El secretario de Salud en la entidad,
Carlos de la Peña Pintos, responsabilizó al titular de la Fiscalía General del
estado (FGE), Xavier Olea Peláez de la saturación de cadáveres que permanecen
sin identificar en las morgues y están provocando un problema de salud pública
en Guerrero.
Por su
parte, el vice fiscal José Bonilla Uribe
admitió que la FGE no tiene capacidad para realizar estudios de perfil genético
de las víctimas ante la falta de “equipo y personal capacitado” por lo que
pidió ayuda a la Procuraduría General de la República con el propósito de que
el gobierno federal realice labores de antropología forense.
A pesar de la situación de violencia,
inseguridad y corrupción a la que se suma el problema de los cuerpos sin
identificar acumulados en las morgues, el gobernador Héctor Astudillo Flores
está enfocado en hacer promoción turística en medio de un contexto de muertos y
desaparecidos.
Entrevistado
sobre la problemática, el titular de Salud en la entidad afirmó que en los últimos días se han acumulado en las tres unidades
del Servicio Médico Forense (Semefo), de la entidad -Acapulco, Iguala y
Chilpancingo-, al menos 600 cadáveres porque las autoridades ministeriales no
agilizan los trabajos de toma de muestra de ADN para elaborar los perfiles
genéticos de las víctimas.
“Lo que ahorita solicitamos es que la
Fiscalía agilice los estudios de genética para que la Secretaría de Salud
desaloje los Semefos y envíe los cuerpos al panteón forense”, expresó De la Peña Pintos.
El
secretario de Salud admitió que la
capacidad de las unidades del Semefo en la entidad, prácticamente ha sido
rebasada porque los cuerpos permanecen en el suelo y apilados debido a que los
refrigeradores están saturados de cadáveres.
Por ello, urgió a las autoridades ministeriales
realizar los estudios de genética forense para inhumar los cuerpos en el
cementerio forense ministerial, ubicado al poniente de esta capital al interior
de un panteón privado, propiedad del actual dirigente estatal del PRI,
Heriberto Huicochea Vázquez.
De la Peña advirtió que en caso de que no se resuelva
esta situación, el problema de la acumulación de cadáveres sin identificar en
las morgues puede provocar una contingencia sanitaria y riesgos de salud para
trabajadores y ciudadanos.
Ayer, Apro
dio a conocer que en un encuentro privado con integrantes de colectivos de
familiares de personas desaparecidas, el
gobernador Héctor Astudillo Flores evadió el tema sobre la demanda para exhumar
cerca de 800 cuerpos que las autoridades ministeriales depositaron de manera
irregular en un panteón municipal de Acapulco.
Los colectivos de víctimas exigieron
celeridad en los trabajos de perfil genético de los cuerpos que no han sido
identificados y que permanecen en las unidades del Semefo.
Así como la
creación de un cementerio forense en el puerto de Acapulco, como el que
Astudillo mandó construir en esta capital en terrenos de su compadre Heriberto
Huicochea Vázquez, dirigente estatal del PRI.
En
respuesta, el vice fiscal José Antonio Bonilla admitió que la FGE “no tiene
equipo ni peritos suficientes” para analizar las muestras de ADN y elaborar los
perfiles genéticos de los más de 600 cuerpos que permanecen sin identificar en
las morgues de la entidad, razón por la que solicitaron ayuda a la PGR.
Desde diciembre pasado, Proceso
difundió el texto titulado En Guerrero, se desbordan los cadáveres, donde se
documentó el problema de la saturación de cadáveres sin identificar en las
unidades del Semefo en la entidad.
En ese
entonces, el director del Semefo, Ben
Yehuda Martínez Villa, informó que las unidades de Chilpancingo, Iguala y
Acapulco, tienen cámaras frigoríficas con capacidad para 150 y hasta 200
cadáveres, pero ya estaban ocupadas al 120%.
Además, dijo que en diciembre había 460 cuerpos en
calidad de desconocidos, acumulados desde 2014; problema que sobrepasa la
capacidad de los médicos legistas de la institución.
Cuatro meses después, suman 600
cadáveres en esta condición y diariamente se registra un promedio de cinco
homicidios dolosos, así como el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas en
diferentes puntos de la entidad.
Este hecho
refleja la incapacidad del gobierno de Astudillo para resolver el problema de
los desparecidos en esta entidad colapsada por la narcoviolencia.
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