Pablo Gómez.
La
democracia mexicana en realidad se reduce a un sistema de competencia entre
partidos y de una escasa concurrencia de candidatos independientes. No existen
otras instituciones públicas democráticas como tampoco lo son las organizaciones
de la sociedad, tales como los sindicatos, ejidos, etc. El clavo del que está
cogido el país es el derecho al voto pasivo, es decir, recibir el sufragio
ciudadano en elecciones periódicas, aunque no del todo equitativas y libres.
Calentar ese clavo hasta hacerlo inaprensible sería llevar a México a un
desbarrancadero.
En la
víspera de la elección del año 2000, Vicente Fox y su partido se pusieron de
acuerdo con el PRI para armar un procedimiento de desafuero contra el virtual
candidato de la izquierda, López Obrador. La Cámara de Diputados votó por poner
al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México a disposición de la
justicia por haber desobedecido una orden de juez para suspender la apertura de
una calle. Pero el propósito no era que Andrés Manuel ingresara en la cárcel,
sino que, mediante un auto de vinculación a proceso (como se diría ahora), le
fueran suspendidos sus derechos políticos, entre ellos el de voto pasivo, el de
poder ser elegido a un cargo de elección popular.
Como recordamos, Vicente Fox, su
procurador Macedo de la Concha; Santiago Creel, secretario de Gobernación;
Roberto Madrazo, líder del PRI; Emilio Chuayffet, líder del grupo priista en
San Lázaro; y Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Cámara; entre otros,
lograron el desafuero pero se hicieron bolas cuando, para evitar la solicitud
de una orden judicial de aprehensión, pagaron una fianza impuesta por el
Ministerio Público, imaginando que el desaforado había sido presentado al
mismo, lo que no podía ser porque no había sido aprehendido. De esa forma, se envió el pliego de consignación a un juzgado aunque
sin detenido y ni siquiera simple indiciado: total, todo muy cómico. El juez
tuvo que regresar a la PGR todo el tambache de papeles.
Lo anterior provocó una mayor indignación
popular porque se veía más claro que era una burda maniobra política
antidemocrática para evitar una candidatura. En ese momento, las cosas se compusieron porque Fox
se vio orillado a retirar los cargos inventados por él mismo. El procurador y
el subprocurador, es decir, los acusadores directos, se fueron a sus casas a
descansar, pero los instigadores se quedaron en los más altos cargos de la
República. Sin embargo, luego se volvió
a descomponer el cuadro político con los operativos fraudulentos del PAN y el
PRI que beneficiaron a Felipe Calderón y lo llevaron a la Presidencia de la
República.
Ya se empieza a planear ahora lo que
sería un nuevo complot (palabra sujeta a burlas pero que describe mejor que cualquiera otra
cierta manera de hacer política en México), en el cual volverían a involucrarse desde el jefe del Ejecutivo, la PGR
y algunos jueces, hasta los precandidatos, líderes y gobernadores del PRI y el
PAN, pero en esta ocasión también las instancias electorales: INE y Tribunal.
No se trataría
sólo de lo que estamos viendo, es decir, una campaña de desprestigio y uno que
otro garlito en el que siempre caerá algún político de malas costumbres o de
bajo entendimiento. Sería algo mucho más fuerte para anular la candidatura de
López Obrador si la demoscopia no se modifica en sus periódicos dictámenes, las
encuestas.
El propósito del PRI y el PAN no
consiste en evitar la competencia electoral en el nivel de la disputa por el
poder, sino en restringirla exclusivamente a esos dos partidos.
Desde 1988 ese ha sido el problema de
los políticos del viejo régimen, los representantes de un sistema que no se ha
modificado por más alternancia que haya habido. Siempre han estado conspirando
para que la competencia sea sólo entre ellos. Es obvio que la forma más segura
de que nada cambie es dejando al candidato inaceptable fuera de la competencia, cuando ése puede obtener una
mayoría de votos.
Es
justamente la concurrencia electoral la que siempre ha estado en peligro. Si ahora el complot culminara en la suspensión
de derechos de López Obrador o en cualquier otra forma de convertirlo en
inelegible, lo que en realidad estaría ocurriendo es el funeral de esa
democracia formalista, la cual, sin embargo, es la única que tenemos aun con
toda su precariedad.
Si el derecho a ser elegido se
cancelara para alguien que pudiera lograr una mayoría, ya no habría derecho
para nadie. Si a la
evidente parcialidad de los organismos electorales administrativos y
jurisdiccionales se le sumara la supresión del voto pasivo, ya no habría nada
de donde se pudiera coger un país.
Ese país es México. Ya sabemos, por
tanto, en qué consiste la tarea democrática más importante del preciso momento
actual.
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