Los organismos empresariales y
ciudadanos, agrupados en la Mesa de Seguridad y Justicia de León, hicieron un
duro reclamo al gobernador Miguel Márquez por su decisión de utilizar los
recursos del fideicomiso acordado para fortalecer a la policía local en la
construcción de una Base de la Policía Militar que se edificará en Irapuato.
Este fideicomiso fue acordado con
empresarios y los alcaldes de León, Irapuato y Celaya, todos de extracción
panista, con Márquez Márquez, a partir del recrudecimiento de la inseguridad en
estos y otros municipios del corredor industrial del estado, particularmente
delitos de alto impacto como los homicidios dolosos.
“En las condiciones actuales estamos
dejando a nuestro policía a merced de la delincuencia” con la decisión anunciada por el
gobernador, advirtieron los integrantes de la Mesa, entre los que figuran el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Coparmex y Observatorio Ciudadano de
León.
Aunque reconocieron que el nuevo
cuartel militar acordado entre Márquez y el secretario de la Defensa Nacional,
Salvador Cienfuegos, “es una gran oportunidad y un activo”, difícilmente
resolverá los problemas específicos –en este caso de León– en materia de
seguridad.
Ello no ocurrirá en tanto no se
desarrollen la coordinación entre policías municipales y corporaciones, las
áreas de inteligencia y la prevención social del delito, señalaron al mostrar
también su sorpresa “de que el presidente municipal esté renunciando a esta
gran oportunidad”,
en referencia al alcalde Héctor López Santillana.
Según lo
ofrecido, el gobierno estatal aportaría
50 millones de pesos para el fideicomiso en León, 20 millones para el de Celaya
y 30 millones para el de Irapuato (100 millones en total), con una aportación
de las arcas municipales y de la iniciativa privada.
Sin embargo, este jueves 27 en una
gira por Celaya, sorpresivamente Márquez dijo que estos 100 millones se
reorientarán a la Base de la Policía Militar, en la que se prevé la presencia y
operación de 3 mil 200 elementos que actuarán en todo el territorio estatal, aunque enfáticamente en los
municipios del corredor que ha presentado un alza en ejecuciones.
“Yo he sido muy claro, hoy tenemos la
gran oportunidad tener una brigada, ya ni siquiera es un cuartel para 700, 800
efectivos, nos han autorizado, ya tenemos firmado el convenio, ya está
integrado el fideicomiso, ya tiene recursos el fideicomiso, los militares son
prácticos, vendrán 3 mil 200 policías militares capacitados… esta es una
realidad, yo lo que les he dicho es que ahorita es prioridad asignar recursos a
este proyecto. Ahorita voy a redireccionar esos recursos, porque lo que urge es
la construcción” de la base, señaló textualmente el mandatario panista en Celaya.
Según Márquez, el recurso asignado al
denominado Fideicomiso Estatal de Seguridad no iba etiquetado únicamente para
capacitación de las policías municipales, sino que podía ser también “para
construcción o para diferentes actividades”, y luego precisó que este fideicomiso podría continuar
“pero quiero ver primero el peso de los empresarios y el peso de los
municipios”.
“A nosotros nos interesa la seguridad
del estado; con militares, con policías estatales, municipales, con la
participación de los ciudadanos… mientras los policías se capacitan, (los
municipios) contratan más personal, tenemos que ayudarles”, en este caso, insistió, con los
efectivos militares.
Para la base
militar se habló inicialmente de una inversión de 300 millones de pesos, aunque
ésta rebasará los 400 millones si se basa en el modelo de Apodaca, en Nuevo
León, a donde viajaron la semana pasada el gobernador, los alcaldes de los tres
municipios, diputados y un grupo de empresarios, entre ellos integrantes de la
propia Mesa Ciudadana, como Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio
Ciudadano, y Jorge Ramírez Hernández, de la Coparmex.
Sin embargo,
para los grupos civiles y empresariales que participan en la Mesa Ciudadana de
Seguridad y Justicia en León, “nuestras
autoridades no están respetando los acuerdos sobre los recursos destinados al
Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad de León, que originalmente
iban destinados a proyectos estratégicos con resultados a mediano y largo plazo
para la Policía Municipal.
Igual mencionaron que lo acordado era
fortalecer el desarrollo, condiciones de vida y salarios de los preventivos,
así como las áreas de la corporación, y calificaron como un “regateo” de
recursos la postura del gobernador.
“Sentimos que el gobernador y el alcalde de
nuestra ciudad no están valorando una participación ciudadana decidida y
comprometida, con el único interés de coadyuvar a la solución del grave
problema de inseguridad y violencia que estamos sufriendo… no pueden nuestras
autoridades condicionar esta importante posibilidad a la necesaria aportación
económica del ciudadano y del empresario, porque los recursos públicos son de
todos y porque es función primaria de los gobiernos proveer seguridad y
gobernabilidad”, puntualizaron los integrantes de la Mesa Ciudadana.
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