Georgina
Morett.
Descontar a los trabajadores de su
salario, directamente de la nómina, es un abuso de cualquier político. Pero si
usted es uno de los 1.9 millones de desempleados que reconoció el Inegi en el
cuarto trimestre del año pasado, es seguro que para tener chamba estará
dispuesto a dar ese diezmo.
De esta
política tan religiosa se supo desde que Andrés Manuel López Obrador era jefe
de Gobierno del Distrito Federal. De hecho, un conocido tuvo un trabajo de base
en la dependencia, y cuando le pedí que me prestara sus recibos para
publicarlos, me dijo que la forma de contratación en el Gobierno de la capital
era una especie de pirámide.
Eso
significa que todas las personas son contratadas por conocer a alguien que
trabaja ahí, y si hay una denuncia en la prensa corren a toda la pirámide.
Después se
supo que cobraban el diezmo en algunas delegaciones o en la Secretaría de
Trasporte y Vialidad (Setravi).
Ahora que en
el debate se dio a conocer esta práctica por parte de la candidata de Morena al
gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, cuando era presidenta municipal
de Texcoco, a muchos no nos provocó
asombro, pero sí regresó la indignación por la forma en que los políticos se
aprovechan de la gente.
No importa si todos los trabajadores
de Texcoco pagaron el diezmo o sólo fue “un grupo reducido”; lo que no se vale
es cobrarlo. Hay que recordar que de nuestros impuestos salen las prerrogativas
para los partidos políticos, que han crecido desde que se creó el IFE, ahora
INE, casi cuatro veces, y en este 2017 tendrán recursos por cuatro mil 59
millones 213 mil 905 pesos; es decir, nos salen extremadamente caros.
Si bien esta
práctica se escuchó en los gobiernos perredistas y ahora de Morena, fue en el gobierno priista de Coahuila
donde el Tribunal Electoral resolvió, por unanimidad de votos, que la Comisión
de Quejas y Denuncias del INE dictara las medidas cautelares necesarias a fin
de que el ayuntamiento de Torreón se abstuviera de retener del salario de los
trabajadores, así como dirigirla a favor de cualquier instituto político y/o
fundación adherente al mismo.
En el
expediente SUP-RAP-242/2014 y los acumulados SUP-RAP- 243/2014 y
SUP-RAP-244/2014, los magistrados
señalaron que “la retención del salario de los trabajadores, así como su
transferencia a un partido político o fundación adherente al mismo, es
contrario a la ley”.
En este caso
del ayuntamiento de Torreón, que fue denunciado por panistas, los magistrados
apuntaron que el hecho de que se aduzca que se trató de aportaciones de
“carácter voluntario”, no abona a considerar lícito el actuar del ayuntamiento
denunciado.
Así o más claro para cualquier
partido político. Ojalá en estos casos hubiera sanciones ejemplares, porque no
se vale jugar con el trabajo y los ingresos de la gente.
* * *
Ya acabó el período de sesiones y no
hubo nada para prohibir el doble remolque. Hoy después de un accidente en Tlalnepantla, el
presidente de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, envió un exhorto a Alfredo
del Mazo para que establezca el compromiso de que una de sus primeras
iniciativas sea para prohibir que este tipo de transporte entre a las ciudades
y municipios del Estado de México, y que se legisle para su tránsito en las
carreteas estatales.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.