Ante el llamado del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid
Ra’ad Al Hussein, al gobierno de Enrique Peña Nieto para “poner fin a la ola de
desapariciones forzadas en la ciudad de Nuevo Laredo”, la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) informó que desde febrero pasado a la fecha tiene
un registro de 31 víctimas de ese delito de lesa humanidad en el municipio
fronterizo.
El organismo nacional
dio a conocer las acciones realizadas a partir de las 21 quejas recabadas, que
corresponden a la desaparición de 29 hombres y dos mujeres, reportándose siete
menores de edad, entre ellos una niña.
De acuerdo con la información publicada por Proceso (número
2166), la ciudad fronteriza ha
registrado abusos de integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), entre los
que se identifican detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y
ejecuciones arbitrarias.
Sobre las denuncias, en un comunicado la CNDH señaló que,
tras iniciar investigaciones por cada una de las quejas, solicitó información a
la Semar, la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría
General de Justicia de Tamaulipas (PGJT); la Secretaría de Seguridad Pública
estatal y a la presidencia municipal de Nuevo Laredo.
De acuerdo con el organismo, en seis ocasiones el personal ha
estado en dicha ciudad “recabando testimonios, entrevistando a autoridades y
realizando trabajo de criminalística, medicina forense e inspección ocular de
diversos lugares de hechos”, además de brindar apoyo psicológico a los
familiares de las víctimas y ser observadores en reuniones entre víctimas y
autoridades.
Tras asegurar que, “en
sendas ocasiones”, visitadores adjuntos acudieron a las dos bases navales que
hay en Nuevo Laredo y una más en la población de Colombia, Nuevo León, la CNDH
recordó que emitió medidas cautelares dirigidas a la Semar para que se instruya
al personal naval desplegado en Tamaulipas a “que toda diligencia o actuación
que sea practicada, se lleve a cabo con pleno respeto a la legalidad y a los
derechos humanos, y cualquier uso de la fuerza pública se haga con apego a los
principios de racionalidad, oportunidad, legalidad, congruencia y
proporcionalidad”.
En las medidas cautelares pidió que en la ejecución de órdenes de cateo se apeguen al
ordenamiento de la autoridad administrativa civil, así como que en los
operativos realizados por los marinos “no se incurra en detenciones
arbitrarias, retenciones ilegales, trato cruel y/o degradante, tortura, ni
imputación indebida de hechos, así como se respete la integridad personal y la
vida”.
Según el comunicado, la CNDH también solicitó a la Semar que el personal desplegado en Tamaulipas
evitara causar daños a los bienes de civiles, “ni se incurra en sustracción de
objetos y todo aquello que sea recabado de dichos inmuebles sea puesto
inmediatamente a disposición de la institución ministerial”.
Además, instruyó a que
las personas que sean detenidas en probable flagrancia sean puestas a
disposición del agente del Ministerio Público de la Federación y no sean
conducidas a instalaciones navales, así como que toda actuación “sea
videograbada con fundamento en el Manual del Uso de la Fuerza, Aplicación Común
de las Fuerzas Armadas”.
La CNDH apuntó que las
medidas cautelares fueron reiteradas, una vez que la representación del Alto
Comisionado en México, ONU-DH le notificó de la desaparición de seis personas
más después de la emisión del primer llamado a la Semar.
El organismo agregó que
también emitió medidas cautelares a la PGR para que el personal de su
delegación en Nuevo Laredo se conduzca conforme a la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada, Desaparición de Personas y el Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas, “para toda diligencia o actuación”, con la finalidad de
llevarlas a cabo “de manera inmediata, con prontitud, imparcialidad y
profesionalismo”, que se dé acceso a las carpetas de investigación a familiares
de víctimas y sus representantes, que se dé copia de las mismas a
representantes de la CNDH y, que en caso de la localización de cuerpos sin vida
o restos, se proceda a conforme a la ley general.
Por último, informó que
las medidas fueron notificadas a la Secretaría de Gobernación (Segob) y reiteró
a las autoridades que deben “ceñirse al respeto a los derechos humanos y que
continuará con la investigación de los hechos, a cuyo término emitirá la
resolución que corresponda”.
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