Miguel
Pulido.
Lo de Humberto Moreira no es
cualquier cosa. Su periplo lo trasciende. De hecho, cada una de sus distintas
etapas explican (y se explican por) la descomposición política del país y el
lamentable estado que guardan desde hace mucho las instituciones.
El pasado 26
de abril, Moreira sumó otro folklorismo a su muy particular carrera. Y con ello
evidenció la crisis de buena parte de la política partidista. La Comisión
Nacional de Justicia del PRI, partido del que fue presidente nacional, decidió
hacer oficial su expulsión. No causó su
baja del padrón el torbellino de graves señalamientos que pesan sobre él ni las
pillerías de las que se le acusa.
Decenas de pueblos abandonados,
cientos de fosas clandestinas, miles de muertos y millones robados del
presupuesto, todo durante su gestión, parecen no ser tanto. Perdió su calidad de militante
priista por haber aceptado una
postulación por otro partido. Eso sí resultó inaceptable.
Ya en
diciembre de 2011, Moreira y el PRI, se habían exhibido recíprocamente. Recordemos que se vio obligado a renunciar
a la presidencia nacional del partido envuelto en escándalos por la
contratación -abultada e ilegal- de deuda pública. Fueron revelaciones
pioneras. Un anunció de la avalancha de evidencia que se vendría -con toda
contundencia- para demostrar que el problema principal de las finanzas públicas
en todo el país es: el endeudamiento irresponsable.
Por cierto
¿sabe usted de cuánto es la deuda pública de su estado? ¿Son viables las
finanzas de su municipio? ¿Sabe cómo lleva la deuda pública el gobierno de Peña
Nieto?
Volviendo a
Moreira, el abuso presupuestario en
Coahuila no fue innovación suya y tampoco es algo que sucedió en el vacío. Para
no ir más lejos, en 2004 ya había graves antecedentes de desvíos en cuentas
públicas municipales, cometidas por panistas y priistas coahuilenses por igual.
Moreira estuvo involucrado en su calidad de alcalde de Saltillo (puesto que
tuvo entre 2002 y 2005).
En un auténtico despropósito, el
Congreso de Coahuila aprobó las cuentas públicas municipales sin revisarlas. Un antecedente que quedó en el
olvido. Pero también un botón de muestra del precario trabajo técnico, la
captura política de los Órganos Superiores de Fiscalización y la complicidad de
quienes en el Poder Legislativo tendrían que supervisar el gasto público. Moreira conocía desde entonces (y como
pocos) las avenidas de impunidad que genera la falta de fiscalización y
contrapesos. A partir de ahí, perfeccionó una gestión financiera que lleva por
nombre desastre y por apellido 34,000 millones de pesos.
A propósito
¿sabe usted cómo revisó el Congreso de Veracruz las cuentas de Duarte? ¿Cree
usted que sus diputados vigilan y controlan a su gobernador? ¿Ha sancionado a
alguien con alto cargo la contraloría de su estado?
A estas alturas la gente ha repetido
más que Moreira retrata el pacto de impunidad que hay en México, que las veces que ha cantado el
himno nacional. El problema no es sólo
que la corrupción está de fiesta, sino que las instituciones son invitadas del
convite. Moreira –como pocos- colecciona denuncias penales y exoneraciones.
Los recordatorios que Moreira no es
intocable y que la impunidad es finita, han tenido que venir de fuera.
Primero el verano de 2014. Fue
cerquita de su natal Coahuila, pero del otro lado de la frontera, donde le
arrimaron candela judicial de forma seria. Un conjunto de acusaciones en Texas,
pusieron a temblar al exgobernador y a parte de su familia política. Los casos
llevaron a ex colaboradores suyos a prisión, de ahí surgieron testigos que lo
implicaron en narcotráfico y fue descubierta una red de lavado de dinero. A
partir de entonces comenzó un proceso de masivos decomisos que alcanzó cientos
de millones de dólares.
Por cierto,
¿y la unidad de inteligencia financiera en México? ¿Dónde quedó la capacidad de
recuperación de activos? ¿Sabe usted cuánto recupera al año la Secretaría de
Función Pública de lo robado? ¿Cuánto de todo lo que identifica la auditoría
como desvíos regresa a las arcas del gobierno?
En enero de
2016, Moreira volvió a las primeras
planas de los medios. Ahora acusado en España por los delitos de: lavado de
capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal.
Libró una primera escaramuza contra la Fiscalía Especializada en Anticorrupción
y Criminalidad Organizada de aquel país, pero dejó tras de sí una estela de
cuestionamientos. Una nota del New York Times sobre su arresto sintetiza mucho:
“España acusa de corrupción a un exgobernador de México con evidencias que su
país no halló”
Aprovechando,
¿recuerda usted la cantidad de exgobernadores mexicanos con procesos en el
extranjero? ¿Sabe cuántos miembros de gabinetes estatales se han confesado
culpables en Estados Unidos?
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