Jorge Javier Romero Vadillo.
El corporativismo –producto del pacto político del gobierno
de Lázaro Cárdenas con las organizaciones sindicales, concretado formalmente
con la transformación del Partido Nacional Revolucionario en Partido de la
Revolución Mexicana–, fue una de las columnas estructurales del régimen de la
época clásica del PRI.
El pacto original entre el movimiento obrero y el general
radical suponía que el Estado asumía la protección de los trabajadores frente
al capital, de manera que estos tuvieran una mayor fortaleza para negociar sus
condiciones salariales y laborales. Es razonable suponer que sus artífices: el
propio general Cárdenas y el dirigente sindical de formación intelectual,
Vicente Lombardo Toledano, concibieron aquel acuerdo con el objetivo de
beneficiar a los obreros frente a unos empresarios abusivos. Sin embargo, en su devenir, el acuerdo
resultó más bien lo opuesto: un mecanismo de control de las demandas de los
trabajadores al servicio de los empresarios desarrollistas a partir del pacto
de 1946, con el que se dejó atrás la retórica socialista del PRM para dar paso
al pragmático Partido Revolucionario Institucional.
El pacto que dio origen
al PRI fue un acuerdo rentista de venta de protección al empresariado:
el crecimiento económico basado en el desarrollo del mercado interno y
en el gasto público en infraestructura. Las importaciones de bienes de consumo
se fueron cerrando por etapas, en la medida en la que las empresas asentadas en
el país y de capital mayoritariamente mexicano fueron produciendo sustitutos
aquí. Entre 1946 y 1970, el mercado protegido se expandió, se fue
diversificando y generó un crecimiento económico sostenido de un 6 por ciento
anual promedio del PIB. La expansión de las capas medias, como resultado del
crecimiento del empleo público, del empleo en los servicios y, en un pequeño
grado, del aumento del nivel adquisitivo de algunos sectores industriales, como
los petroleros y los electricistas, permitió el desarrollo del mercado interno.
Las ventajas del modelo han sido históricamente consideradas y ahora se ha
vuelto a leer de ellas gracias al gran predicamento que le concede el candidato
López Obrador.
Sin embargo, hay una parte menos conocida del modelo: la manera en la que el régimen utilizó al
corporativismo para beneficiar a los empresarios protegidos a costa del salario
de los trabajadores. El marco institucional formal e informal que estructuró
las relaciones obrero–patronales durante el régimen del PRI –y que sigue
prácticamente intacto hasta nuestros días– fue un mecanismo extraordinario para
evitar el conflicto y someter las demandas laborales al proyecto nacional de
desarrollo. La relación era mediada por el Estado y, en la medida en la que los
dirigentes sindicales eran parte de la coalición política, esta se daba de
manera tersa: las huelgas eran excepcionales y en general los acuerdos se
alcanzaban sin conflicto.
La historia oficial nos cuenta que el régimen benefició a los
trabajadores, que mejoraron sus condiciones de vida, que se creó el Instituto
Mexicano del Seguro Social. Desde esa perspectiva, el acuerdo habría sido
mutuamente provechoso: empresarios prósperos con trabajadores satisfechos y de
ahí la larga estabilidad política. Sin
embargo, cuando se hacen las cuentas, lo que se haya es un enriquecimiento
obsceno de los empresarios protegidos, que desarrollaron una industria
terriblemente ineficiente, frente a unos trabajadores con salarios muy bajos
que simplemente no pudieron acceder al consumo de los productos que fabricaban,
lo que llevó al colapso del modelo durante la década de 1970.
En un trabajo escrito en tiempos de las reformas económicas
de Salinas de Gortari, Jeff Bortz describía de manera sumaria el efecto del
control corporativo sobre la evolución de los salarios en México:
Entre 1939 y 1946 el nivel del salario real cae a la mitad;
entre 1946 y 1970, se produce un ascenso de 112% (…) Entre 1939 y 1946 el
salario obrero en el sector industrial cae 50%. Hasta 1952, es apenas 8% mayor
que el de seis años atrás. En consecuencia, el salario obrero sufre un descenso
real de casi la mitad entre 1939 y 1952, años altamente inflacionarios. A la
par, la productividad del trabajo en el mismo sector, el industrial, crece 50%
(…) Se puede resumir el ciclo entre 1939 y 1968 viendo sus dos fases y sus
resultados. Durante la primera fase se observan altas tasas inflacionarias,
caídas sostenidas del salario real y un aumento extraordinario en la
productividad del trabajo. En la segunda se registran bajas tasas
inflacionarias, ascensos sostenidos del salario real, y un aumento de la
productividad ligeramente menor que el incremento salarial. Al terminar el
ciclo en 1968, el salario real apenas logra el nivel obtenido en 1939. El
salario real para 1970 es sólo un 16% superior al nivel de 1940. (…) ¿Qué pasó
durante este ciclo? Se sabe que la productividad avanzó significativamente y
que el Producto Nacional Bruto creció cerca de 500% En la interpretación
clásica del periodo, Leopoldo Solís ha afirmado que el crecimiento y la
industrialización del país se financiaron con las exportaciones agrícolas,
primero, y con el endeudamiento externo y el turismo después. Nosotros pensamos
que dicha idea no es falsa, sino incompleta. Creemos que un estudio de mayor
profundidad podría demostrar que la falta de cohesión e independencia política
de la clase obrera permitió una enorme desvalorización de la fuerza de trabajo,
con el subsecuente aumento en la tasa de explotación. Lo anterior, aunado a la
sobreexplotación de un campesinado cada vez más empobrecido, fue lo que
realmente ‘financió’ el crecimiento económico del periodo.
Así, si bien durante los tiempos del llamado desarrollo
estabilizador (1954–1970) la situación mejoró relativamente para los
trabajadores, el hecho es que el corporativismo ha sido una camisa de fuerzas
para los derechos laborales y sus dirigentes no han sido otra cosa que
opresores políticos de sus huestes.
Valga este recuento
para recordar el papel que ha jugado el sindicalismo corporativo en la historia
reciente del país. Sin embargo, ninguno de los tres candidatos presidenciales
relevantes está dispuesto a plantear su desmantelamiento.
El PAN nació contra el corporativismo y reivindicó siempre la
libertad sindical, pero una vez en el gobierno echó mano de sus bondades para
controlar al mundo del trabajo; su candidato de hoy no se ve por la labor de
desmontar el sistema de monopolios sindicales que le da sustento. Meade y López
Obrador alaban a los dirigentes corporativos e intentan granjearse su apoyo. El
candidato del PRI lanza loas a Romero Deschamps y ostenta el apoyo de los
sindicatos priístas, mientras el de MORENA le tira un lazo a Napito y busca
alianzas con líderes del SNTE. En este campo al menos, ninguno de los tres está
planteando un cambio de régimen.
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