Para concluir por fin los dos mil 985
metros que abarca el túnel sumergido de Coatzacoalcos tuvieron que pasar 13
años, tres gobiernos estatales y siete años de retraso en la obra, cuya
inversión ascendió a 5 mil 398 millones 400 mil pesos y un sobre incremento de
256%.
En el puerto
de Coatzacoalcos, esta tarde el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares; el
secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Julen Rementería del
Puerto, y el alcalde porteño Joaquín Caballero, inauguraron la magna obra que
comunicará a la zona industrial de Coatzacoalcos con el centro y zona urbana de
la ciudad. El recorrido, actualmente de una hora, será de cinco minutos.
Rementería
del Puerto explicó que el presupuesto
original del proyecto, en 2004, era de dos mil 65 millones de pesos. Ese año,
en el gobierno de Miguel Alemán, se firmó el decreto, sin embargo, para 2016 la
erogación total sumó 5 mil 398 millones de pesos por el retraso de la obra, el
incremento de los insumos y las irregularidades detectadas por el Órgano de
Fiscalización (Orfis) y la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
El túnel de acero abarca 696 metros
sobre el río Coatzacoalcos, 345 metros de acceso desde la zona urbana de la
ciudad, 489 metros de vialidad en la congregación de Villa Allende y 960 metros
de accesos carreteros.
De acuerdo
con Yunes Linares, su gobierno se encuentra abocado a terminar obras
inconclusas de la administración de Javier Duarte, salpicadas por la
corrupción, como la carretera Banderilla-Misantal, además del túnel sumergido,
entre otras.
En sus 13
años de construcción, el túnel empleó a dos mil personas en la etapa de obra y
ahora ofrecerá 350 fuentes de trabajo para su operación, con una capacidad de
aforo de 11 mil vehículos por día, indico el titular de la SIOP, Julen
Rementería.
Durante el sexenio del priista Javier
Duarte de Ochoa no hubo un solo año que el Fideicomiso del Túnel Coatzacoalcos
1 y el Fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos –ambos alusivos a la
construcción de la magna obra– no tuvieran señalamientos de daño patrimonial y
desvío de recursos, tanto en las auditorias locales del Orfis como de la ASF.
En la mitad
del sexenio de Duarte, el entonces
titular de SIOP, Gerardo Buganza, solicitó a los diputados locales autorización
para que la empresa del multimillonario Carlos Slim pudiera inyectar recursos
económicos a la obra. El acuerdo se aprobó y Buganza pidió a los diputados
“tener fe” de que el megaproyecto se concluiría antes de que terminara el
sexenio de Duarte. No cumplió.
En la
edición 1886 de la revista Proceso se dio a conocer que la obra fue objeto de
severos señalamientos por parte de la ASF, además de que empleados que
participan en la construcción del túnel se quejaron de que en muchas ocasiones
se detuvo la obra por falta de materiales, pago de nómina o desacuerdos de la
constructora con el gobierno de Duarte por falta de liquidez.
Según la auditoría 09-A-30000-04-0548
de 2009 (de la ASF), se reportaron severas irregularidades en las que están
implicadas autoridades locales y federales, así como las empresa FCC y Cotuco.
Por ello, la ASF emitió un “dictamen negativo” al
pliego de observaciones, pues acotó que el gobierno de Veracruz incumplió con
las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación,
presupuesto, licitación, contratación, ejecución y pago.
En la
revisión de la auditoría 2010, las
observaciones e inconsistencias también fueron considerables, pues en ambas hay
irregularidades que se aproximan a los 400 millones de pesos.
La ASF observó que en la construcción
del túnel sumergido se incumplió con los parámetros mínimos de calidad en sus
materiales y procedimientos constructivos, como estabilidad, seguridad
estructural y vida útil de la obra.
Tras la
inauguración, Julen Rementería dijo que los más beneficiados con el nuevo túnel
serán los complejos petroquímicos, la zona industrial y la ciudadanía de Mundo
Nuevo y Villa Allende.
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