El Senado de la República aprobó una
nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas que establece
penas de 40 a 60 años de prisión y de 10 a 20 mil días de multa a quienes
incurran en este delito siendo policías, ministerios públicos o cuerpos
militares, al tiempo que crea una Sistema Nacional de Búsqueda que tendrá como
mandato la ejecución y seguimiento de las personas desaparecidas y no
localizadas.
La nueva ley
se aprobó por 90 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, en lo
general, así como 81 votos a favor y nueve en contra, en lo particular,
incluyendo reformas para utilizar los tiempos oficiales de radio y televisión
para la difusión de la información sobre este tema.
El Sistema
Nacional de Búsqueda tendrá una propia
Comisión Nacional de Búsqueda, y estará integrado por los titulares de las
secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, el titular de la PGR y
tendrá un Consejo Ciudadano, como órgano de consulta, integrado por
representantes de la sociedad civil y de las víctimas.
Otra característica fundamental de
esta nueva ley es la investigación del delito de desaparición forzada a través
de una Fiscalía Especializada, adscrita a la PGR, y a las procuradurías locales,
a fin de tener autoridades especializadas. También se crea el Registro Nacional
de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
A favor del
dictamen, la senadora Angélica de la Peña, del PRD, argumentó que se configuró
la búsqueda separada de la investigación, “pero siempre de manera integral, por
ello, este precepto representa uno de los avances más característicos.
Presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos, De la Peña afirmó que durante el proceso de
discusión y dictaminación escucharon las historias de miles de familias que
buscaron a sus seres queridos y el “viacrucis” por el que han atravesado para
que las autoridades las tomen en cuenta.
Cristina
Díaz, senadora del PRI y presidenta de la Comisión de Gobernación, indicó que
la nueva ley cuenta con los requisitos mínimos de un mecanismo de búsqueda con
participación de la sociedad y una estructura encuadrada en los órdenes de
gobierno, así como un registro de personas y la creación de la Comisión
Nacional de Búsqueda.
La senadora Layda Sansores, del PT,
fue pesimista y señaló que esta ley no es la que merecían las víctimas de la
desaparición forzada. Consideró que “parece un documento para cumplir con las
presiones internacionales”.
Luego criticó que se suprimió el artículo 6 de la
Convención Internacional de Desaparición Forzada que obliga al Estado mexicano
a establecer la responsabilidad en estos delitos de todos aquellos agentes del
Estado que formen parte de la cadena de mando.
Por su
parte, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, afirmó que mientras una ley de este tipo no estipule la responsabilidad
de superiores jerárquicos, “no se tendrá ningún impacto contra la masacre que
vive nuestro país”, y presentó una reserva al artículo 29 del ordenamiento.
“Sabemos que la desaparición forzada
proviene de los mandos superiores. ¿No es la autoridad superior la que mandó
ametrallar una zona habitacional con un helicóptero? ¿No es una autoridad
superior quien participó en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa?”, cuestionó el exgobernador de Puebla
y exsecretario de Gobernación.
“Los mandos superiores son los que
mandan matar, son los que permiten que desaparezcan y no están
responsabilizados”,
criticó en sus reservas a la nueva ley.
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