encabezaron el líder de la gremial, Eloy López Hernández y el gobernador, Alejandro Murat.

A esa reunión asistió además José Carlos Alonso, secretario de Finanzas; Genaro Martínez, secretario de Organización, y Wilbert Santiago, secretario de Prensa y Propaganda. El grueso de la gremial se mantiene en las calles “dando cobertura” y dispuestos a realizar acciones emergentes a manera de presión como cierres de calles, cruceros y toma de unidades del transporte.

No obstante, las acciones de la Sección 22, las clases se realizan en el 96% de las escuelas públicas, de acuerdo a un reporte del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que asegura la apertura de más de 12 mil escuelas en las ocho regiones donde los padres de familia se han opuesto al cierre de las instituciones educativas.

De diversas comunidades han surgido videos en los que se aprecia la entrada de los alumnos a las escuelas vigilados por sus padres, que rechazan el paro magisterial.

El pliego petitorio de la Sección 22 presenta exigencias como la construcción de un hotel en Puerto Escondido, la remodelación de otro actualmente abandonado en Bahías de Huatulco, el equipamiento “necesario” para la operación de la Casa del Maestro Oaxaqueño y otros inmuebles, así como la compra de una nueva flotilla vehicular para uso “pedagógico”.

El documento, entregado al gobernador Alejandro Murat, el pasado 1 de mayo, reza: “los integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección XXII del SNTE y representantes legales de la base trabajadora del magisterio oaxaqueño, de acuerdo a las necesidades y exigencias de nuestro gremio, le exigen dar respuestas de carácter resolutivas, prontas, satisfactorias y ser coadyuvantes en los casos que se requieran en dependencias de ámbito federal”.

El pliego de exigencias se divide en 6 demandas centrales, 6 demandas políticas, 5 de justicia, 7 laborales, 8 educativas y 4 económicas, destacando este renglón porque especifica: “la renovación y mantenimiento del parque vehicular, así como dotación de combustible, de manera integral para el trabajo pedagógico de la Sección 22”.

Sin embargo, ninguna de las peticiones está enfocada en el interés por el desarrollo educativo de los estudiantes, mejora en sus escuelas, mobiliario, útiles y uniformes escolares, alimentación, aspectos pedagógicos, y sobre todo en la forma en la que mejorarían el proceso enseñanza y aprendizaje.

La CNDH registró 31 víctimas de desaparición forzada en Nuevo Laredo en cuatro meses.

Ante el llamado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, al gobierno de Enrique Peña Nieto para “poner fin a la ola de desapariciones forzadas en la ciudad de Nuevo Laredo”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que desde febrero pasado a la fecha tiene un registro de 31 víctimas de ese delito de lesa humanidad en el municipio fronterizo.

El organismo nacional dio a conocer las acciones realizadas a partir de las 21 quejas recabadas, que corresponden a la desaparición de 29 hombres y dos mujeres, reportándose siete menores de edad, entre ellos una niña.

De acuerdo con la información publicada por Proceso (número 2166), la ciudad fronteriza ha registrado abusos de integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), entre los que se identifican detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias.

Sobre las denuncias, en un comunicado la CNDH señaló que, tras iniciar investigaciones por cada una de las quejas, solicitó información a la Semar, la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT); la Secretaría de Seguridad Pública estatal y a la presidencia municipal de Nuevo Laredo.

De acuerdo con el organismo, en seis ocasiones el personal ha estado en dicha ciudad “recabando testimonios, entrevistando a autoridades y realizando trabajo de criminalística, medicina forense e inspección ocular de diversos lugares de hechos”, además de brindar apoyo psicológico a los familiares de las víctimas y ser observadores en reuniones entre víctimas y autoridades.

Tras asegurar que, “en sendas ocasiones”, visitadores adjuntos acudieron a las dos bases navales que hay en Nuevo Laredo y una más en la población de Colombia, Nuevo León, la CNDH recordó que emitió medidas cautelares dirigidas a la Semar para que se instruya al personal naval desplegado en Tamaulipas a “que toda diligencia o actuación que sea practicada, se lleve a cabo con pleno respeto a la legalidad y a los derechos humanos, y cualquier uso de la fuerza pública se haga con apego a los principios de racionalidad, oportunidad, legalidad, congruencia y proporcionalidad”.

En las medidas cautelares pidió que en la ejecución de órdenes de cateo se apeguen al ordenamiento de la autoridad administrativa civil, así como que en los operativos realizados por los marinos “no se incurra en detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, trato cruel y/o degradante, tortura, ni imputación indebida de hechos, así como se respete la integridad personal y la vida”.

Según el comunicado, la CNDH también solicitó a la Semar que el personal desplegado en Tamaulipas evitara causar daños a los bienes de civiles, “ni se incurra en sustracción de objetos y todo aquello que sea recabado de dichos inmuebles sea puesto inmediatamente a disposición de la institución ministerial”.

Además, instruyó a que las personas que sean detenidas en probable flagrancia sean puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación y no sean conducidas a instalaciones navales, así como que toda actuación “sea videograbada con fundamento en el Manual del Uso de la Fuerza, Aplicación Común de las Fuerzas Armadas”.

La CNDH apuntó que las medidas cautelares fueron reiteradas, una vez que la representación del Alto Comisionado en México, ONU-DH le notificó de la desaparición de seis personas más después de la emisión del primer llamado a la Semar.

El organismo agregó que también emitió medidas cautelares a la PGR para que el personal de su delegación en Nuevo Laredo se conduzca conforme a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición de Personas y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, “para toda diligencia o actuación”, con la finalidad de llevarlas a cabo “de manera inmediata, con prontitud, imparcialidad y profesionalismo”, que se dé acceso a las carpetas de investigación a familiares de víctimas y sus representantes, que se dé copia de las mismas a representantes de la CNDH y, que en caso de la localización de cuerpos sin vida o restos, se proceda a conforme a la ley general.

Por último, informó que las medidas fueron notificadas a la Secretaría de Gobernación (Segob) y reiteró a las autoridades que deben “ceñirse al respeto a los derechos humanos y que continuará con la investigación de los hechos, a cuyo término emitirá la resolución que corresponda”.